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Izquierda Info - Causa CNU - Resolución del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata 1/3
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NacionalesCausa CNU - Resolución del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata 1/3

Mar del Plata, ABRIL de 2008

Parte 1 de 3
• Resolución final en el Caso del CNU en Mar del Plata calificando sus actos criminales como "crímenes contra la humanidad"

Version en una sola página:
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/cnumdp.html


Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Mar del Plata
Mar del Plata, ABRIL de 2008.-

AUTOS Y VISTOS:se

El presente Incidente Nº 890/12 caratulado "COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA Y OTROS S/DENUNCIA S/DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS S/INC. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA S/ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA DE LA REPRESIÓN ILEGAL", y

CONSIDERANDO:

Que corrida la vista al Ministerio Público Fiscal y a las asociaciones y entidades presentadas en este proceso en reclamo del derecho a la tutela judicial efectiva que permita esclarecer los crímenes cometidos al amparo del Terrorismo de Estado durante la década de los años setenta se ha presentado a fs 2457/2493,la Comisión del Juicio por la verdad, representada por la Sra. Antonia Acuña de Segarra y Fernando Martínez Delfino, el Dr. Cesar Sivo (en representación de los hermanos Fresneda) con el patrocinio letrado de las Dras. Natalia Messineo y María Fernanda Di Clemente, quienes solicitan se ordene la instrucción de una investigación criminal para analizar las conductas de los civiles que participaron en la represión ilegal a partir del año 1975.

a) Los amparistas refieren que "...no se trata de enjuiciar a la derecha, al pensamiento totalitario, sino de pedir una investigación legal sobre los delitos que se cometieron al amparo del Estado y como modo de persecución política contra otro grupo de nacionales. Tampoco es un enjuiciamiento a la CNU como organización política, sino a algunos de sus miembros que se dedicaron a cometer delitos enarbolando esa bandera."

Asimismo, enuncian que los hechos objeto de la presente, por el contexto en el que sucedieron, deben ser considerados, en el marco del derecho de gentes, como crímenes contra Humanidad, agregando que frente a este tipo de delitos "...la parte ofendida no resulta sólo la victima individualmente considerada, sino todos los miembros de la sociedad global, encontrándonos entonces con delitos de incidencia colectiva...". En los hechos objeto del presente "...No puede caber la menor duda que fueron diseñados desde el Estado, con la aquiescencia y la colaboración de parte del aparato estatal y que fueron dirigidos a un grupo de personas a las que se perseguía claramente por sus ideas.", "...más allá de que mucha víctimas ni siquiera tuvieren este tipo de vínculos y fueron avasallados en sus derechos fundamentales sin razón alguna, por un error de sus secuestradores, o por simple sadismo y diversión de los mismos.".

En el apartado IV letra "a" dedicado a la figura de asociación ilícita agravada, se refieren a la organización local de ultraderecha conocida como la Concentración Nacionalista Universitaria –C.N.U.- reseñando que al menos desde mediados del año 1974 pasaron a ser un brazo regional de la Alianza Anticomunista Argentina – Triple A-, con la finalidad de llevar adelante los designios de la misma. En ese sentido, "...cometieron delitos de toda especie, desde homicidios hasta robos calificados por el uso de armas, sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política, falsificación de documentos, utilización de documentos y/o credenciales falsas; intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotor, privaciones de la libertad y otros injustos. A estos efectos establecieron una organización en la que se dividían los roles y funciones...". Asimismo, dan cuenta que con el advenimiento de la dictadura cívico-militar el 24 de marzo del año 1976, algunos de los miembros de esta organización pasaron a formar parte directa del aparato represivo "oficial", llegando inclusive parte de éstos a actuar como agentes de diferentes "servicios".

Advierten los amparitas el rol que cada una de las personas denunciadas cumplían, ya que innegablemente debían actuar de consuno para asegurarse que lo decidido previamente podía llevarse adelante, para ello debían coordinarse horarios, intervenciones, "acompañamientos" o liberación de zonas, desplazamientos y contar con gente suficiente para evitar sorpresas, necesitaban los espacios para las ejecuciones, debiendo necesariamente interactuar con las autoridades de otros ámbitos para la coordinación de sus tareas.

Realizan un minucioso análisis, de diversos testimonios prestados en el marco del Juicio por la Verdad – José Luis Ponsico, Amilcar Gonzalez, Eduardo Soares, Julio César Martino, Oreste Estanislao Vaello, Juan Carlos Suarías, testimonio de identidad reservada, Susana Salerno, Norberto Sorrentino-, como así también de diversos anexos del presente, pudiendo en consecuencia dar veracidad a lo dicho precedentemente respecto de la forma en que los integrantes de este grupo denominado C.N.U. actuaban en cada caso en particular. Relatan que "...las pruebas recopiladas en estos siete años dan cuenta que Ernesto Piantoni, Gustavo Demarchi, Raúl Viglizzo, Juan Carlos Gómez, Carlos González, Eduardo Salvador Ullua, Eduardo Cincotta, Oscar Corres, Mario Durquet, Marcelo Arenaza, Fernando Delgado, José Luis Piatti, Horacio Rolón, Nicolás Cafarello, Piero Assaro, entre otros, eran miembros activos de la CNU o tenían una estrecha ligazón a la misma. En el mismo sentido, otros reconocidos agentes de inteligencia o integrantes de grupos operativos de la policía provincial, tenían íntima relación con ellos. Sería el caso de Ricardo Oliveros (servicio de inteligencia del ejército) y de Oscar Domingo Gando y Eduardo Giordano (policía de la pcia. de Buenos Aires).", "Tampoco puede obviarse el respaldo sindical y particularmente el de la patota de los gremios. Aparecen en escena, sindicatos y "culatas", con especial protagonismo por parte de FOETRA, SUPE, UOCRA y algunos otros, con más el núcleo mas duro de la CGT local.".

De acuerdo a la evidencia colectada, entienden que se hace menester abrir una investigación judicial para que se aclaren los homicidios de Roberto Alejandro Wilson, Rene Arnaldo Izus, Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Alberto Goldemberg, Norberto Daniel Gasparri, Jorge Alberto Stoppani, María del Carmen Maggi, Juan José Tortosa, Ricardo Emilio Tortosa, Roberto Héctor Sammartino, Victor Hugo Kein, Jorge Dell Arco, Hilmar Giles, sin que pueda entenderse la nómina de estos hechos como abarcadora de todos los que pueden atribuirse a la C.N.U. en su actuar de comando operativo de la Triple A.

Analizan puntualmente cada uno de estos homicidios y refieren que "...EN TODOS LOS CASOS INDISCUTIBLEMENTE SE CONTO CON LA COBERTURA PREVIA AL MOMENTO DE SU CONSUMACION"."

"La misma fue brindada desde el Estado por medio de la participación de fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires y federal; por la entrega de armamentos y credenciales, por la liberación de las zonas de secuestro de las víctimas y de "ajusticiamiento" de las mismas... a lo que debe sumarse, la garantía de impunidad que había para estos casos; dado el evidente desinterés para investigar que existía por partes de las policías (tanto federal como provincial) y por la contundente protección que le brindaban instituciones oficiales como la Universidad y la FISCALÍA FEDERAL y el severo respaldo que les deparaba el estar cercanos al poder de la CGT". Asimismo reseñan como algunos de los miembros de la C.N.U. formaba parte también de el poder judicial local, las fuerzas de seguridad y la universidad (ver Anexo N° 55).

