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México: La lucha armada, aproximaciones para un debate
(IAR-Noticias) 06-Jun-05
Por Jorge Lofredo* - La Haine

La hipótesis que sustenta el aumento del ciclo de protestas, inconformidades y expresiones armadas por la proximidad de actos eleccionarios resulta una visión acotada a la coyuntura y subraya como única estrategia de estos grupos (legales o ilegales) la demanda a través de la conveniencia política y el chantaje electoral que, en efecto, forman parte de la táctica de muchas otras organizaciones, no sólo clandestinas. De aquel modo es posible perder de vista aquellas manifestaciones que impulsan un cambio en la cultura política mexicana y no una mera reivindicación puntual. Resulta un reduccionismo suponer que un grupo armado dependa de un acto eleccionario, pues sería desdeñar su presencia a lo largo de toda la historia mexicana contemporánea, y sin interrupción —como señala Carlos Montemayor— desde 1965 con el asalto al Cuartel Madera.

Monopolizado con las prácticas impuestas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante más de setenta años, el sistema político mexicano está acostumbrado a dar respuestas oportunistas al momento de las vísperas eleccionarias, aún cuando las demandas sean contrapuestas; y es así por cuanto el PRI ha contenido en su seno a corrientes enfrentadas y mutuamente excluyentes que han recurrido, también, al “chantaje armado”.

Obviando el enfrentamiento intrapartidario que en ocasiones cobró igual dimensión a la de bandos en pugna, el argumento esconde otras afirmaciones igual acotadas: desconoce el origen social de la insurgencia armada para subsumirla en una guerra fraticida que sólo entiende de costos y beneficios, parámetros impuestos por la vocación hegemónica priísta y con una dinámica recurrente a desvirtuar todo lo que manifieste inconformidad que no provenga de sus propias entrañas.

La insurgencia armada actual reconoce orígenes políticos y sociales muy definidos: el fraude electoral en 1988 y la matanza de Aguas Blancas en 1995 representan dos de los hechos más significativos de los últimos tiempos. El primero canceló las vías legales de recambio institucional y marcó el “principio del fin” del PRI en el poder, y también donde el levantamiento zapatista encuentra una de sus razones fundamentales. En aquel momento, Lorenzo Meyer remarcó: “se necesita un nuevo pacto político, sin trampas, que responda a las necesidades del México real, no del oficial. Un pacto donde no vuelva a ocurrir que en Chiapas el PRI—gobierno logra 97.7% de los votos (1976), 90.2% (1982), 89.9% (1988)... ¡y una rebelión armada en 1994!” (“Fallaron las instituciones”, Excélsior, 6 de enero de 1994, pág. 1).

Por la otra, la masacre de diecisiete campesinos en el vado de Aguas Blancas legitimó las expresiones armadas que surgieron en el estado de Guerrero, con una esfera de influencia que alcanzó a toda la región del sureste mexicano.

A un año de la matanza, la presentación pública del Ejército Popular Revolucionario (EPR) marcará un parteaguas en esa nueva etapa de la guerrilla, heredera de la historia de las luchas sociales y armadas que encabezaron en las décadas del sesenta y setenta Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

Por su parte, el diputado federal priísta y ex alcalde de Acapulco Manuel Añorve Baños afirmó que grupos guerrilleros pueden aprovechar la oposición a la entrada en vigor del nuevo capítulo del Tratado de Libre Comercio (TLC) para reclutar miembros a sus organizaciones. Del simplismo de estas afirmaciones se puede inferir que los grupos armados trabajan sólo sobre la coyuntura y, por correlación, deciden desde allí su estrategia.

Precisamente, la experiencia del zapatismo, que irrumpió al momento de la primera etapa del TLC, resultó un revelador de la inconformidad armada pero no así el punto de inflexión del movimiento guerrillero: el aspecto simbólico de aquel primero de enero no fue más que la cristalización definitiva de un largo proceso que reconoce al menos diez años de antigüedad y de trabajo clandestino.

Pero la corporización de la inconformidad no guarda correlato necesario con la expresión armada, donde el movimiento campesino más importante de los últimos tiempos ofrece el mejor de los ejemplos. La lucha contra la expropiación de las tierras ejidales en San Salvador Atenco para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, no conoció la intervención de ningún grupo guerrillero aún cuando las autoridades federales y estatales llevaron a cabo una campaña sucia contra la imagen del movimiento y recayeron en la descalificación para torcer la decisión popular de resistencia; ni tampoco se produjo en las cercanías de algún acto eleccionario. Quedó claro pues que ningún grupo armado logró encabezar ni tan siquiera acompañar el movimiento campesino, lo que permite demostrar que no es sólo el caldo de cultivo el contexto para el surgimiento de grupos guerrilleros ni tampoco su actuación forma parte de un suerte de “chantaje” por prebendas para las elecciones, sino que refiere a un fenómeno más complejo y que reconoce distintas aristas.

