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NacionalesKirchner, Derechos Humanos y la hipocresía de la “Democracia”

30.000 asesinos del Proceso caminan entre nosotros, solo 200 están condenados
Por Camilo Cienpasos

l gobierno de Kirchner ha informado oficialmente a la ONU, en un extenso documento presentado por el sub-secretario de Derechos Humanos Rodolfo Mattarolo, que su gobierno tiene confirmación de la existencia de al menos 488 de Centros Clandestinos de Detención (CCD) durante la dictadura militar del Proceso. La verificación de la existencia de al menos otros 65 CCD esta en su etapa final de investigación. En un aparte pequeño del informe se halla la cifra de imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos campos de concentración: poco más de 200. De esos criminales, unas dos docenas se hallan en las cárceles y el resto cumple arrestos domiciliarios.

A partir de la obvia nulidad constitucional de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida se abrieron unas 200 causas nuevas contra represores conocidos. Sin embargo el gobierno, que gusta promover su imagen de defensor de los Derechos Humanos, la Memoria y Justicia, no dice con claridad que existen en estos momentos alrededor de 30.000 asesinos sueltos, caminando entre nosotros, y 1o poco o nada que se esta haciendo para darlos a conocer, enjuiciarlos y encarcelarlos a todos.

El propio Kirchner reconoce la disparidad absurda entre el reconocimiento de la existencia de mas de 500 campos de concentración y la existencia de un par de cientos de acusados de los crímenes de secuestro, privación ilegitima de la libertad, torturas inhumanas, asesinatos, desapariciones, robo de niños y docenas de otras figuras delictivas que se practicaban con sadismo extremo durante la dictadura militar.

En la edición del 9 de Agosto, el diario Clarín cita al presidente ironizando al respecto: “Dicen que hubo mas de 500 campos de concentración y no llegamos a 200 o 300 detenidos, parece que hubo campos donde los detenidos estaban solos, se atendían solos”.

El presidente también reclamó que la justicia debería enviar a los culpables a cárceles comunes y no darles el privilegio especial del arresto domiciliario y que los juicios en vías de ejecución deberían acelerarse. Negando, por supuesto, toda responsabilidad en esta situación.

Los números de los represores

Se calcula que en los 500 centros de detención ilegales se albergaron en los seis años que duraron, entre 30.000 y 70.000 secuestrados (entre desaparecidos y detenidos ilegales, algunos de los cuales eventualmente recuperaron su libertad o fueron expulsados del país). Se sabe que el promedio de personal de vigilancia de estos centros de tortura y asesinato – si tomamos los promedios del funcionamiento de los campos de los que se conoce mas, incluyendo la ESMA- era, como mínimo, de 3 guardias por cada 40 prisioneros, cada uno de ellos cubriendo un turno de 8 horas. La cifra menor que hoy se maneja, la de 30.000 desaparecidos y detenidos ilegales, daría la existencia de 8-9.000 hombres armados solo para custodiar a las victimas.

Se supone, no sin cierta base de información objetiva que surgió de los tribunales donde se ventilaron distintas causas y de las declaraciones de prisioneros, que esa suma se duplicaría al haberse rotado los oficiales, suboficiales y alguna tropa encargada de esas tareas de vigilancia.

Así, unos 18.000 efectivos fueron asignados durante seis años a los trabajos de custodia de los CCD. A ellos se les suman los miembros de los Grupos de Tareas (GT), encargados de las operaciones de inteligencia y secuestro de opositores a la dictadura o de blancos comerciales o políticos.

Estos GT tenían entre 8-15 miembros cada uno y solicitaban refuerzos de acuerdo a las necesidades de las operaciones y contaban con el apoyo logístico de la PFA y las policías provinciales para establecer “zonas liberadas” en las que actuar impunemente. En un CCD como la ESMA, por donde se calcula que pasaron unos 5.000 secuestrados, la mayoría de los cuales o están muertos o desaparecidos, existían unos 10 GT y alrededor de 120 efectivos asignados en forma permanentemente a esas actividades.

También aquí hubo rotaciones por cambio de destinos durante los seis años de terror, con lo que se calcula que los efectivos encargados de los secuestros y las torturas superaban largamente el doble de esa cifra. Otros CCD contaban con tres o cuatro GT y los más chicos con al menos uno o dos. Un promedio conservador no da menos de 6-7.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la policía asignados a estas tareas.