Los amparistas, concluyen lo sucintamente reseñado en los párrafos que anteceden, diciendo que "...en todas las causas, se observa que se cumplen con ciertos recaudos pro-forma, para luego darle un corte abrupto y un rápido cierre.", por lo que solicitan se remitan actuaciones vinculadas a la C.N.U. a la justicia federal de primera instancia a los efectos de investigar las actividades ilícitas que se denuncian, estableciendo asimismo la reapertura de las investigaciones citadas.

b) Que a fs. 2034/2036 y vta. la Dra. Gloria del Carmen León en representación de "Madres de Plaza de Mayo", línea fundadora y otras entidades a quienes se les ha reconocido personería para intervenir en este juicio, contesta la vista corrida y a fs. 2513/ 2516 y vta y amplía la misma, expidiéndose en sentido favorable a la procedencia de la reapertura de la investigación de los hechos delictivos cometidos al amparo del Terrorismo de Estado en la ciudad de Mar del Plata con anterioridad al golpe del 24 de marzo de 1976.

Fundamenta su presentación citando el fallo Lariz Iriondo como pauta interpretativa para determinar la diferencia entre el "delito de terrorismo", que es un delito común y por ende prescriptible, y los "delitos de lesa humanidad", y los argumentos vertidos por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal para la reapertura de la causa Nº 450 caratulada "SUAREZ MASON, Carlos Guillermo y otros s/homicidio, privación ilegítima de la libertad, etc.".

Asimismo, manifiesta que con relación al conjunto de normas represivas vigentes al momento del golpe de estado, la mencionada Cámara ha dicho, que "... la política legislativa aplicada al fenómeno subversivo por el gobierno constitucional, no sufrió cambios sustanciales después de su derrocamiento, aunque en lugar de usar en plenitud tales poderes legales, el gobierno militar prefirió implementar un modo clandestino de represión" (sentencia del 09/12/85 en la causa 13/84, Fallos 309:107).

La Dra. León concretamente solicita la reapertura de la investigación de las causas que oportunamente hubieran tramitado respecto de los homicidios de René Arnaldo IZUS, Alberto GOLDENBERG, Enrique ELIZAGARAY, Guillermo VIDELA, Jorge E. y Jorge Lisandro VIDELA, Daniel Norberto GASPARRI, Jorge Alberto STOPPANI, María del Carmen MAGGI, Juan José TORTOSA, Ricardo TORTOSA, Roberto SAMMARTINO, Eduardo SOARES, Jorge DEL ARCO, Víctor KEIN, Juan Manuel CRESPO y Emilio AZORIN.

Agrega la letrada como ejemplo de la protección brindada desde el Estado a quienes protagonizaran estos hechos delictivos " ... miembros de la CONCENTRACIÓN NACIONALISTA UNIVERSITARIA, la CNU, brazo ejecutor en nuestra ciudad de la política de terror implantada también por la TRIPLE A, se desprende del análisis del informe obrante a fs. 1818/1819 respecto de la causa Nº 23.085 caratulada "LEVENTI, Ricardo Vta. s/ Abuso de armas y lesiones" oportunamente de trámite por ante el Ex Juzgado en lo Penal Nº 1, Secretaría Nº 2 Departamental".

Refiere a su vez, que la índole de los delitos de los cuales fueran víctimas los mencionados ut supra, "... se enmarca en el plan sistemático de exterminio llevado a cabo desde el Estado y/o con la aquiescencia del mismo; grupo armado dedicado al exterminio de opositores políticos, policía provincial y federal dando apoyo operativo, liberando zona de actuación y Poder Judicial provincial y federal sobreseyendo y archivando las actuaciones".

Que en el punto VI señala: "se trata de delitos de lesa humanidad, y los instrumentos internacionales que establecen esta categoría de delitos, así como el consiguiente deber para los Estados de individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan, y por ende no admiten, que esta obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad del reproche ..."

Que citando al profesor Eduardo Barcesat sostiene que "el examen estricto de la legalidad de facto evidencia que el estado de excepción comienza su instalación en nuestra sociedad mucho antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. El golpe de estado expresa una continuidad y profundización de la excepcionalidad represiva.

c) Que a fs. 2545/2570 y vta. el Fiscal General ante este Tribunal, Dr. Pettigiani contesta la vista corrida referenciando la actividad en la ciudad de Mar del Plata, de grupos políticos vinculados a organismos públicos nacionales (administrativo, educativo, militar, policial o judicial) y su participación en diversos homicidios ocurridos en este ámbito. Cita al Dr. Maqueda quien sostuvo en la causa "Arancibia Clavel" que "... la negativa a la prosecución de las acciones penales contra los crímenes de lesa humanidad importa, de modo evidente, un apartamiento a esos principios e implica salir del marco normativo en el que se han insertado las naciones civilizadas especialmente desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas...".También que en la causa "Simón" la Dra. Highton estableció: "...no puede soslayarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habilita a que, frente a un crimen internacional de lesa humanidad, si el Estado no quisiera o no pudiera cumplir con su obligación de sancionar a los responsables, resulta plenamente aplicable la jurisdicción universal para que cualquier Estado persiga, procese y sancione a quienes aparezcan como responsables de esos ilícitos, aun cuando los mismos hubieran sido cometidos fuera de su jurisdicción territorial o no guardaran relación con la nacionalidad del acusado o de las víctimas, en virtud de que tales hechos afectan a la humanidad entera y quebrantan el orden público de la comunidad mundial...".

Hace un análisis del contexto nacional en el que ocurrieron los hechos (desde el 23 de Marzo de 1971 hasta el 24 de Marzo de 1976), para determinar si los actos investigados pueden considerarse crímenes contra la humanidad o delitos comunes. En tal sentido, refiriéndose a la Triple A, cita al periodista M. Larraquy quien manifiesta que "...La Triple A no tenía control, eran células autónomas que actuaban bajo un misma matriz ideológica...". Que esta también era la versión de las autoridades del momento, el Ministro del Interior Rocamora, afirmaba que la organización de la Triple A no era tal, sino "grupos diferentes totalmente, que usan esas siglas...". En la causa 1075/06, en la que se denunciara la actividad de la Triple A, el Comisario General Margaride, informó que: "la agrupación que nos ocupa carece de conducción centralizada,...si bien se utiliza la misma sigla "A.A.A", su denominación en varios casos es distinta...en muchos casos en que se vierten amenazas, las mismas estén motivadas por deseos de venganzas personales, no contando para ello la ideología política, honorabilidad y honestidad del amenazado". A su vez, que en la publicación "El Dictador", María Seoane – Vicente Muleiro establecen "... A partir de octubre 1975, la Triple A, prácticamente dejó de existir porque las operaciones ilegales quedaron en manos del ejército".

Al referirse al contexto local, señala que en el año 1973 funcionaban dos Universidades: la Católica y la Provincial, haciendo especial mención al dificultoso proceso de integración de ambas universidades.