Y porque representa un fenómeno complejo de profundas causas sociales y políticas, la guerrilla no puede explicarse en clave de “privatización de la violencia”. En este aspecto, resulta enmarcada en la disputa por el poder político, a la vez que la imposición de un contra proyecto, enfrentado al “oficial”, donde guarda las características del contexto social en el que emerge.

***

Cuando ocurrió el levantamiento del primero de enero, las autoridades federales y estatales intentaron ligar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con la estrategia política de mostrar el PRD como una oposición violenta. Luego de nueve años, la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos intenta la misma circunstancia ya que deja trascender que en un informe de espionaje elaborado sobre “grupos subversivos” y en el cual dice detectar células de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), inactivas desde la colocación de los petardos en las sucursales de Banamex en el Distrito Federal, a la vez que se esfuerza en señalar como responsables de las reuniones junto a los guerrilleros a líderes locales del sol azteca.

No constituye una novedad que el estado de Morelos reconoce presencia guerrillera dentro de sus fronteras; más aún, fuera de la región del sureste mexicano —Guerrero, Oaxaca y Chiapas— Morelos, junto a Veracruz y el estado de México, son entidades donde recurrentemente se denuncia la presencia de insurgentes. Sin embargo, antes de endilgar las culpas sobre la oposición, recurso al que constantemente abreva el oficialismo ante la proximidad de elecciones, es necesario voltear hacia las causas sociales y políticas que hace de los proyectos armados un medio viable de expresión de la inconformidad.

No obstante, en ello mucho tiene que ver la visión táctica que los militares asumen frente al fenómeno subversivo y la influencia que ejercen sobre el sector político que entiende en los asuntos del estado. La percepción castrense entiende esta realidad a partir de, por lo menos, cuatro dimensiones: el aspecto político, militar, psicosocial y económico. Al igual, las políticas que se aplican en aquellas zonas calificadas como de “focos rojos” son mutuamente complementarias. Las fuerzas armadas ejecutan políticas que le corresponden al Estado mexicano, como son la atención social o la construcción de carreteras; pero también emprenden acciones represivas y de seguridad y labora en cuestiones de espionaje con claras intenciones de “sacar del agua al pez”. Con estas funciones se atienden a las cuatro etapas del combate a la subversión; estrategias que, a lo largo del tiempo han fracasado, pues los pueblos no han superado la situación de miseria y exclusión social ni tampoco se han erradicado los movimientos armados que a lo largo del tiempo se han expresado en México en contraposición al aumento de las denuncias por violación a los Derechos Humanos por parte de los uniformados.

Las versiones acerca de la reaparición del EPR en Guerrero y el alerta de las corporaciones de seguridad también desnudan estas políticas; sin embargo, Guerrero es una región que siempre conoció la lucha guerrillera de cerca, y su tierra prohijó a los luchadores sociales más importantes de la historia mexicana. En este sentido, las condiciones sociales y políticas del estado resultan lo suficientemente duras para que la guerrilla siempre resulte una opción real como forma de intervención política. La cuestión de fondo resulta entonces que en la década del setenta y la actual, los argumentos de los alzados en armas son similares y la actitud de las fuerzas armadas siempre recae en el aniquilamiento militar de los guerrilleros. Pero desde aquel tiempo a esta parte, la realidad demuestra que ha sido una estrategia equivocada.

****

En su reciente misiva a la ETA, el subcomandante Marcos volvió a reconocer la existencia de los grupos guerrilleros mexicanos; y señaló que el EZLN no representa “la lucha armada mexicana”. “Hay cuando menos —continúa Marcos— catorce organizaciones político—militares de izquierda.” Y a renglón seguido esgrime una explicación acerca del porqué los zapatistas no recurren a la opción armada en la actualidad: “Nuestros enemigos (que no son pocos ni sólo están en México) desean que recurramos a esos métodos. Nada sería más agradable para ellos que el EZLN se convierta en la versión indígena y mexicana de la ETA. De hecho, desde que hemos tomado la palabra para referirnos a la lucha del pueblo vasco, nos han acusado de eso.” Y concluye: “Desgraciadamente para ellos, no es así. Y no será.”

Aún cuando el EZLN abdicó de las armas, a pesar de ser el parteaguas de las organizaciones políticas y sociales (armadas o no) desde 1994, hasta hoy guarda vigencia para el sureste mexicano y los estados lindantes pues así lo reconocen todos los sectores de la sociedad mexicana. Pero su comprensión global no será sino hasta que se comprendan las causas sociales y políticas que hacen posible su emergencia. Mientras tanto, será una realidad innegable.

jorgelofredo@hotmail.com
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