A estos grupos infames de uniformados militares o policiales, hay que agregar un número indeterminado de civiles que colaboraban en varias capacidades con la represión, mas de 200 sacerdotes asignados a los campos de concentración o las unidades militares/policiales y cientos de asistentes administrativos, agentes de inteligencia, “negociantes” que se encargaban de disponer, es decir, vender, las propiedades robadas de los secuestrados estableciendo inmobiliarias, casas de antigüedades, reventa de vehículos y muebles y el trafico de niños.

La logística para desarrollar la campaña del terror era otro tema que ocupaba a centenares de cuadros de las Fuerzas Armadas y policiales. Desde la compra de vehículos – ahora se sabe que Ford entregaba los fatídicos Ford Falcon verdes por centenares con los números de motores borrados o cambiados de fabrica – la provisión de armas y alimentos, indumentarias, propiedades para ser utilizadas como CCD (muchas fueron expropiadas a los propios secuestrados, otras eran propiedad del estado como comisarías y cuarteles, pero no pocas eran alquiladas o compradas para dicho funcionamiento, como fue el caso de Automotores Orletti, pagada de las cuentas de la SIDE.

La cantidad de niños secuestrados o nacidos en cautiverio no esta definida. Los cálculos oscilan entre 2-5.000 niños que fueron o secuestrados con sus padres u otros familiares o nacieron en cautiverio de padres que luego desaparecieron para siempre. En la mayoría de los casos, se presume que estos niños fueron dados en adopciones ilegales. No se descarta, sin embargo, que una cantidad de ellos hayan sido también asesinados. La elevada cantidad de estos últimos en proporción al numero total de secuestrados se debe a dos cuestiones: una es la edad de aquellos que eran los blancos predilectos de la represión y el hecho que, las mujeres embarazadas solían quedarse en el mismo lugar por mayores periodos de tiempo, por lo tanto haciendo de su ubicación y eventual secuestro una prioridad para los represores.

demás esta decir que funcionarios nacionales, desde los miembros de las distintas Juntas Militares hasta los Comandantes de regiones militares, jefes policiales y de Gendarmería, pasando por civiles que desempeñaban funciones para la dictadura, como el ex Ministro de Economía Martínez de Hoz, estaban al tanto de la existencia de los CCD, eran periódicamente informados de los GT y mantenían contactos fluidos con el comando centralizado nacional y los comandos descentralizados por región militar del país.

La prueba de esto ultimo – así como de la colaboración mas o menos abierta de la jerarquía eclesiástica – se da por el hecho de que en centenares de oportunidades, cuando se sucedía un secuestro de algún familiar cercano, de amigos personales o de gente de influencia económica, estos funcionarios y autoridades de la Iglesia Católica intercedían por los secuestrados ante los mandos pertinentes, muchas veces sin que sus esfuerzos dieran frutos, mientras que en algunas ocasiones lograron liberar a las victimas.

Una cifra conservadora nos daría no menos de 40.000 efectivos militares y policiales, civiles y curas que o participaban directamente de las actividades represivas o estaban ligadas íntimamente a ellas como funcionarios, agentes de inteligencia, “negociantes” o como apoyo político a las mismas.

¿Dónde están los asesinos del Proceso?

Se calcula entre 25-40 anos, la edad promedio de los represores directamente asignados a las tareas de asesinatos, secuestros y actividades violentas contra el conjunto de la sociedad argentina. La edad de los comandantes, jefes, cuadros y funcionarios políticos de la dictadura oscilaba entre los 40 – 55 anos.

Es probable que entre el 10-15% del primer grupo hayan fallecido, porcentaje que aumenta para el segundo en un 30-35% por razones obvias. Podríamos afirmar con pocas probabilidades de error de que alrededor de 30.000 de estos asesinos y sus cómplices mas inmediatos aun están vivos.

De ellos solo sabemos que entre 200 y 300 han sido juzgados y se hallan en algún tipo de detención en cárceles pero, en su mayor parte, en arrestos domiciliarios.

¿Dónde están los demás?

