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NacionalesTexto completo Sentencia Judicial contra Moyano por calumnias contra Socialista

Mayo de 2014
Hugo Moyano deberà indemnizar a dirigente socialista que lo vinculò a Triple A

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 30

“PETRONI CARLOS ENRIQUE C/ PETRONI FERNANDO

HECTOR Y OTROS, HUGO MOYANO, DANIEL LLERMANOS, SINDICATO DE CAMIONEROS Y FEDERACION DE CAMIONEROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”

EXPTE.N°39.891/2009

Buenos Aires, Mayo de 2014.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “Petroni Carlos Enrique c/

Petroni Fernando Héctor, Hugo Moyano, Daniel Llermanos y otros s/ Daños y Perjuicios” (Expte. N° 39.891/2009), en trámite por ante este Juzgado, para dictar sentencia definitiva, de cuyas constancias

RESULTA:

a) Carlos Enrique Petroni, se presenta con patrocinio letrado a fs.18/36, entablando formal demanda contra Fernando Héctor Petroni, contra Hugo Antonio Moyano, contra Daniel Hugo Llermanos, contra el Sindicato de Choferes de Camiones y contra Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obrero, solicitando la reparación de los daños y perjuicios causados por haber avasallado sus derechos personalísimos, tales como el honor, en virtud de los hechos que detalla a continuación; todo ello, con más sus intereses y costas.-

Como introducción, refiere que durante la década del 60 abrazó la ideología marxista y en los albores de los años 70, adoptó la tendencia troskista, habiendo sido miembro y dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores en nuestro país y a nivel internacional en la Cuarta Internacional.-

A partir del año 1969, residiendo en la Ciudad de Mar del Plata, comenzó a activar en el terreno sindical, formando parte de comisiones clasistas y protagonizando numerosas luchas sindicales lo cual le generó antagonismo y enemistades de ciertos sectores, siendo objeto de agresiones.-

Por ello, para salvaguardar su vida e integridad física, se radicó en Buenos Aires, en donde se estructuró en el medio gráfico hasta después del golpe de 1976, luego del cual regresó a Mar del Plata, permaneciendo en la clandestinidad hasta su exilio en 1978 a raíz de la represión desatada por la dictadura militar.-

Agrega que regresó al país en el 2005, presentándose, en el 2007, como querellante en la causa n° 6511 caratulada “López Rega, José y otros s/ asociación ilícita”, en la que se investigaban los delitos de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar Alianza Anticomunista Argentina.-

Cuenta que en dicha causa dejó en claro la íntima relación de los integrantes de ese grupo con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, fundador en 1973 de la Juventud Sindical Peronista, en respuesta a la creciente influencia del clasismo en los distintos gremios.-

Vincula a esa agrupación política, ideológica y operativamente con otros grupos, como la Concentración Nacional Universitaria, que desembocarían en la Triple A.-

Refiere que se presentó nuevamente, en el 2007, en la mencionada causa acompañando medidas de prueba, reiterando la vinculación aún a esa época que mantenía Hugo Moyano con dichas agrupaciones.-

Dice que sus declaraciones en dichas causas fueron incorporadas al Juicio de la Verdad, desarrollado en la ciudad de Mar del Plata, al que fue convocado el 31 de marzo de 2008, por la Cámara Federal marplatense, ratificando sus dichos, especialmente en lo que hace a los atentados contra su persona y los vínculos existentes entre la Triple A, su colateral Concentración Nacional Universitaria y la llamada Juventud Sindical Peronista, fundada por Moyano.-

Relata, que a raíz de su declaración testimonial ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, con fecha 1° de abril del 2008 el diario Clarín publicó una nota titulada “Vinculan a Moyano con la CNU embrión de la Triple A marplatense”, en la que se hace mención a los datos por él aportados.-

Agrega, que el 21 de abril de 2008 en el mismo diario abarcando un cuarto de la página 8 bajo el título “Ante falsas imputaciones Desvinculan a Moyano”, apareció publicada una solicitada firmada por su hermano Fernando Petroni, del que se encuentra distanciado desde hace más de 30 años, por razones estrictamente ideológicas.-

Sostiene, que ya desde su título, afirma que sus dichos constituyen “falsas imputaciones”, enrostrándose falsamente la comisión del delito de falso testimonio.-

Dice que en dicha solicitada, el Sr. Fernando Petroni, aseguró que sus afirmaciones “constituyen una enorme falsedad”, que es un “mitómano” y que por su afán de “protagonismo público no duda en salpicar la honra de las personas” y que aseveró mendazmente que “al tiempo de los hechos que denuncia vivía en EE.UU.”. Para finalizar, aseguró que publicaba la solicitada para “descalificar categóricamente las falsas aseveraciones citadas, con la finalidad de que se distorsionen la historia y el perfil de sus protagonistas, mediante expresiones calumniosas”.-

