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Ultimo MomentoLa Batalla por Oaxaca - Ofensiva previa al 1o de diciembre

Martes 28 de noviembre de 2006
• Cacería de la PFP contra integrantes de la APPO
• Trasladan a un penal de Nayarit a 141 detenidos en los enfrentamientos del sábado
• Seguridad Pública federal dice que todos los detenidos son de ''alta peligrosidad''



• Cacería de la PFP contra integrantes de la APPO
OCTAVIO VELEZ , ALONSO URRUTIA , GUSTAVO CASTILLO CORRESPONSAL , ENVIADOS LA JORNADA

- Realiza cateos y aprehende a 60 más
- Se acabó ''la tolerancia'', advierte el cuerpo policiaco; multiplica sus patrullajes
- El movimiento popular, en alerta máxima; ordena defensa pacífica en la universidad

Oaxaca, Oax, 27 de noviembre. La tensión en Oaxaca se incrementó este lunes ante la oficialización que hizo la Policía Federal Preventiva (PFP) de que se acabó la tolerancia y el incremento de acciones para cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de simpatizantes y dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaca (APPO), al llevar a cabo órdenes de cateo contra al menos una veintena de inmuebles donde se presume que están escondidos activistas de esa organización.

Ante esto, la APPO se declaró en alerta total ante un eventual operativo de la PFP para ingresar a Ciudad Universitaria, donde se refugió, y debido a esto ordenó a sus bases "defender pacíficamente" las instalaciones.

"Se anuncia una inminente agresión para capturar a los compañeros del Consejo Estatal y no nos queda otra que defendernos", afirmó Gustavo Adolfo López Ortega, miembro de la comisión de seguridad.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación a reinstalar la mesa del diálogo "al más alto nivel", para "detener esta escalada de violencia" en contra del pueblo de Oaxaca.

Al cierre de esta edición, la PFP ya había comenzado las detenciones y los cateos. Mandos de las fuerzas federales en Oaxaca revelaron que en las últimas 24 horas ya habían sido capturadas otras 60 personas y se habían realizado tres ingresos a inmuebles para detener a presuntos participantes de los actos vandálicos ocurridos el pasado sábado.

Inicialmente, los detenidos fueron ingresados a los penales de Miahuatlán y Tlacolula, y en las próximas horas la PFP realizará un nuevo traslado; esta vez, las personas aprehendidas no serían enviadas al penal federal de Nayarit ­como ocurrió como los detenidos del sábado pasado­, sino al centro federal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.

Los patrullajes por parte de la PFP y las policías estatal y municipal se incrementaron en toda la ciudad, y para evitar "agresiones" en su contra se realizan en grupos de al menos siete vehículos.

A su vez, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó de la aprehensión de "24 adictos" que formaban parte de los grupos de resistencia de la APPO y que resguardaban la barricada de Cinco Señores. Estas acciones se llevan a cabo de manera independiente a la PFP.

Casi a la media noche la APPO anunció que había alcanzado un principio de acuerdo con la Secretaría de Gobernación para sostener una reunión este martes al mediodía con el subsecretario Arturo Chávez. En la misma, la asamblea plantearía sus demandas de cese a la represión, libertad de "presos políticos", cancelación de órdenes de aprehensión contra los dirigentes y el retiro de la PFP.

Se acabó la tolerancia: Vargas Fosado

El jefe del estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado, realizó un recorrido por el parque conocido como El Llano, que hasta ayer albergaba a las huestes priístas que operan la llamada Radio Ciudadana ­una emisora desde la cual se incitó, la víspera, a lanzar una ataque contra la casa de Flavio Sosa­, y fue ahí donde oficializó el despliegue para aprehender a dirigentes de la APPO.