El gobierno, si quisiera, podría encontrarlos rápida y relativamente en forma sencilla. De los militares, miles de ellos siguen en actividad. Los más jóvenes de entonces son hoy quienes ocupan los cargos jerárquicos de las tres fuerzas, tenientes coroneles, coroneles, mayores, generales… En las sedes policiales pueblan las oficinas de los comisarios y muchos de los que hacían inteligencia entonces, lo siguen haciendo ahora.

Otros miles están en las nominas de jubilados, recibiendo pensiones y jubilaciones de relativo privilegio, obras sociales de categoría y otras prebendas. A pesar de que el gobierno termino con la autarquía de la Caja de jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas, los jubilados y pensionados militares, muchos de los cuales sino la mayoría de los que provienen de esa época, están varios pasos delante del resto de los jubilados del país. Para los militares asesinos hubo movilidad, y aumentos de sueldos equivalentes o mejores a los de los trabajadores civiles en mejores circunstancias.

El gobierno debería romper con la parsimonia y el simple propagandismo que ha caracterizado su política de Derechos Humanos. Es necesario, para que exista verdadera justicia y memoria, que todos los responsables de la aniquilación de las juventudes políticas y sus periferias de los 70s sean juzgados, condenados y encarcelados.

Esto requiere medidas profundas para encontrar toda la verdad, a todos los responsables y encarcelar a los asesinos sueltos, muchas de las cuales el gobierno es reticente o esta directamente en contra de aplicar:

• Congelamiento y cesación de pagos a todos los jubilados y pensionados militares y policiales de rango cuyas jubilaciones hayan comenzado a regir desde finales de los 70s hasta tanto una investigación, caso por caso, de cada una de ellas, determine el grado de responsabilidad individual de cada beneficiario en los crímenes de lesa humanidad cometidos en los 70s, así como la validez de las jubilaciones y pensiones acordadas. En caso de constatación de crímenes cometidos o la complicidad con los mismos, dichas jubilaciones y pensiones cesarían automáticamente para los beneficiarios actuales.

• Investigación de los libros contables, los gastos logísticos, transportes, cambios de destino, guardias realizadas, registros fotográficos y archivos de toda índole, viajes y todo otro elemento que sirva para ubicar en el tiempo y la geografía de cada oficial y sub-oficial de las fuerzas armadas y policiales y cotejo de esos datos con los casos conocidos de existencia de CCD y desaparecidos por región y zona. Esto ayudaría a conocer el nombre y apellido de todo oficial, por encima del rango de sub-teniente o de sub-oficial que sirvieron en cada localidad donde funcionaba un CCD, se cometieron asesinatos y secuestros o se realizaron operaciones de aniquilamiento. Cada uno de esos individuos deberían ser en principio sospechado de intervención directa o al menos complicidad directa o indirecta de los crímenes y por tanto investigado como presunto miembro de la conspiración que los hizo posibles.

• Intimación con plazo de 10 días para que todo miembro de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, policía Federal y provinciales que sirvieron entre los años 1974 y 1983 para que presenten una declaración jurada pormenorizando lo que sabían o no de los CCD, las torturas y asesinatos, operaciones especiales de represión, declaración de “zonas liberadas” para deslindar, en forma personal, la responsabilidad de cada uno en los hechos criminales. Todo aquel efectivo que no realizara la declaración jurada en el plazo estipulado debería ser inmediatamente puesto a disposición de la justicia como sospechoso de participación en los hechos. Las declaraciones firmadas que se obtengan se entraran como declaraciones judiciales sujetas a la potencial investigación de perjurio.

• Establecimiento de una recompensa millonaria a todo cuadro jerárquico o subordinado de las Fuerzas Armadas y policiales o a civiles que estén en condiciones de presentar pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos en los que esos cuadros o civiles no estuviesen involucrados y la amnistía total y protección absoluta de la identidad de los que presenten dichas pruebas que sirvan para enjuiciar y condenar a los responsables de los crímenes.

• Establecimiento de un tribunal especial, civil y criminal para el juzgamiento de estos crímenes con total independencia de los mandos de las Fuerzas Armadas y que se dedique en exclusividad, con los fondos y personal adecuados para la tarea, a la investigación, enjuiciamiento y encarcelamiento de los responsables. Todas las investigaciones, materiales obtenidos durante las mismas y los nombres y declaraciones de todos los involucrados serán de dominio público y de fácil acceso digitalizado para el análisis de todos los ciudadanos del país.