Aclara que, conforme surge de las actuaciones “Petroni, Carlos Enrique s/ diligencias preliminares” –expediente nº: 30.910/2008, del Juzgado del fuero nº 30, la agraviante solicitada fue contratada por Fernando Petroni y Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros a través de sendos contratos de publicidad, siendo responsable de uno de ellos el abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos. Y que la misma fue abonada por el Sindicato de Chóferes de Camiones y la aludida Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros.-

Refiere que al día siguiente Arte Gráfico Argentino, publicó bajo la volanta “Una familia separada por la violencia de los setenta y una guerra de solicitadas”, una nota titulada “La denuncia que liga a Moyano con la Triple A enfrenta a dos hermanos”, en la cual Héctor Petroni, además de ratificar sus imputaciones, lo califica como violento y como portador de una enfermedad psiquiátrica, denunciando que “los avisos los pagan mis amigos”, “Amigos interesados en que no se distorsione la historia”.-

Dice que las expresiones ofensivas de su honor publicadas en la solicitada, solventada por Moyano y sus sindicatos, fueron complementadas por sus propias palabras, pues en ocasión del seminario “Cultura y Medios en la dictadura y democracia” acaecida el 9 de mayo de 2008, en la Sala Borges de la Biblioteca Nacional, no sólo lo injurió sino que reprodujo las injurias vertidas por su hermano al afirmar: “el hermano dijo que el testigo está enfermo, así que no se puede tener en cuenta lo que dijo”.

Afirmación que, sostiene, importó hacer propios los dichos ofensivos de Fernando Petroni y a su vez los reprodujo en el ámbito en el cual fue consultado.-

Concluye que la solicitada firmada por su hermano, financiada por el Sindicato de Camioneros y la Federación Nacional de Camioneros, y posteriormente repetida y reproducida por el mismo Moyano y el agente de prensa del sindicato de Camioneros, tuvo como manifiesto propósito procurar desprestigiar su testimonio ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata en la causa Triple A, acusándolo en forma subyacente de haber incurrido en falso testimonio. Todo lo cual, le provocó un daño que debe ser resarcido.-

Por todo ello, reclama se lo indemnice por el daño moral causado por la suma de $500.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse y estime el Tribunal.-

Funda en derecho y ofrece prueba.-

b)) Asignado a los presentes obrados el trámite ordinario (cfr.fs.38, punto II), y habiéndose corrido el correspondiente traslado de la demanda, a fs.46/49, se presenta con patrocinio letrado Hugo Antonio Moyano, contestando la demanda cursada en su contra, solicitando su rechazo con costas.-

Por imperativo legal, niega todos los hechos invocados en la demanda.-

Refiere, que con un pedazo de información por la que alguien dijo que se le debería preguntar acerca de lo que sabía del funcionamiento de la Concentración Nacionalista Universitaria en el año 1971, por haber sido entonces miembro de la Juventud Sindical Peronista, se obtuvo que el diario Clarín publicara una nota bajo un titular que lo vinculaba con la Triple A.-

Relata, que frente a ello, lo llamó por teléfono el Sr. Fernando Petroni (hermano del actor y a quien conoce desde hace muchos años) para presentarle disculpas familiares, aduciendo que su hermano padece una enfermedad que no le permite distinguir la realidad ni medir adecuadamente las consecuencias de sus acciones, con lo que por su parte, dio por terminado el asunto.-

Niega, por no recordarlo, haber dicho en esa oportunidad que “el hermano dijo que el testigo está enfermo”.-

Niega particularmente, haber hecho campaña alguna para desprestigiar al actor como consecuencia de sus testimonios judiciales, así como haberle imputado la comisión del delito de falso testimonio.-

Solicita que al dictarse la sentencia se pondere la conducta de la parte actora frente a lo dispuesto por el art.45 del CPCC.-

Ofrece prueba.

c) A fs.56/61, se presenta por intermedio de apoderado, Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, contestando la demanda, solicitando su rechazo con costas.-

Por imperativo legal niega todos y cada uno de los hechos invocados por el actor que no hayan sido expresamente reconocidos.-

Reconoce que abonó al diario Clarín parte del precio de la solicitada publicada por el Sr. Fernando Petroni, pero refiere que no tuvo ningún tipo de participación en su contenido, ignorando la exactitud de lo que en la misma expresa el Sr. Petroni, pero respetando su derecho de expresarse respecto de lo que describe como la finalidad de la misma, “…evitar que se distorsionen la historia y el perfil de sus protagonistas mediante expresiones calumniosas…”, máxime cuando se dirigía a desagraviar al líder indiscutido de la organización de los trabajadores camioneros.-