Que en cuanto a los hechos que se investigan en el presente, menciona los casos de: IZUS, René Arnaldo; PIANTONI, Ernesto Carlos; ELIZAGARAY, Enrique – VIDELA, Guillermo Enrique – VIDELA, Jorge Enrique – VIDELA, Jorge Lisandro; GOLDEMBERG, Bernardo Alberto; GASPARRI, Daniel – STOPPANI, Jorge; MAGGI, María del Carmen; SOAREZ, Eduardo Adolfo; TORTOSA, Juan José – TORTOSA, Ricardo Emilio; SAMMARTINO, Roberto Héctor; KEIN, Víctor Hugo – DEL ARCO, Jorge Osmar; CRESPO, Juan Manuel – AZORIN, Emilio, todos víctimas de homicidio con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo del año 1976.

Que en relación al carácter de los hechos referenciados ut supra, analiza que corresponde determinar, conforme su naturaleza, si constituyen o no delitos de lesa humanidad, y en consecuencia si es imprescriptible la obligación de su persecución por parte del Estado argentino.

Que, a los efectos de definir una conducta como delito de lesa humanidad el Sr. Fiscal recurre a dictámenes del Sr, Procurador General de la Nación analizando la causa "Derecho, René Jesús" y la Resolución 158/07, asimismo releva antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Arancibia Clavel", "Lariz Iriondo", causa "Simón", causa "Mazzeo", junto a jurisprudencia de otros Tribunales del país.

Al finalizar su dictamen, el Dr. Pettigiani sostiene que "... para que los hechos atroces constituyan delitos contra la humanidad, deben ser la expresión de la voluntad totalitaria de un Estado dirigida contra un sector de la población civil, en este caso, por razones políticas – ideológicas ... ", "... la actividad de la CNU en la ciudad de Mar del Plata, desconectada del contexto nacional, a pesar de la inserción expuesta en las instituciones locales, no alcanza para considerar sus actividades como una práctica estatal...". A su vez sostiene que los hechos investigados "...no pueden ser subsumidos dentro del derecho penal internacional, al no constituir delitos contra la humanidad. La naturaleza aberrante de los hechos y su impunidad, no ignorados por este Ministerio público, no bastan para superar por sí los diques estrictos que contienen y perfilan dicha materia, único presupuesto válido para habilitar la persecución penal por hechos que según el ordenamiento interno –que en la dirección apuntada no se opone a las pautas del derecho internacional- se encuentran prescriptos".

Concluyendo en tal sentido, que no corresponde instar la acción penal respecto de los hechos que se investigan en el presente, al considerar que "no constituirían delitos contra la humanidad".

Que a fs. 2571/2572, el Sr. Fiscal formula aclaratoria de la vista oportunamente corrida, manifestando que por error se incluyó en el dictamen de fs. 2545/2570, el análisis de los hechos de los que resultaran víctimas de homicidio Juan Manuel Crespo y Emilio Azorín. Funda su actual revisión, en el ya sostenido criterio en el Incidente Nº 890/19, en relación a las víctimas de delito contra el derecho de gentes -Federico Báez, Agnes Acevedo de Báez y María Ercilia Báez-, reiterando: "El carácter de estos delitos claramente los coloca en la categoría de delitos de lesa humanidad, tornando imprescriptible la posibilidad de su persecución, en razón de lo expuesto por el Señor Procurador General en el dictamen de la causa "Derecho, Rene Jesús", del 1º de setiembre del 2006...".

Sostiene a su vez, que "El caudal probatorio incorporado a lo largo del presente incidente permite suponer la participación de las fuerzas militares o vinculadas a estas en los presentes hechos. Dado que el poder militar ya tenía, para el mes de marzo de 1976, el manejo de los resortes estatales, si bien para el control institucional total, esperaron, como dijimos, pacientemente, hasta el 24 de marzo de 1976, este Ministerio Público entiende que el componente de política estatal que requiere el concepto de delito de lesa humanidad se encuentra presente en relación al hecho en análisis."

Expidiéndose en sentido favorable a la reapertura del proceso respecto de los nombrados CRESPO y AZORIN, haciéndolo extensivo a lo ya dictaminado en relación a la citada causa BAEZ.-

d) Que a fs. 2673/2690, la Secretaría de Derechos Humanos de la Prov. de Buenos Aires contesta la vista corrida a fs. 1987/1988 y formula recusación contra el Sr. Fiscal General ante este Tribunal, Dr. Juan Manuel Pettigiani, por no compartir los argumentos vertidos por el mencionado funcionario respecto de la calificación legal de los hechos criminales cometidos en la ciudad de Mar del Plata con anterioridad al golpe de Estado de 1976 al considerar que los mismos no constituyen delitos de lesa humanidad.

Realizando un repaso del recorrido de la categoría de "delito de lesa humanidad" por el proceso de codificación, en al ámbito internacional, cita al razonamiento del Dr. Lorenzetti cuando remarca que tales crímenes afectan "los bienes que constituyen la base de la coexistencia social civilizada" y desnaturalizan "los principios básicos que dan origen a la organización republicana de gobierno" y siguiendo ese razonamiento, y tal como lo desarrolló el Dr. Freiler en causa ROVIRA – antes referenciada- cita a Alicia Gil Gil cuando sostiene que la definición de crímenes de lesa humanidad " ... son cometidos en el marco de una acción masiva o sistemática, dirigida, organizada o tolerada por el poder político de iure o de facto ...". Y tambièn, del Dr. Freiler citando a Richard Vernon "... Cuando la capacidad administrativa, la autoridad local y la territorialidad juegan un papel esencial en el ataque sobre un grupo poblacional, ese grupo se encuentra en una situación absolutamente peor que el peor de los escenarios de ausencia de Estado, pues los poderes que los justificaban pasan a ser perversamente instrumentalizados por él y el territorio es transformado de un refugio en una trampa...".

Que trae a colación la decisión del Juez Oyarbide en causa Nº 1075/2006 caratulada "Triple A" de fecha 26/12/06 mediante la cual se categorizaron a los delitos investigados como crímenes de lesa humanidad y se tiene por probada la existencia de la asociación ilícita denominada "Triple A" "... que habría sido creada por el ex Ministro de Bienestar Social José López Rega, y que habría actuado en el país entre los años 1973 y 1975 ..." ; de la Corte Suprema de Justicia, en "Arancibia Clavel" consideró allí, que formar parte de una agrupación destinada a perseguir opositores políticos, por medio de homicidios ... constituía delito de lesa humanidad y un atentado al derecho de gentes tal como lo prescribe el artículo 118 de la Constitución Nacional (Fallos 327: 3312); y del Juez Federal de Primera Instancia del Juzgado Federal de Rawson, Prov. de Chubut, en los autos caratulados "SOSA, Luis Emilio – BRAVO, Roberto Guillermo y otros p.ss.aa. de Privación ilegítima de la Libertad, Torturas y Homicidios Agravados" en el que se investiga la responsabilidad penal de los autores de homicidios ocurridos entre los días 15 y 22 de agosto de 1972 en los hechos ocurridos como "La Masacre de Trelew", calificó estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

Plantea que las pruebas recopiladas en autos " ... dan cuenta que Ernesto Piantoni, Gustavo Demarchi – quien además al momento de los hechos era Fiscal Federal-, Raúl Viglizzo, Juan Carlos Gómez, Carlos González, Eduardo Salvador Ullúa, Eduardo Cincotta, Oscar Corres, Mario Durquet, Marcelo Arenaza, Fernando Delgado, José Luis Piatti, Horacio Rolón, Nicolás Caffarello, Piero Asaro; entre otros, eran miembros activos de la CNU o tenían estrecha ligazón con la misma. En el mismo sentido, otros reconocidos agentes de inteligencia o integrantes de grupos operativos de la policía provincial, tenían íntima relación con ellos, como por ejemplo Ricardo Oliveros (servicio de inteligencia del ejército), Oscar Domingo Gando y Eduardo Giordano (ambos policías de la Provincia de Buenos Aires).