Estas son solo algunas medidas que permitirían al Señor Presidente contestar sus propias preguntas e ironías en cuanto a las discrepancias entre el numero elevado de campos de concentración, los miles de crímenes cometidos durante el proceso, y el numero ridículamente bajo de unos pocos centenares de enjuiciados, condenados y encarcelados. Todo lo demás no es sino demagogia vacía de todo contenido.

La hipocresía de la “democracia”

Debemos terminar con la hipocresía de hacer discursos altisonantes o informes impactantes que no estén acompañados de acciones concretas. O de hacer actos públicos para inaugurar museos – como el propuesto en la ESMA – que anos después de anunciados aun no han abierto al publico.

Es necesario indicar con toda claridad que, hasta ahora, la democracia dirigida por los ricos se ha encargado de frustrar todo intento de fondo por establecer la verdad y condenar a todos los culpables.

Desde el gobierno de Alfonsin que promulgo las leyes del Punto Final y la Obediencia Debida, pasando por el de Menem que extendió los perdones a todos los culpables de jerarquía, por el de la Alianza de De La Rua que los instituyo y extendió al de Kirchner que sigue el curso aunque con frases altisonantes.

La “democracia” no ha cumplido con la tarea de defenderse frente a los atropellos de los militares y las bandas fascistas en forma consecuente. Más aun, muchos de los asesinos han sido reciclados como lo prueba el caso del agente de la SIDE Raúl Guglielminetti que, de torturador del Olimpo y Automotores Orletti, se reciclo en guardaespaldas de Alfonsin y no solo eso, sino que fue puesto a cargo de una agencia de inteligencia paralela manejada por los radicales con fines propios.

El gobierno de Menem, el de De La Rua y Duhalde, y hoy el de Kirchner, dan trabajo y tareas de espionaje e inteligencia a centenares de cuadros del Proceso. Muchos otros están al frente de empresas de seguridad y protección privadas, muy lucrativas, que contratan las empresas multinacionales, bancos y corporaciones de la sociedad civil a sabiendas que ayudan a sostener un andamiaje de criminales y asesinos.

La prensa hace su parte también, insistiendo en la falsedad número uno de que la “guerra sucia” fue de persecución exclusiva o casi exclusiva de las organizaciones guerrilleras. Solo entre el 15 y 20% de todos los asesinados y secuestrados eran miembros o simpatizantes de la guerrilla del ERP o Montoneros. Mas del 80% fueron activistas sindicales, militantes de partidos de izquierda, intelectuales, profesionales, defensores de los derechos humanos y también miles de miembros de los partidos “democráticos” cuyos dirigentes hoy los olvidan o traicionan.

La represión y la “guerra sucia” la libro el ejército y un puñado de empresarios multinacionales con la aprobación de la embajada de EEUU contra toda la sociedad civil. No era el peligro de una guerrilla ya derrotada lo que trajo el golpe de 1976, sino la imposibilidad del gobierno de Isabel, acorralada por el movimiento obrero y sus luchas y prisionera ya de los designios de los altos mandos de las Fuerzas Armadas lo que precipito la tragedia.

Las organizaciones de Derechos Humanos, las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas, HIJOS y otras organizaciones semejantes que adulan al gobierno y compran su propaganda barata de “política de Derechos Humanos” están haciendo a la causa de la verdad, memoria y castigo un daño tal vez irreparable.

No será promulgando un feriado para recordar la infamia que representó el 24 de Marzo de 1976 como se lograra la justicia, sino identificando, enjuiciando y castigando a los 30.000 asesinos que caminan entre nosotros. De lo contrario, el “Nunca mas” podría volverse un “Tal vez, otra vez”.


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Presentación del informe de la Correpi sobre los derechos humanos en el gobierno de Kirchner
Por María Marinas Red Eco Alternativo

Informe de Situación de los Derechos Humanos bajo el gobierno de Kirchner (2003-2006)
CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) presenta todos los años un Archivo con los casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del estado, que revela la continuidad de la represión posterior a 1983 más allá de algún cambio de formas.

Fuerzas Armadas: Subversión y crimen


 
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