Por ello, niega particularmente que la solicitada del Sr. Petroni contenga calumnias e injurias contra el actor, que la misma le haya infringido daño moral, como así también que la Federación tenga responsabilidad en su contenido.-

d) A fs.58/61, se presenta por su propio derecho Daniel H. Llermanos, contestando la demanda instaurada en su contra, postulando el rechazo de la misma, con costas.-

Niega particularmente, tener responsabilidad en la publicación de la solicitada efectuada, aunque reconoce que se constituyó en responsable del pago de la misma por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros, sin suscribir contrato alguno, lo que fue cumplido en tiempo y forma.-

Niega haber participado en su elaboración y redacción, o haber contribuido, ni intelectual ni económicamente, para su producción y difusión; así como también que el hermano del actor le haya imputado el delito de falso testimonio, como argumento para intentar justificar un pedido de resarcimiento en su contra de tan extraordinaria magnitud.-

Solicita que en la sentencia a dictarse se sancione la pluspetición inexcusable, así como la temeridad y malicia de la parte actora.-

e) A fs.67/68, se presenta por intermedio de apoderado, el Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas, Logística, y Servicios de la Ciudad Autónoma y Pcia. de Buenos Aires, contestando la demanda, solicitando su rechazo con costas.-

Por imperativo legal niega todos y cada uno de los hechos invocados por el actor que no hayan sido expresamente reconocidos.-

Reconoce que abonó al diario Clarín parte del precio de la solicitada publicada por el Sr. Fernando Petroni, pero refiere que no tuvo ningún tipo de participación en su contenido, ignorando la exactitud de lo que en la misma expresa el Sr. Petroni, pero respetando su derecho de expresarse respecto de lo que describe como la finalidad de la misma, “…evitar que se distorsionen la historia y el perfil de sus protagonistas mediante expresiones calumniosas…”, máxime cuando se dirigía a desagraviar al líder indiscutido de la organización de los trabajadores camioneros.-

Por ello, niega particularmente que la solicitada del Sr. Petroni contenga calumnias e injurias contra el actor, que la misma le haya infringido daño moral, como así también que la Federación tenga responsabilidad en su contenido.-

f) A fs.72/77, se presenta con patrocinio letrado, Fernando H. Petroni, contestando la demanda promovida en su contra, solicitando su rechazo, con expresa imposición de costas.-

Por imperativo legal, niega todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda, que no sean objeto de especial reconocimiento, así como la autenticidad de la documentación acompañada.-

Niega haberle imputado al actor el delito de falso testimonio; así como haberlo llamado “mentiroso”, lo que no puede equipararse al término “mitómano”.-

Por último, señala, que no ´puede soslayarse el derecho de libertad de expresión que le asiste en casos como el presente a fin de evitar que se distorsione la historia y sus protagonistas.-

Ofrece prueba.-

g) A fs.87, se tiene por enderezada la demanda contra Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas, Logística, y Servicios de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.-

h) A fs.115, se abrió la causa a prueba. Fracasada a fs.124 la instancia conciliatoria prevista por el artículo 360 del Código Procesal, se proveyeron las probanzas ofrecidas por los litigantes cuya producción transcurre desde entonces hasta el decreto de clausura de fs.314; conforme lo previsto por el art. 482 del Código Procesal.-

e) A fs.1341/1351 se agregó el alegato presentado por la parte actora.-

f) A fs.1352, se llamó “autos para sentencia”,

Y CONSIDERANDO:

El antecedente que motiva el conflicto sometido a juzgamiento está representado por la solicitada publicada por el diario Clarín el 22 de abril de 2008, titulada “Ante falsas imputaciones DESVINCULAN A HUGO MOYANO” (ver página 7 del ejemplar acompañado a estas actuaciones), firmada por el demandado Fernando Petroni. En ella se hace eco de la difusión por distintos medios periodísticos de la declaración testimonial del aquí demandante, efectuada en el marco del juicio por la verdad, tramitado por ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata, en cuanto se señala que “…el Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, podría dar testimonio respecto de la TRIPLE A marplatense”.

Luego se califica a la afirmaciones allí vertidas como una “enorme falsedad” y se deslizan una serie de apreciaciones, entre ellas que su hermano, el accionante en esta causa, “es un mitómano que con tal de tener protagonismo público no duda en salpicar la honra de las personas”, que es un ciudadano norteamericano y que al tiempo de los hechos vivía en EEUU. Todo ello en el ámbito de la obligación moral de formular ciertas aclaraciones que se aduce en la misma solicitada. Aclaró también que a diferencia de su hermano, él sí había sido detenido en forma clandestina a instancia de la dictadura militar, desde la nefasta noche del 24 de marzo de 1976, y precisó: “publico esta solicitada para descalificar categóricamente las falsas aseveraciones citadas, con la finalidad de evitar que se distorsionen la historia y el perfil de sus protagonistas, mediante expresiones calumniosas”.