Cita los testimonios prestados en autos por José Luis Ponsico (23/04/01), Amilcar González (09/04/01), Eduardo Soares (05/03/07), y la declaración prestada por el militar retirado del Ejército Orestes Estanislao Vaello ante la CONADEP, relacionados con la existencia de esa organización – CNU - y de sus integrantes, concluyendo que la CNU desarrolló su accionar en esta ciudad desde finales de los setenta y tiene su apogeo durante los años 1974 y 1975 , logrando el amparo en su accionar de la justicia, policía y en la propia Universidad Nacional, pasando muchos de sus hombres a colaborar directamente con el Ejército después del golpe de Estado, haciendo especial análisis de circunstancias relacionadas con los homicidios de "Pacho" ELIZAGARAY y la familia VIDELA, GASPARRI, STOPPANI, MAGGI, TORTOSA, SAMMARTINO.

Por todo lo cual, entiende corresponde categorizar correctamente los delitos investigados como crímenes de lesa humanidad, e iniciar la acción penal correspondiente. Hace expresa reserva de recurrir a la Cámara de Casación Penal y del caso federal (art. 14 de la Ley 48).

e) Que a fs. 2704/2715 el Dr. Ireneo Di Matteo en representación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, contesta la vista adhiriendo a los fundamentos esbozados por el Ministerio Público Fiscal en su dictamen, "en tanto cita jurisprudenciales y doctrinarias que definen con singular claridad y caracterización a los delitos calificados como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles", no obstante señala no compartir las conclusiones a las que arriba ese Ministerio. En virtud de lo cual, sostiene deberá instarse la reapertura de la correspondiente investigación en procura del esclarecimiento de los hechos referidos y determinación de los autores, cómplices y encubridores que actuaron al amparo del Estado en el período señalado anterior al golpe cívico – militar del 24/03/1976.

I) Sin perjuicio de lo expuesto corresponde que el Tribunal formule algunas consideraciones respecto de la actividad procesal desarrollada; ello así porque el derecho a la verdad que asiste a las víctimas del Terrorismo de Estado ha dado lugar un tipo de proceso que no encuentra correlato en el mundo.

La Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 1, 8, 13 y 25 garantiza el derecho a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos; así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos. Constituye una obligación que el Estado debe satisfacer respecto de los familiares de las víctimas y la sociedad en general.

La obligación precedente ha dado lugar a una actividad procesal llevada a cabo por un órgano jurisdiccional con competencia penal sin un marco procesal que permita canalizarla. Por ello y teniendo en cuenta que la reconstrucción histórica de un hecho constituye un "factum" sobre el que, superadas las limitaciones impuestas por las leyes de obediencia debida y punto final, deberá ejercerse la pretensión punitiva del Estado; en consecuencia no existe impedimento alguno para que se aplique como marco regulatorio las normas que rigen la instrucción penal. Así la Cámara Nacional de Casación Penal en los autos "Corres, Julián O, del 13-9-2000, fallo emitido por su Sala IV insistió "en que la tramitación de la causa se debía encausar conforme lo establece el Código Procesal Penal de la Nación, en su Libro II, Título I, que contempla precisamente las reglas de la instrucción "(Ver Revista La Ley del 22 de diciembre de 2000 págs 1 y ss con nota de Lino Palacio).

Por ello y teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por el Tribunal a lo largo de todo este proceso es reconstructiva, que tiene como finalidad establecer los hechos (provisionalmente) sobre los cuales el Ministerio Público deberá ejercer la acción penal (principio de oficialidad), acción que ni siquiera se ejerce en la instrucción penal, sino hasta el momento de formularse el requerimiento de elevación a juicio (ver De La Oliva Santos "El futuro del proceso penal y el papel del Ministerio Fiscal", en Tribunales de Justicia, N° 1, enero de 1997, págs 9 y ss, Montero Aroca J. "Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón", Tirant lo Blanch, Valencia 1997); corresponde, entonces, que el Tribunal se expida sobre lo obrado:

II.- Se encuentra provisionalmente acreditado que luego de producido el homicidio doloso del Dr. Ernesto Piantoni, Jefe de la Concentración Nacionalista Universitaria -C.N.U.- de Mar del Plata, ocurrido el día jueves 20 de marzo de 1975, una parte de la organización se asoció con el fin de cometer delitos indeterminados (homicidios, tentativas de homicidios, sustracción violenta de personas, atentados con explosivos, uso de documentos públicos falsos, etc.), para lo cual contó con la estrecha vinculación de la organización de extrema derecha que funcionaba bajo las siglas "Triple A", conforme se expondrá en la presente.

Si bien por el momento no es posible individualizar al organizador del grupo asociado con fines delictivos, puede establecerse de manera provisoria que habrían formado parte del mismo, Eduardo Cincotta, Gustavo Demarchi, Eduardo Salvador Ullúa, Fernando Federico Delgado, Mario Durquet, Piero Assaro, José Luis Piatti, Carlos González (alias "Flipper"), Marcelo Arenaza, Raúl Viglizzo, Fernando Otero, Juan Carlos Gómez y un hermano de éste, Ricardo Oliveros, Oscar Corres, Roberto Coronel, un empleado del Casino Provincial, Amén Jorge (alias "el Turco"), Armando Nicolella -miembro del Comando de Resistencia Peronista-, entre otras personas que pudieran individualizarse en el transcurso de la pesquisa.

Los nombrados llevaron adelante una tarea de inteligencia sobre militantes de izquierda, en particular de los grupos que actuaban en el peronismo (JP. JTP, JUP y otros), participando en privaciones ilegales de la libertad, sustracción violenta de personas, tentativas de homicidios y homicidios.

No puede dejar de mencionarse que el grupo aludido se encontraba protegido y que actuaba dentro de las estructuras del Estado Nacional, más específicamente la Justicia Federal y la Universidad de Mar del Plata, con cobertura también desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires, delegación de la Policía Federal Argentina con asiento en Mar del Plata y del Poder Judicial de esa misma jurisdicción, lo que habilita la persecución penal de los hechos que se enunciarán, (cfs. Causas "Arancibia Clavel", "Simón", "Mazzeo" de la C.S.J.N).