"Estas órdenes ­que suman más de 300, se apresuró a justificar­, no las dicta la PFP, sino los jueces locales y federales; nosotros cumplimos en ejecutarlas", dijo el jefe policiaco, quien añadió: "puede ser que algunas de sus demandas sean legales, pero los métodos no son los adecuados. Se agotó la tolerancia, van a tener su castigo", adelantó Vargas.

Apuntó que la PFP "nunca" ha tenido la intención de ingresar a Ciudad Universitaria, y aludió también a la barricada de Cinco Señores, la última que mantiene la APPO. "Hemos respetado Cinco Señores, y apelo a la cordura de ellos para retirarla".

En tanto, desde temprano la APPO vislumbraba ya un día difícil. Su anunciada movilización para restablecer el plantón en la Plaza de Santo Domingo abortó ante la negativa absoluta de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública federales a admitir que se realizara una nueva manifestación, así se ofreciera que sería pacífica.

Ante esta situación, la dirigencia de la APPO canceló la movilización, por el riesgo que implicaría de una nueva confrontación con la PFP y la posibilidad de que se registraran detenciones. Censuraron que los gobiernos federal y estatal hayan cancelado las garantías de libre manifestación y hayan impuesto un "virtual estado de sitio".

Mas tarde, conocido el anuncio de la PFP, la APPO convocó a una nueva conferencia de prensa para informar sobre el estado de "alerta máxima" en que se declaraban y el llamado a la defensa pacífica de Ciudad Universitaria.

Los dirigentes informaron que se recibieron "informes directos" de "gente del propio gobierno" sobre el operativo preparado por la PFP y las corporaciones locales con el propósito de detener en forma masiva a todos los integrantes del Consejo Estatal de la APPO, "al achacárseles todos los daños" sucedidos en el enfrentamiento del sábado pasado.

"La Secretaría de Gobernación con el gobierno estatal han venido trabajando esta línea para acusarnos de ser los responsables de los incendios y daños (en los choques), a pesar de que no somos los causantes porque quienes los cometieron están bien identificados como sicarios y porros al servicio de Ulises Ruiz", señaló.

Así, consideró que entre los sicarios y porros del gobierno estatal y las fuerzas federales existe "pleno acuerdo", porque "de lo contrario cómo se explican los actos vandálicos en el Vips frente a las narices de la PFP".

También cuestionó el incendio de las oficinas de la Nioax, una de las organizaciones integrantes de la APPO, "sin que nadie hiciera nada por detenerlos".

En vísperas "de la imposición de Felipe Calderón, en la vía de los hechos existe una alianza entre el PAN y el PRI para mantener en el poder a Ulises a costa de lo que sea y no importando las demandas más justas y legítimas del pueblo oaxaqueño", remarcó.

Precisó que "gente del propio gobierno" ha informado a la APPO sobre las órdenes de aprehensión federales y estatales giradas en contra de los dirigentes por los delitos de ataques a la vías de comunicación, robo con violencia, asociación delictuosa, sedición y lesiones.

Además, presuntamente existen mandamientos judiciales para catear el Centro Diocesano de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, la propia Ciudad Universitaria y domicilios de los diferentes dirigentes.

Incluso mencionó que "se han recibido detalles sobre la llegada de mil 200 agentes de la Agencia Federal de Investigación" al aeropuerto Benito Juárez para proceder a las detenciones.

Ante el eventual operativo, López Ortega dijo que la APPO ofrecerá una "respuesta eminentemente pacífica", sin caer en la violencia.

Para esto, subrayó que el movimiento magisterial y popular "ha depurado" sus contingentes y ordenado no permitir "ni un encapuchado más", con el propósito de evitar la participación de infiltrados.

Destacó que el llamado al diálogo a Gobernación no significa la derrota de la APPO ­porque "esta lucha justa la seguirá enarbolando el pueblo"­, sino el único propósito de detener la "escalada de violencia".

Por otra parte, se denunció la detención de Alberto Cilia y la ciudadana francesa Mile Sarah Ilich, quienes habían llegado a la entidad el viernes pasado como observadores de la organización de derechos humanos Yaxkin. Según las versiones, fueron aprehendidos cerca de Ciudad Universitaria.