Al día siguiente, en el mismo matutino, bajo el título “La denuncia que liga a Moyano con la Triple A enfrenta a dos hermanos”, se da cuenta de la disputa que mantienen los hermanos y de la mencionada declaración testimonial prestada por el demandante, en la que ligó al líder de los camioneros con una banda de ultraderecha, apéndice de la Triple A, conocida como Concentración Nacional Universitaria, que en los años 70 actuara en Mar del Plata.

Ello a partir de la actividad de Moyano como titular de la Juventud Sindical Peronista y luego como líder de la CGT regional. Incluso se ilustra la nota con una solicitada firmada por la mencionada CNU y JSP que entregara el aquí accionante a la hora de prestar la mencionada declaración, para seguidamente hacer alusión a que la relación era “estrecha, personal, política y financiera”.

A los términos volcados en la mencionada solicitada, se suman las expresiones vertidas por el nombrado demandado en ocasión del seminario ¨Cultura y medios en la Dictadura y Democracia”, del 9 de mayo de 2008, en la Sala Borges de la Biblioteca Nacional, donde en el aducido marco de una campaña de agresiones del mencionado diario, se quejó, entre otros motivos, por el artículo citado, y esgrimió en su defensa que “el hermano dijo que el testigo está enfermo, así que no se puede tener en cuenta lo que dijo”. (fs. 12).

A raíz de la solicitada mencionada, el demandante promovió querella criminal contra su hermano Fernando Héctor Petroni y contra Hugo Antonio Moyano, la que diera origen a la causa penal nº 11876, tramitada por ante el Juzgado Nacional en lo Correccional nº 8, Secretaría nº 63, que en fotocopia se acompaña a fs. 350/1316, conjuntamente con las restantes actuaciones que se mencionan a fs. 1336.

Si bien, luego de múltiples planteos efectuados por la defensa, en dicha causa se dictó la extinción de la acción penal por prescripción y como consecuencia de ello el sobreseimiento de los nombrados, cabe traer a colación por su relevancia, el decisorio que luce a fs. 399/400, donde la Alzada resolvió revocar la decisión del Juez de grado “…en cuanto desestimó la querella promovida por Carlos Daniel Petroni por no constituir delitos los hechos en ella plasmados”.

Para decidir de esa manera, luego de describir las figuras delictivas de la injuria y la calumnia, entre otros razonamientos, se señala “…que el empleo de términos como “mitómano” y “enfermo” pudo haber afectado la honra de la persona a quien estaban dirigidos, como así también que la expresión de que el testimonio prestado en sede judicial por el querellante sería falso constituye la imputación de un hecho ilícito”, por lo que juzga que “…no puede descartarse , sin sustanciación de proceso, la posible comisión de los delitos de calumnias, injurias y de su reproducción”.

Se agrega finalmente: “En efecto, cabe destacar que las manifestaciones efectuadas por Fernando Héctor Petroni primero y reproducidas por Hugo Antonio Moyano después, al calificar a Carlos Enrique Petroni como “mitómano” y “enfermo”, dan cuenta de la entidad objetiva de la imputación y, por tanto, impiden desechar, al menos en esta etapa embrionaria del proceso, el encuadre de los hechos en las figuras previstas en los arts. 109, 110 y 113 del Código Penal…”.

Aceptado que una decisión como la que decretara la extinción de la acción penal por la razón señalada, no impide analizar los hechos con entera libertad en el ámbito civil (art. 1102 y concordantes del Código Civil), vale puntualizar que según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra “mitómano” inserta en la solicitada para referirse al actor, constituye un adjetivo cuyo significado es: “Perteneciente o relativo a la mitomanía”, “Conducta mitómana” y “Dicho de una persona: Dada a la mitomonía”. Por su parte, “Mitomanía” significa “tendencia morbosa a desfigurar, engrandeciéndola, la realidad de lo que se dice”. En la vida cotidiana el término es empleado comúnmente para referirse a sujetos patológicos, que mienten de manera compulsiva o reiterada, o que lisa y llanamente tienen el hábito de mentir.