Así, Eduardo Ullúa, Mario Durquet, Fernando Delgado y Carlos González ("Flipper"), Ricardo Oliveros fueron contratados por las autoridades de la Universidad Provincial de Mar del Plata durante el año 1975, tal como surge de sus respectivos legajos, para desempeñar tareas de seguridad, aunque en realidad realizaban tareas de inteligencia ilegales, en el ámbito de dicha casa de estudios (ver Anexo 55 del inc. 12, causa 890) e inclusive, de acuerdo al testimonio de Rafaldi (fs. 655/663), un subsuelo de la sede de la misma era utilizado como lugar de detención y tortura de manifestantes y estudiantes descontentos o pertenecientes a las agrupaciones mencionadas precedentemente.

Con motivo de la ilícita conducta que los nombrados desplegaban, sus legajos personales de trabajo, que obran en esta causa, carecen de la fotografía que obligatoriamente debía presentarse; omisión dolosa que obedeció a garantizarles la impunidad en su accionar. Por ello su actividad debió contar con el consentimiento de quienes los designaron. Concretamente el Secretario General de la Universidad, Dr. Eduardo Cincotta, fue señalado por diversos testigos como miembro de la C.N.U. y el propio Rector de la Universidad, José Josué Catuogno, quien el mismo día del homicidio del Dr. Ernesto Piantoni, al encontrarse ocasionalmente con el abogado Eduardo Salerno, (abogado ligado al Partido Comunista Revolucionario -P.C.R.-), quién le preguntara qué opinaba respecto a concurrir al sepelio, le dijo "no vaya Dr.; lo van a matar" (fs. 1314/1329 expte. ppal.). La violencia de la C.N.U. fue fomentada y tolerada por las más altas jerarquías de la entonces Universidad Provincial.

Como dato significativo de lo antes expuesto, debe mencionarse que Fernando Delgado suministra como domicilio real el correspondiente a la sede de la C.N.U. local, calle Hipólito Irigoyen 2030 y Eduardo Ullúa y Mario Durquet el del estudio jurídico de otro miembro de la C.N.U. local, Dr. Luis Roberto Coronel, calle Corrientes N° 1728 2do piso. En ningún caso, constan sus domicilios personales (ver Anexo N° 55).

Los testimonios recibidos en el curso de las audiencias celebradas en este proceso a Amilcar González (fs. 447/475 y 498/506 del Inc. N° 890/4), José Luis Pónsico (fs.1225/1249 del expte. ppal.), Jorge Eduardo Britos (fs. 1338/1346 expte. ppal.), Jorge Casales (fs. 352/ 369), Elena Arena (fs. 429/441), Julio Lencinas (fs. 346/354 Inc. N° 890/4), Mirta Clara (fs. 645/653), Alfredo Battaglia (fs. 850 vta./854 Inc. N° 890/11), Julio D’Auro (336/344 Inc. N° 890/4), Pablo José Eliseo Mancini (fs. 36vta./42 Inc. N° 890/11), Eduardo Soares (fs. 268/280 vta. y 1562/1570 autos principales), Isabel Carmen Eckerl (fs. 1570/1574 de los autos principales), Julia Giaccaglia (fs. 1601/1610 del principal, y fs. 128 y 130 de actuaciones reservadas), Jesús Aguinagalde (fs. 1850/1856 del principal), Marcelo Garrote López (fs. 142/149), Marta García de Candeloro (fs. 425/446 y 643/644 del Inc. N° 890/4), Eduardo Salerno (fs. 1314/1429 del principal), Raúl Pedro Begué (fs. 1331/1338 del principal), Carlos Menconi (fs. 1 y 2 y 44 y vta. del Exte. 4491 "MENCONI, Carlos Alberto S/Denuncia", Anexo 67) entre otros, acreditan provisionalmente la actividad delictiva de este grupo proveniente de la C.N.U. y Triple "A", su grado de permanencia, y la cobertura que recibía al amparo del poder del Estado, que no trepidó en realizar los más diversos delitos, incendios, colocación de artefactos explosivos en las viviendas de Andrés Cabo, Abraham Baby y Roberto Ismael Vega, calumnias al propio Obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Monseñor Eduardo Pironio, con pintadas en las paredes de la Iglesia Catedral, según depusieran los testigos Casales (fs. 352/369) y Valpuesta (ver fs. 104/112 Inc. N° 890/10-2) además de sustracciones violentas de personas y quince homicidios calificados.

La actividad delictiva de Fernando Delgado, Eduardo Ullúa y Eduardo Cincotta, como la de muchos otros de los miembros de esta organización, continúa luego de producido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los hermanos Eduardo y Daniel Ullúa pasan a desempeñarse en el área de Inteligencia del Ejército, -G.A.D.A. 601 de Mar del Plata-, aportando información y realizando tareas de inteligencia respecto de militantes de izquierda, a quienes se señalaba como subversivos. Todo ello bajo la supervisión del Coronel Alfredo Arrillaga. Ello, porque según el informe de la DIPBA algunos de estos sujetos eran "recuperables", ó como se señala en los informes secretos de la Prefectura "ya venían colaborando en la lucha antisubversiva" (Ver Anexo 75).

En ese mismo sentido, según surge del relato testimonial de Jorge Eduardo Britos, corresponde señalar que Daniel Ullúa habría participado en la sesión de torturas padecidas por el declarante, según se lo reconociera años más tarde, al transportarlo accidentalmente en el automóvil taxímetro que Ullúa conducía. También el testigo Lencinas, según le relatara su esposa, con motivo de una entrevista pedida al Coronel Barda para conocer acerca de la situación del declarante detenido, en esa oportunidad la nombrada observa junto al Coronel Barda, a Eduardo Cincotta y a Eduardo Ullúa verificando carpetas. También la esposa del Dr. Battaglia observa en la antesala del despacho del entonces jefe del GADA 601, Cnel. Barda, al Dr. Gustavo Demarchi, Fiscal Federal de esta ciudad.

Lo narrado precedentemente, se encuentra provisionalmente confirmado por un informe secreto de la Prefectura Naval Argentina, incorporado como prueba documental en autos en soporte informático (Anexo N° 39 del Inc. 890/11). Allí, en el Bibliorato N° 95 "Plan de Colección de Informaciones. Placintara 1975. Prefectura Mar del Plata, Sección Informaciones", puede leerse "El GADA 601, que siempre mantuvo hermetismo respecto de sus operativos, no cuenta con personal capacitado en inteligencia, en la medida en que las circunstancias lo aconsejan, en un primer momento de esta guerra, se valió de personas civiles que militaban en la CONCENTRACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA que llegaron a actuar con total impunidad en la ciudad …".

Actuar con impunidad significa lisa y llanamente el reconocimiento oficial de los atentados y homicidios que consumaron al amparo de la protección policial y judicial.