A su vez, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Oaxaca-Antequera condenó la agresión al párroco de Los Siete Príncipes, Carlos Franco Pérez Méndez, y atribuyó la responsabilidad a quienes se identifican como Marco Tulio y Alexis, conductores de de la llamada Radio Ciudadana, afín al gobierno de Ulises Ruiz, por los llamados hechos para atentar en contra de su vida por haber permitido la instalación de un puesto de socorro médico en el curato, con el propósito de brindar ayuda, "sin distingo de ningún tipo, a quienes han resultado heridos en los enfrentamientos".

"¿Quién está detrás de Radio Ciudadana, que tiene el poder para instalar y operar clandestina, ilegal e impunemente una frecuencia de radio sin que sea detenido por los delitos federales que realiza? ¿Por qué se permite que desde esta radio se llame al linchamiento y se incite a cometer delitos?", cuestionó el coordinador de esa instancia religiosa, Wilfrido Miaren Peláez.

Por otro lado, este martes iniciará el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, donde, según informó Adelfo Regino, se discutirá la problemática indígena en el estado, pero también sobre la situación que prevalece en la entidad. Regino cuestionó que por estas condiciones "se hayan comenzado a poner retenes en las carreteras para evitar que los compañeros de la sierra acudan al foro".■


• Trasladan a un penal de Nayarit a 141 detenidos en los enfrentamientos del sábado
ALONSO URRUTIA , OCTAVIO VELEZ ENVIADO , CORRESPONSAL LA JORNADA

-Preocupa la salud de los detenidos en Oaxaca; los enviaron a Nayarit
- "Yo sólo pido una cosa, una nada más: que me dejen verlas para saber que están bien"
- Intentan las autoridades ocultar el maltrato físico y la tortura, denuncian ONG y familiares

Oaxaca, Oax., 27 de noviembre. "Yo sólo pido una cosa, una nada más: que me dejen verlas para ver que estén bien". Es una petición elemental en condiciones normales para el familiar de un detenido, pero lo que pide Angela Soriano es casi imposible aquí y ahora, bajo este estado de excepción. Sus hermanas Lourdes y Socorro fueron detenidas el sábado pasado, día de la movilización de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), aunque no participaban en ella.

Reunidos en una casa, recelosos de todo aquel que se acerque, los familiares comparten su desesperación, su indignación y su impotencia. Un hombre relató, sin ocultar su ansiedad, la búsqueda de su hermano Ismael Sánchez: "yo llegué ayer al penal de Miahuatlán a buscarlo; cuando se lo llevaron tenía golpes en la cabeza y al parecer una costilla rota, pero no me dejaron verlo. Como a las 3 y media, nos dijeron que los iban a mover porque había un motín de reclusos en su contra y ya luego los vimos cómo los sacaron a él y a todos los detenidos del sábado del penal para subirlos a dos helicópteros".

Otro familiar terció: "los llevaban a todos esposados y agachados. No los dejaron decir nada. Los estaba cuidando el mismo Ejército, para sacarlos hacia otras cárceles fuera del estado". Los testimonios dan cuenta de que los helicópteros PF202 y PF203 sirvieron para el traslado ­según se oficializó después­ de más de 140 detenidos el sábado pasado.

Muy cerca de ahí, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, una asamblea de alumnos fue convocada para conocer sobre los graves sucesos en torno a esa escuela: una balacera ocurrida el sábado pasado y la desaparición de Luis Javier Pacheco, estudiante del quinto año que colaboraba en los puestos de socorrro.

En la asamblea se denunció que "el sábado 25 de noviembre, alrededor de las 21 horas, un grupo de personas que intentaba resguardarse en las instalaciones de la facultad al ser perseguido por paramilitares y judiciales fue arteramente acribillado en el frontispicio de nuestra escuela, como lo evidenciaron testigos presenciales, siendo los cuerpos levantados por los elementos mencionados, estando actualmente en calidad de desaparecidos".