En lo que hace a la prueba testimonial, Guillermo Oscar Villarreal, periodista que cubrió la audiencia en el tribunal Oral de Mar del Plata N 1 cuando declaró el accionante, fue contundente al precisar que la solicitada fue publicada en respuesta a dicho testimonio (fs. 186). (Nombre de testigo), declaró en lo pertinente que leyó la solicitada publicada por el diario Clarín “Era como una acusación contra el actor de mentiroso…declaró en Mar del Plata, la misma decía que la declaración del actor era falso testimonio, era mentira, y lo acusaba como agente de la CIA como mentiroso…conoce al actor…se sorprendió lo que decía en la nota…” (fs. 185). Después aclaró con relación al tema de la CIA, que fueron ideas que le quedaron por leerlas desde hace un montón, pero que ello no surge de la solicitada (fs. 185 vta.).

Por su parte, Liliana Noemí Mazeo, abogada de un organismo defensor de los derechos humanos, precisó que en respuesta a la declaración efectuada por el actor en el juicio por la verdad donde vinculó a Moyano con la Triple A salió una solicitada donde se lo trataba de mitómano, y que había realizado falsas imputaciones al nombrado líder de los camioneros. La misma provocó “… un gran sobresalto, en los integrantes de los organismos de Derechos Humanos y en otros querellantes. Porque esta solicitada vino a poner en duda los dichos de una víctima del terrorismo de Estado ya que en ese ámbito la credibilidad es muy importante y perderla es muy grave” (fs. 189 vta.). Agregó que ese sobresalto se manifestó a través de consultas acerca de los motivos por los cuales había salido esa solicitada, y “…le requerían sobre la salud y la veracidad de los dichos de Petroni…y también tuvo opiniones adversas de otros integrantes de los organismos que representa” (fs. 189 vta.).

Cristina Viviana Ruiz, docente y directora del teatro de Mar del Plata, contó que el marido de ella era delegado del supermercado y el actor asesor de él, ya que trabajaban juntos. Precisó que el accionante vivía en Mar del Plata y lo veía cotidianamente, unas dos veces o tres por semana, dependía de la actividad. Agregó que su marido dirigía una obra de teatro y a una de ellas la había escrito el actor y que eran parte del elenco de la obra de teatro (fs. 192). Afirmó que el espectáculo en la mencionada ciudad fue hasta el mes de octubre de 1977 y que el marido de ella estaba teniendo una persecución política y debieron irse de Mar del Plata, cree que un año después y allí dejaron de ver al actor, como a todo el mundo puesto que pasaron a la clandestinidad. Señaló creer que fue cuando sufren un atentado su marido, el hermano de él y Carlos Petroni en Mar del Plata frente a la municipalidad donde balean al cuñado, por parte de un grupo de la CNU, que para esa época atentaban contra quienes desarrollaban una actividad política y artística (fs. 192 vta). Respecto de la solicitada en cuestión, entre otros aspectos, explicó que “…le llamó la atención que aparecía una información que el actor no estaba en la ciudad, y una serie de calificativos desmerecedores, agraviantes, como que era un farsante, que era mentira”. (fs. 192 vta).

A su vez, Rodolfo José Gutierrez, precisó que el demandante se tuvo que ir del país no antes del año 1977, y respecto de la solicitada, señaló que tomó conocimiento de ella a través de unos amigos en común, que le pareció una tontería en un primer momento, pero luego conversando con sus ex compañeros comprendió que no lo era. Agregó que en ella se hacía alusión “…que era una persona que tenía algún tipo de desequilibrio, que era un mentiroso, en alusión a haber recibido algún tipo de atentado que en realidad no era cierto” (fs. 193 vta).

Esilda Raquel Bustos, que integra la misma organización de derecho humanos que el actor, precisó que éste llevó la solicitada a dicho lugar y que la leyeron en voz alta, recuerda que el hermano lo trataba de mentiroso por lo que le quedó muy grabado que una tarde por televisión lo ve a Moyano refutando esos dichos y diciendo a los periodistas que Petroni era un “enfermito”, textuales palabras, y que no iba a hablar de eso. (fs. 194).

Explicado ello, vale destacar que los dichos de los testigos y el mismo interrogatorio a que responde, son cuestiones que deberán ser apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica y dárseles el valor correspondiente según los motivos y circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones (art. 456 del Código procesal y CNCiv, Sala B, 10/3/77, LL, 1977-C-581). La prueba testimonial resulta una de las más difíciles de evaluar, pues son múltiples las circunstancias y los motivos que pueden llevar a corroborar o disminuir su fuerza o eficacia probatoria (conf. Varela Casimiro A.: Valoración de la ̈ prueba , p. 269). ̈

En este sentido, apreciados con sujeción a lo dispuesto en el art. 456 del Código Procesal, considero que los testimonios rendidos en la causa resultan veraces, narran lo que los testigos percibieron por medio de sus sentidos, ya que resultan en sí mismo contundentes, dan razones de sus dichos, y son coherentes entre sí, además de guardar armonía con otros elementos de juicio que la causa ofrece, sin que se adviertan motivos aptos para cuestionar su credibilidad.