En la dirección apuntada, resulta significativo el testimonio prestado ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, por Orestes Estanislao Vaello (ver fs. 1181/1209, copias extraídas de las páginas 195/223 del LEGAJO C3675 incorporado como Anexo N° 48 y declaración prestada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la Dra. María Romilda Servini de Cubría, fs. 1337/1347); el nombrado perteneció a la C.N.U. desde la década del ’70; con posterioridad prestó servicios en el Batallón de Inteligencia 601, con cabecera en Callao y Viamonte de Capital Federal, y a partir de 1974 y 1975 se desempeñó como "agente de penetración", en la ciudad de Córdoba. Que a partir del 20 de diciembre de 1975, en la sede Bernal de dicho Batallón, se conforma un grupo operativo llamado de "interfuerzas", afectándose a dicho grupo a personal de Gendarmería, Prefectura, Policía de Provincia de Buenos Aires y Policía Federal. A Vaello se le encarga tomar contacto con los grupos de extrema derecha civiles pertenecientes a la C.N.U. por su militancia en dicha organización y en organizaciones similares, como el movimiento nacionalista "Tacuara". Por orden del Cnel. Arias Duval, se conecta con Miguel Angel Tarquini, Coordinador General de Prensa y Difusión del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, y Jefe de la Zona Sur del C.N.U., con vínculos con Aníbal Gordon y la Triple A.

Tarquini acordó con los jefes del Ejército para que los integrantes de la C.N.U. dependieran operacionalmente del Batallón de Inteligencia. Se les toman datos filiatorios completos, se les provee de credenciales y armamento, aunque Vaello aclara que el "C.N.U. contaba por su parte con armas, entre ellas ametralladoras con silenciador marca Starling, que habían comprado a través del Ministerio de Bienestar Social en época de López Rega".

Vaello explica el contacto con los otros comandos y sus viajes a Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín o Córdoba para llevar o traer "paquetes", participar en operativos que necesitaban mayor número de partícipes o traer autos o armamento. Un procedimiento de estas características es el que se llevó a cabo en la vivienda de la familia Videla, donde tal como se verá grupos armados pertenecientes a la C.N.U y Triple "A" dieron muerte a Enrique Elizagaray, alias "Pacho", y luego de sustraer violentamente con armas de grueso calibre a los hermanos Videla (Guillermo Enrique y Jorge Lisandro) y a su padre Jorge Enrique les dan muerte con decenas de disparos de arma de guerra accionadas a corta distancia. Esta información fue igualmente corroborada por el testimonio con reserva de identidad prestado en este Tribunal de acuerdo a las constancias agregadas (ver fs. 2047/2050).

Continúa Vaello que el "Comando C.N.U. de Mar del Plata dependía del Destacamento de Inteligencia de Ejército de esa ciudad y el Jefe del Comando era Eduardo Ullúa". También integraba este Comando un Suboficial de la Policía de la Prov. De Buenos Aires de apellido Marino y el Gerente del S.U.P.E. Filial Mar del Plata "quien también participaba de los operativos y permitía la utilización de los sótanos del edificio u hotel para empleados del S.U.P.E., que se ubicaba sobre la avenida costanera junto al mar, antes de llegar a Punta Mogotes, para interrogar a detenidos". También integraba este Comando un Jefe de Mesa del Casino Provincial, de apellido "Jorge" alias "el Turco", que era dueño de una whiskería en la calle Brown de esta ciudad.

El Gerente vinculado al S.U.P.E. no sería otro que Armando Nicolella, integrante del Comando de Resistencia Peronista, quien en comunicados firmados por él mismo, se refiere al gobierno de Bidegain "como nido de ratas de toda la izquierda marxista". Nicolella es un "hombre de acción" estrechamente relacionado con los más altos dirigentes del S.U.P.E., según consta en el informe de la D.I.P.P.B.A. Mar del Plata, de fecha 28/01/1976. Todo lo cual se condice con el testimonio aportado en autos por Julio César D’Auro en audiencia de fecha 27 de Agosto de 2007 (fs. 1146/1147), en el que vincula a Nicolella con el S.U.P.E., con la C.N.U. y la C.G.T., además de haber sido "atacado a balazos" por un grupo en el que "sabe perfectamente" estaba Nicolella.

La colaboración prestada por las más altas autoridades del S.U.P.E. en la ejecución del terrorismo de Estado, fue denunciada en hora temprana en este juicio, por Julia Giaccaglia, quien fue la primera testigo en declarar que el Hotel S.U.P.E., actual Casa del Deportista, era un centro clandestino de detención. Que a ella le consta porque su padre tenía la concesión del Balneario "California" ubicado en Punta Canteras 1 y 2 de Punta Mogotes, cuyo desapoderamiento extorsivo por personal civil y militar sufrido por su progenitor, se encuentra actualmente siendo investigado.

Aquí debe referirse también que Nicolella fue sorprendido en plena vía pública junto a Enrique García y otras siete personas, portando armas de guerra. Se presume que recorría la ciudad a la caza de Montoneros, conforme declarara el testigo Carlos Petroni (audiencia del 31/3/2008), lo que dio lugar a la formación de la Causa N° 485 caratulada "NICOLELLA, Armando…s/Tenencia Ilegal de Arma de Guerra" de tramite por ante el Juzgado Federal de esta ciudad (Anexo N° 79), que plagada de irregularidades, concluyó en tiempo récord, en un sobreseimiento por acuerdo de Fiscales, violando flagrantemente la Ley Procesal Penal vigente en aquel momento. Concretamente, Nicolella fue sorprendido con armas de guerra y con tarjetas del entonces Fiscal Federal Gustavo Demarchi, quien resultara más tarde interviniente en esa causa, y que lejos de excusarse, actuó en la práctica como su abogado de confianza, lo que también se advierte en la causa N° 401 (Anexo N° 56) seguida a Jorge Argibay, un miembro de la Triple A, imputado de "Tenencia de Armas de Guerra y Asociación Ilícita" e imputado en causa anterior que tramitara por ante el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, Secretaría N° 3, por el homicidio de David Cileruello, dirigente estudiantil de la Universidad Nacional del Sur. Diferente fue su conducta procesal cuando le tocó intervenir en la causa N° 413 (Anexo N° 18) seguida a Gregoria Marín de Rodríguez por "Infracción a la ley 20.840": allí solicitó su prisión preventiva aún cuando su domicilio fue allanado sin orden de juez competente y el secuestro de los efectos no fue consignado en el acta respectiva (ver fs. 32 de dicha causa).

Volviendo a Nicolella, de allí su insistencia, cuando se encontraba detenido, para conseguir "el tubo del Fiscal", según lo relatan los agentes policiales Gialionardo a fs. 58 y Espada a fs. 59 de ese expediente N° 485. Por su parte Enrique García, también detenido en esa oportunidad, era empleado de la Universidad, careciendo su legajo personal de la fotografía correspondiente, tal como ha ocurrido en la generalidad de los casos en que la designación encubría la actividad ilícita que realizaban (ver Anexo 55).

Téngase presente que quien desempeñaba tareas como Oficial Segundo de la Fiscalía Federal de esta ciudad, a cargo entonces del Fiscal Gustavo Demarchi, era Eduardo Ullúa, sindicado por Vaello como Jefe del Comando de la C.N.U. local. Resulta claro que Ullúa no desempeñaba funciones judiciales, sino que ese cargo le permitía tener y ofrecer una cobertura legal al accionar ilícito de este grupo utilizado para ejecutar los delitos mencionados. Es de destacar a estos efectos, el testimonio del Dr. Salerno (ver fs. 1314/1329 expte. ppal.) en cuanto afirma el miedo que sintió su hermano cuando fue a presentar a esa Fiscalía el recurso de habeas corpus por su desaparición, lo que concuerda con lo referido por el testigo Battaglia quien vio armas sobre el escritorio del Fiscal (ver fs. 850 vta./854 del expte. Ppal.). Todo ello de acuerdo y con la anuencia del jefe de la dependencia judicial que lo había designado allí y que justamente se desempeñaba también con el alto cargo universitario que fuera enunciado "supra"; el Dr. Gustavo Demarchi, que no podía ignorar que el citado Ullúa había sido detenido en esta ciudad por el homicidio de la estudiante Silvia Filler en 1971. Ver a esos efectos también el testimonio citado de identidad reservada (fs. 2047/2050) y los dichos de la testigo Susana Salerno (fs.2251/2265).

Como antes se dijo deberá también investigarse la participación de Eduardo Ullúa en la tristemente célebre "noche de las corbatas", ocurrida en esta ciudad entre los días 7 y 9 de julio de 1977, atento la información confidencial que desde tiempo antes a la ejecución de este grave suceso se disponía respecto de los abogados secuestrados, su pertenencia al grupo que comandaba el Coronel Alfredo Arrillaga y su vinculación con el abogado Eduardo Cincotta, quien fuera visualizado por el Dr. Carlos Bozzi al simular el personal militar un enfrentamiento con el grupo montonero tal como lo relatara detalladamente ante el Tribunal en ocasión de prestar declaración testimonial (fs. 893/900 Inc. N° 890/4); operativo con el que se pretendiera inculpar a dicha organización del secuestro de los abogados desaparecidos. Los informes de la DIPPBA señalan que Ullúa y Cincotta pertenecían a la C.N.U y venían colaborando en la "lucha antisubversiva" varios años antes del Golpe y que luego del mismo se sumaron al personal del Ejército. En el momento en que se produce la liberación del abogado Carlos Bozzi, se produce la muerte violenta con la intervención de varias personas y con alevosía de dos jóvenes cuyas identidades ya fueron puestas en conocimiento de la Justicia Federal local.

En este mismo contexto, en el que la Justicia Federal de esta ciudad aparecía amedrentando a las víctimas y protegiendo y encubriendo a los victimarios, hay que situar la conducta de la Dra. Ana María Teodori, a la sazón Defensora Oficial Federal, que actuó reiteradas veces como juez subrogante, y se refería al grupo de acción de la C.N.U. como "mis amigos" y destrataba a los detenidos de filiación contraria (cfs. testimonios de Eckerl y Soares citados "supra"), o intentando negarse a recibir del Dr. Rodolfo Díaz un habeas corpus a favor del Dr. Camilo Ricci, secuestrado en el hecho mencionado (ver fs. 366/375 Inc. N° 890/4 2do cuerpo), aunque ante la insistencia del letrado finalmente lo tramitó.

En apoyo de lo expuesto precedentemente cabe citar el informe de inteligencia suscripto por la Prefectura Naval Argentina, concretamente por el Subprefecto Ariel Macedonio Silva, quien refiere que desde el año 1975 las autoridades de la Universidad Nacional han clausurado los centros estudiantiles lo que habrá de provocar la reacción de la izquierda, motivo por el cual se habría concertado con fuerzas policiales, provinciales y federales la distribución de algunos de sus cuadros para ser ocupados en la Universidad "como planta de seguridad, registrando como celadores, el que a su vez está reforzado por guardia permanente del C.N.U. (Concentración Nacional Universitaria)". En dicho informe cuenta de un procedimiento realizado por la C.N.U –secuestro de una estudiante- realizado mediante el empleo de armas (ver Bibliorato 19, 1973 a 1976:130 Anexo N° 39 Inc. 890/11). Es por ello que nadie de la conducción de la Universidad podía desconocer quiénes integraban el grupo operativo que produjo los homicidios y atentados que se describirán más adelante.

También se inscribe en esta línea el testimonio prestado por Carlos Petroni quien refiere los atentados contra su vida llevados a cabo por miembros de la C.N.U., Corres, Gómez, Viglizo, Cincotta, los hermanos Ullúa, Durquet, Delgado, Petrelli y Macchi, actualmente bajo investigación a cargo del Juez Oyarbide.

El testigo menciona lo que aparece provisoriamente acreditado en este proceso, esto es la conexión de la C.N.U. con la Juventud Sindical Peronista. Agrega constancias de la publicación de solicitadas por parte de la conducción de la C.G.T. en la que se anuncia la identificación y captura de los Montoneros y comunicados de prensa en los que se justifica el homicidio del diputado Ortega Peña (diario El Atlántico del 3/8/ 74 y 12/9/74). Menciona al hijo de Abdul Saravia participando en los atentados sufridos contra su persona y que Hugo Moyano y José Miguel Landín fueron los organizadores de la J.S.P. grupo que actuó en forma coordinada con la C.N.U. en la represión ilegal.

La vinculación entre estos grupos de choque y las víctimas del terrorismo de Estado debe ser exhaustivamente investigada. Como se verá oportunamente José Miguel Landín es mencionado por la madre de Roberto Wilson quien fuera víctima de desaparición forzosa en un hecho que incrimina al personal policial y al Sindicato de la Carne.

El anuncio en solicitadas del empleo de la acción directa por parte de la J.S.P. teniendo en cuenta las decenas de homicidios y atentados producidos en Mar del Plata deben ser indagadas con profundidad, ya que fueron parte del esquema represivo instaurado con el beneplácito del aparato represivo del Estado.

Los hechos que se describirán a continuación han sido cometidos por un grupo organizado, con armamento de guerra recibido de la Triple "A", de quien también recibieron credenciales oficiales y explosivos; dichos operativos contaron con la cobertura de la Policía Provincial y Federal local, con la complicidad omisiva de los servicios de inteligencia y de las Fuerzas Armadas, lo cual, sólo de manera ingenua podría sostenerse que fue decidido en esta ciudad. Muy por el contrario, todo indica que la decisión de facilitar la comisión de todos estos delitos fue tomada en instancias superiores.

El día 21 de setiembre de 1974 se hizo presente en la IV Unidad Regional el Sr. Aníbal Gordon con credencial de la Presidencia de la Nación, Secretaría de Informaciones de Estado N° 50.061, informando al 2do. Jefe de la Unidad sobre una misión que debía cumplir en esta ciudad junto a otros empleados de ese organismo (Ver fs. 2291).

En esa línea se inscribe la presencia del Fiscal Federal ejerciendo funciones de Coordinador Docente y Académico en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ámbito en el cual los sicarios de la C.N.U desplegaron toda su violencia contra el estudiantado y profesores de izquierda, recibiendo al mismo tiempo sus emolumentos por tareas que jamás prestaron. Es difícil de explicar que en ese ámbito académico se cruzaran los funcionarios judiciales con los homicidas de la C.N.U.