Sentado ello, resulta oportuno resaltar a esta altura del análisis que al igual que la libertad de expresión o el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa (arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional), el derecho al honor goza también de rango constitucional (art. 33 de la Constitución Nacional, art. V, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Ha sido definido por De Cupis como "la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma". La definición abarca tanto el llamado honor objetivo, que es la valoración que otros hacen de la personalidad ético - social de un sujeto, como el subjetivo, representado por la autovaloración o aprecio por la propia dignidad.

La consideración social, el respeto y aprecio de terceros, unido al sentimiento o conciencia de la propia dignidad son elementos expuestos a la ofensa y requieren de la tutela del ordenamiento (Cifuentes, "derechos personalísimos", p. 456/7).

El art. 1089 del ordenamiento civil manda a reparar

los daños causados por calumnias e injurias de cualquier especie. La primera de las figuras mencionadas no aparece definida en el orden civil, por lo que corresponde acudir al Código Penal que define este delito como la falsa atribución de un delito doloso o una conducta criminal dolosa aunque sea indeterminada (art. 109). En tanto que la injuria es toda ofensa al honor que no llegue a ser calumnia “se comete injuria cuando se deshonra, se desacredita o menosprecia a otro por medio de palabras, escritos, etc…siempre que no se incurra en calumnia” ( Belluscio-Zannoni: “Código Civil Comentado, Anotado y Concordado”, t. 5, pág. 246).

La responsabilidades derivadas del ejercicio del derecho a la libre expresión, se hacen efectivas mediante el régimen general vigente en nuestra ley común, que tiene su fuente sea en la comisión de un delito penal o de un acto ilícito civil ( art. 114 del Código Penal, 1071 bis, 1072, 1089 y 1109 del Código Civil), tratándose en el específico campo resarcitorio, de una responsabilidad subjetiva ( CS, 1998/04/02, La Ley, 1998-E, p.242).

En otros términos, existen dos situaciones que pueden dar lugar a la reparación: a) que exista voluntad y conciencia de efectuar una imputación falsa, en cuyo caso se está en presencia del delito civil de calumnias e injurias (arts. 1089, y 1072 del Código Civil) y b) que no exista ese dolo o malicia, supuesto este en que la acción resarcitoria está asegurada por el art. 1109 del Código civil (Cifuentes-Sagarna: “Código Civil, Comentado y Anotado”, t. II, p. 419).

Más aún, la ofensa al honor que puede generar un daño resarcible no es sólo la imputación mentirosa, sino también la verdadera. Ello porque en materia jurídica no opera la regla ética de la verdad por la verdad y se responsabiliza a quien la expresa cuando esa verdad es nociva para el honor ajeno y no existe un motivo justificado para darla a conocer.

Una cosa será la investigación histórica de esas circunstancias para probar la verdad de las manifestaciones, y otra convertirlas en hechos notorios, porque si no eran tales, la divulgación incide sobre la pública consideración y es ofensiva (conf. Cifuentes: “Derechos personalísimos”, p.463).

Las expresiones utilizadas por los demandados para referirse al actor en la solicitada, como la palabra “mitómano”, así como el calificativo de “enfermo” empleado por Moyano cuando se dirigía al público en la oportunidad indicada, aunque ahora al contestar demanda no lo recordara, y que fuera recogido por el diario Clarín en el artículo citado, o el de “enfermito” al que se refiere la testigo Bustos, son disvaliosas tanto en el ámbito privado como en el social y poseen una indudable entidad para producir descrédito y lesionar el derecho al honor del damnificado, lo cual cobra una mayor dimensión aún, si se aprecia que fueron vertidos en respuesta a la mencionada declaración testimonial, en un tema de alta sensibilidad social. Todo lo cual se corrobora con la probanza analizada más arriba, que refleja el sentir de las personas al tomar conocimiento de esas expresiones que damnifican al demandante.

Ello toma una mayor relevancia porque los dichos ofensivos fueron rodeados de otras explicaciones orientadas a darles un mayor sustento, como el intento de hacer creer que el accionante no se encontraba en el país cuando ocurrieron los sucesos, extremo que queda rotundamente desvirtuado por las probanzas reunidas en la causa, como las constancias de los aportes acompañadas a la demanda y que lucen también a fs. 579/81, y las declaraciones de los testigos Cristina Viviana Ruiz y Rodolfo José Gutierrez, que no dejan dudas acerca de la permanencia del actor en Mar del Plata hasta el año 1977 inclusive.

Más, las expresiones orientadas a sostener que el mentado testimonio rendido por el accionante era falso, constituye la atribución de un accionar doloso que podría encuadrar en la figura que contempla el art. 275 del Código Penal. Pese a lo cual, el demandado Moyano, lejos de cuestionar esas vinculaciones atribuidas por el aquí accionante al rendir declaración que son las que motivaron las imputaciones ofensivas, a los fines previstos en la última parte del art. 1089 del Código Civil, se limitó a negar y señalar que no aceptaba discutir con el actor en estos autos los hechos volcados en el punto A Antecedentes, de la demanda, a los que calificó como conjeturas y opiniones personales. En ese tramo de la demanda, entre otros, se hace alusión a lo declarado por el accionante en los Tribunales a cargo de Oyarbide y Oral de Mar del Plata N 1.

Para identificar a los responsables de las injurias y calumnias volcadas en la mencionada solicitada, cabe acudir, entre otros elementos de juicio, a las constancias del expediente nº 30.910, del año 2009, caratulado: “Petroni, Carlos Enrique s/ diligencias preliminares”, también en trámite por ante este Juzgado, de donde emana que la solicitada en cuestión fue pagada por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros y por el Sindicato de Choferes de Camiones, según surge de las facturas nº 00001154 y 00001155, del 18 de abril de 2008, por el importe de $ 31.729,11 cada una, todo lo cual se encuentra debidamente registrado en los libros de esas entidades, según emana de la peritación contable rendida en esta causa (fs. 43 y 44 de la causa citada, y fs. 666/7 y 223 de este expediente).

A su vez, también quedó demostrado en dichos actuados que los contratos de publicidad Nº 00004798 y 00004822 fueron celebrados por el hermano del actor y la primera de las entidades mencionadas en el párrafo precedente, respectivamente, figurando como responsable en éste último el Dr. Daniel Llermanos (fs. 45 y 46 y 664/5 de esta causa). Y surge asimismo, del report del fax acompañado al informe brindado por Regina From Publicidad, que el texto de la solicitada fue enviado desde un aparato del estudio jurídico del demandado Llermanos (51/4)., a lo que se agrega el intercambio de mensajes electrónicos de fs. 668/70 de esta causa, vinculados al presupuesto de la solicitada.

Explicado ello, queda patentizada la responsabilidad del demandado Héctor Fernando Petroni, que fluye incuestionable si se aprecia que es quien firma la solicitada que motiva las presentes, sin que obste a ello el desconocimiento de las declaraciones testimoniales que alega en la respuesta, puesto que aún cuando ello resulta poco creíble, la realidad es que esos dichos del actor trascendieron a los medios tal como queda evidenciado con los antecedentes de juicio obrantes en esta causa y el mismo lo reconoce en la publicación cuestionada. Además, y esto es determinante, lo que no puede soslayarse más allá de cuál fuera el grado de conocimiento de las mencionadas declaraciones, es que en la solicitada en cuestión calificó como una “enorme falsedad” a las afirmaciones efectuadas por su hermano al declarar en el llamado “juicio por la verdad”, en particular a la mención donde vincula a Moyano con la Triple A marplatense, todo lo cual deja sin sustento la argumentación que ensaya en su defensa.

En cuanto al análisis de la responsabilidad del demandado Moyano, varios extremos deben ser ponderados. En efecto, la circunstancia de que la publicación de la solicitada en cuestión reconociera como motivo la mencionada declaración testimonial del actor que alude a esas vinculaciones negadas por el sindicalista, es un dato importante. Sumado a que fue enviada desde el aparato de fax de su abogado, el codemandado LLermanos, a lo que cabe añadir el alto costo de la publicación y las entidades que aparecen como responsables del pago, conjuntamente con el hecho evidente, no obstante lo que se decidiera a fs. 128/9, que con la firma de su letrado presentó el escrito en el expediente tramitado ante el juzgado del que es titular Norberto Oyarbide, requiriendo fotocopias de la declaración testimonial, luego ratificada en la declaración prestada ante el Tribunal Oral de Mar del Plata, constituyen un cuadro indiciario que obliga a presumir, que todo se desarrolló con la anuencia del nombrado. Máxime si se toma en cuenta el rol que desempeña su hijo en el mencionado sindicato y el estilo que el líder de los camioneros imprime a su conducción. Además de ello, las expresiones volcadas en la solicitada han sido respaldadas por el mismo demandado públicamente, tal como ya se lo explicitara más arriba, todo lo cual torna indubitable su responsabilidad por las ofensas inferidas.