En el contexto señalado resulta impensable que las actividades delictivas desplegadas por estos grupos de ultraderecha se circunscribieran al ámbito local; por citar un ejemplo basta mencionar el incendio, colocación de artefactos explosivos, robos y atentados con armas de guerra a las viviendas de Andrés Cabo, Abraham Baby y Roberto Vega, hechos realizados el día 29 de marzo de 1975 entre las 2,45 hs. y las 4,00 hs. de la madrugada por grupos armados que se desplazaron por la ciudad sin que nadie interfiriera su ilícita actividad. Para que no queden dudas del apoyo de la Triple A, en la casa del contador Vega dejaron los panes de Trotyl 5 con la inscripción "Ministerio de Defensa Nacional, Fabrica Militar de Pólvoras y Explosivos VM". El comisario Maiti cuya investigación por actos de terrorismo de Estado ya dispusiera el Tribunal, no realizó ninguna tarea tendiente a identificar a 15 personas que en varios automóviles asolaron a la ciudad de Mar del Plata aquella noche (ver causa N° 134 "Cabo Andrés Javier; Vega Roberto Ismael, Baby Abraham S/Denuncia por Intimidación Pública, robo e incendio", Anexo N° 33).

Previo a describir los actos de investigación recogidos respecto de los homicidios que se trataran a continuación, se deja constancia que estos hechos no han sido ordenados cronológicamente; la evidencia ha sido recibida en distintos momentos procesales y será en definitiva el magistrado interviniente quien decidirá la conveniencia de investigar todos estos hechos en un mismo proceso o formando incidentes respecto de cada uno de ellos.

III. A.- En la madrugada del día 21 de marzo de 1975, a horas del sepelio del Dr. Piantoni, un grupo armado conformado por personas jóvenes, con edades entre 24 y 30 años irrumpió con violencia en el domicilio de calle España 856. Allí presentándose como policías y exhibiendo credenciales y armas de grueso calibre hicieron bajar a todos los moradores de la casa. Enrique "Pacho" Elizagaray pretendió huir por los techos de la vivienda, de lo que se percató el grupo armado, motivo por el cual algunos de sus integrantes salieron a la terraza disparando sus armas automáticas, lo que ocasionó su muerte en forma instantánea.

Al mismo tiempo procedieron con violencia a introducir a Jorge Enrique Videla Yanzi y a sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo Enrique en unos automóviles que aguardaban en la calle. La madre de los nombrados escuchó que alguno de ellos estaba herido y que un integrante del grupo dijo "éste está herido dale otro tiro" (Anexo N° 5: Causa N° 108 (Elizagaray, Enrique….s/ Muertes").

Los cuerpos de la familia Videla fueron encontrados en el paraje "Montemar", presentando Jorge Lisandro 57 lesiones de armas de fuego, Jorge Enrique 33, Guillermo Enrique 27, y Enrique "Pacho" Elizagaray, muerto en el lugar indicado, 23 heridas de bala, todas calibre 12,70 y 11,25 mms.

También el médico Bernardo Goldenberg debió sufrir la irracional respuesta por la muerte de Piantoni, según lo admitiera el testigo Suarías vinculado a la C.N.U. (fs. 2596 vta./2615 y vta.). El mismo día 21 de marzo un grupo de personas jóvenes armadas con ametralladoras lo secuestró en su domicilio de calle Falucho 3634, en presencia de su esposa. Su cadáver fue hallado en las afueras de Mar del Plata con 42 heridas de bala. En todos los casos los secuestradores se presentaban como integrantes de la policía (Anexo N° 6: Causa N° 109 "Goldemberg, Bernardo s/ Muerte").

Las personas jóvenes que se hicieron presentes en la casa de la familia Videla vestían saco y campera. El testimonio de identidad reservada (ver testimonio fs. 2047/2050) mencionó que todos los integrantes de la C.N.U fueron a vengar el homicidio de Piantoni. Mencionó a Eduardo Ullúa, Carlos González (alias "Flipper"), Mario Durquet, Gustavo Demarchi, Fernando Delgado, Patricio Fernández Rivero, José Luis Piatti, Raúl Viglizzo, Raúl Moleon.

Ese mismo testigo declara que luego del homicidio de Piantoni el grupo comenzó a reunirse en la casa de Cristina Piantoni situada en Playa Grande. Que luego lo hizo en la vivienda del abogado Coronel, lugar donde se guardaban las armas que utilizaban en los hechos delictivos, vivienda en la que hacían ejercicios de vigilancia sobre el techo. Por último las armas del grupo fueron ocultadas en la casa del abogado Granel.

Las reuniones fueron confirmadas por el testigo Suarías quien conocía y tuvo trato con todas las personas mencionadas. Ratificó, como se dijo, que luego del homicidio del que resultó víctima el Dr. Piantoni comenzaron a reunirse en la casa de la esposa; que concurrió no más de tres veces, luego en la casa del Dr. Coronel y por último en la casa del Dr. Granel. También confirmó que a esas reuniones asistían las personas mencionadas por el testigo de identidad reservada.

Por su parte el testigo Menconi denuncia el día 4 de Mayo de 1984 ante la C.O.N.A.D.E.P. y ratifica en causa N° 4491 del Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, que en la vivienda del abogado Roberto Coronel, calle Lamadrid 3050, observó que se hacían reuniones entre los años 1973 y 1974 y entre los asistentes se contaba con Juan Carlos Gómez, Marcelo Arenaza y Ricardo Oliveros. Que luego del asesinato de Piantoni y en represalia por la muerte de "Pacho" Elizagaray la casa fue tiroteada, manifestando haber visto carga y descarga de armas largas y en las noches también se cargaban palas en un automóvil. Los ocupantes hacían guardias permanentes con perros y armas largas en toda la cuadra.

El testigo Menconi declaró que en una oportunidad en dicha casa una mujer fue herida con arma de fuego y llevada por los mismos ocupantes a la Clínica ubicada en la misma cuadra, y que en otra oportunidad, él mismo fue amenazado por Oliveros con un revólver calibre 38 para que descendiera del vehículo.

El agente de inteligencia Ricardo Oliveros, ya en tiempos de democracia, fue procesado por coacción agravada conjuntamente con Fernando Otero, otro miembro operativo de la C.N.U. , luego condenado por el Tribunal Criminal N° 3 de Mar del Plata a la pena de Cuatro Años y seis meses de prisión (causa N°1633). Lo notable es que el fiscal Dr. Marcos Pagella no obstante haberse comprometido a llevar a Juicio a Oliveros, pidió que se deje sin efecto su detención (se encontraba radicado en España) al tiempo de requerir que Otero, no obstante haber sido condenado por el Homicidio del diputado Rojas en San Juan, cumpla la condena en prisión domiciliaria. El Tribunal Criminal N° 3 dejó constancia de tal irregularidad (ver fs. 2645/2650). Oportunamente se verá cual ha sido el derrotero delictivo de Fernando Otero.

La testigo Susana Salerno dice que vio salir del velatorio de Piantoni a Demarchi y Piatti; que reconoció a uno que le faltaba un brazo, quien podría ser Patricio Fernández Rivero, Jefe de la C.N.U a nivel nacional y a otra persona, que le dijeron podría ser el "polaco" Dubchak, miembro de la Triple A. "Este último era rubio, ataviado con saco y pantalón de vestir".


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