La responsabilidad de las personas jurídicas demandadas es indudable a partir de lo que arroja la investigación desarrollada en el mencionado expediente sobre diligencias preliminares donde, entre otros aspectos, se comprobó que ellas fueron quienes abonaron el elevado costo de la publicación, lo cual demuestra que hicieron suyo el contenido de la solicitada, y consintieron en difundirla por la indicada vía.

En cuanto al demandado Llermanos, entiendo que las mencionadas constancias del expediente sobre diligencias preliminares citado, el intercambio de e-mails con Regina From Publicidad de fs. 668/70, y demás antecedentes ponderados, autorizan presumir de manera prácticamente indubitable que tuvo una participación decisiva en la elaboración del contenido de la publicación atacada. Y si ello se desarrolló en el marco de un encargo, por esa relación cliente – profesional que mantiene con los demandados, su responsabilidad también se hace patente, por contener la supuesta encomienda un objeto ilícito al que debió negarse, si se aprecia que el texto de la solicitada finalmente publicada contiene injurias y calumnias dirigidas a la persona del actor. Por tanto, como el resto de los demandados, con base en los art. 1089, 1109 y concordantes del ordenamiento civil deberá responder por los perjuicios infligidos.

DAÑO MORAL:

La reparación del daño moral está determinada por imperio del art. 1078 del Código Civil, que con independencia de lo establecido por el art. 1068, impone al autor del hecho ilícito la obligación de indemnizar sin exigir prueba directa de su existencia. A los efectos de establecer su “quantum”, corresponde ponderar entonces la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado a la víctima. A modo de introducción, es dable precisar que de acuerdo a un difundido criterio el daño moral se halla configurado por la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria que aflige a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley.

Dicho agravio ha sido definido como la lesión de razonable envergadura al equilibrio espiritual que la ley presume y tutela; y que atañe a la persona. Es un daño jurídico. Y es así en la medida que lesiona los bienes más perspicuos de la persona humana, al alterar el equilibrio del espíritu (Cipriano, Néstor Amilcar: “Daño Moral: Concepto-Interdependencias Jurídicas y Psicológicas”, en LL 1.982- D, pág. 843).

En casos como el de autos, el daño moral debe presumirse, puesto que se trata de una prueba in re ipsa, sin perjuicio de que se trate de una presunción que admite prueba en contrario. En otras palabras, como se señalara al principio, el perjuicio no requiere prueba directa, siendo suficiente que quede evidenciado por la calidad o índole agraviante de la conducta del ofensor, que autorice a inferir la existencia de una lesión a la dignidad o reputación del perjudicado.

Es indudable que los términos volcados en la solicitada que incluyen la atribución de un delito, y su difusión, poseen entidad para afecta su tranquilidad de espíritu y la consecuente calidad de vida. Máxime si se pondera el tema alrededor del cual gira todo este asunto.

Los testimonios rendidos en la causa son elocuentes para dimensionar la gravedad del daño padecido, que es dable inferir dado el tenor de las ofensas y el motivo que las originó. Varios de los testigos describen los padecimientos del actor, y hacen referencias a la preocupación, angustia, desolación, tristeza y hasta el llanto, ocasionados por la publicación injuriante (ver fs. 185, 189 vta.,193 vta.). Incluso varios de ellos se expidieron sobre la repercusión que la solicitada tuvo en el ámbito de los organismos de derechos humanos, a las sospechas y dudas que ello despertó (fs, 185/vta, 189 vta. y 194).

En virtud de lo expuesto “ut-supra”; datos de conocimiento general; restantes circunstancias y constancias de la causa; la índole, naturaleza y entidad del hecho generador de responsabilidad; y lo dispuesto por el último párrafo del art. 165 del Código Procesal, fijo prudencialmente el monto del resarcimiento por el daño moral sufrido, en la suma de $ 70.000. Los intereses deberán computarse a la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina en los términos del fallo plenario emitido por la CNCiv en autos “Samudio de Martinez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios”, del 05 de febrero de 2009.).

Por las razones expuestas precedentemente, disposiciones legales citadas y art. 68 del Código procesal

FALLO:

Haciendo lugar a la demanda promovida por Carlos Enrique Petroni y en consecuencia, condeno a Fernando Héctor Petroni; Hugo Antonio Moyano; Federación Nacional de Trabajadores Camioneros; Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires y Daniel Hugo Llermanos a abonarle, dentro de los diez días de notificada la presente, la suma de $ 70.000, con más sus intereses y costas.

Difiérase la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, hasta tanto todos den cumplimiento a lo dispuesto en el art. 2ª, inc. b) de la ley 17.250.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívense las presentes actuaciones.


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