Ante los alumnos, el director de la facultad, Víctor Navarro, habló de la desaparición de Pacheco, de quien informó que habría sido trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco, según reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les dijo también que presentarían una denuncia por ambos hechos, pero no ocultó su recelo porque "todas las instituciones son paleras del gobierno".

Después hablaría la madre del estudiante, Gabriela Vázquez, y justo realizaba su denuncia cuando se escucharon disparos, sobresaltando a los asistentes. A las puertas de la facultad, un vehículo rojo había cerrado el paso a un automóvil gris donde viajaban tres estudiantes de medicina, dos de los cuales fueron "levantados".

Versiones posteriores de los estudiantes responsabilizaron a Francisco Vázquez, un "porro" de la universidad "al servicio de Lino Celaya", secretario de Protección Ciudadana del gobierno del estado. Los hechos fueron considerados por los estudiantes como parte de la cadena de intimidación y represión hacia los estudiantes que han participado en los puestos de socorro, durante los hechos violentos de las semanas recientes.

Ilegalidad en los traslados

Por la mañana, Yésica Sánchez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, se reunió con los familiares de los detenidos, ante quienes dijo que "sus testimonios particulares dan cuenta de que hay un patrón general del estado en la incomunicación, en obstaculizar su defensa legal y en su traslado a otros penales para que, entre otras cosas, poder ocultar las evidencias del maltrato físico, las torturas de que fueron víctimas".

Frente a estas circunstancias, dijo después en entrevista, el discurso del estado de derecho con que se ha justificado todo este operativo en Oaxaca queda totalmente rebasado y fuera de lugar. Son claras las evidencias de los excesos cometidos; muchas de las mujeres fueron golpeadas, tenemos testimonios de que a alguna de ellas le arrancaron la blusa.

Entre los familiares, las explicaciones se convierten en súplicas para que alguien haga algo por detener los excesos. Susanne Brass denuncia la desaparición de su esposo Juan de Dios Gómez, un reportero de la agencia Indimedia ­donde laboraba el reportero estadunidense Brad Hill, asesinado hace días­ y quien deploró el maltrato que la Policía Federal Preventiva hizo de los familiares que sólo querían saber de ellos.

Reyna Ruiz, cuyo esposo Roberto Morales está detenido, narró su historia, un peregrinar de penal en penal para verlo, sin resultados. "Ellos si saben dónde está, ¿por qué nos golpean sicológicamente con tanta negativa? Queremos saber de ellos". En su visita a Miahuatlán, le tocó ver la salida de un grupo de presos, "los hombres golpeados brutalmente y todos, hasta las mujeres esposadas y agachadas, en la fila para subir al helicóptero".

Apenas estaban diseñando una estrategia legal para lograr comunicarse con sus familiares cuando el rumor se convirtió en una versión oficial confirmada: los detenidos fueron trasladados al penal de San José del Rincón, Nayarit, por ser considerados presos de alta peligrosidad.

Un calificativo que no conciben los familiares para quienes en realidad fueron detenciones indiscriminadas. José Luis Zurita explicó que su esposa fue aprehendida cuando se dirigía a la tienda; Angela Soriano afirmó que sus hermanas fueron "levantadas" muy lejos del Centro Histórico. Y agregó: "yo voté por Ulises, ¿por qué hace esto, por qué el gobierno permite esto?"■


• Seguridad Pública federal dice que todos los detenidos son de ''alta peligrosidad''
ALFREDO MENDEZ , JESUS NARVAEZ REPORTERO , CORRESPONSAL LA JORNADA

Se acabó la tolerancia; comenzarán los cateos a diversos inmuebles, advierte la PFP

A solicitud de la Secretaría de Protección Ciudadana de Oaxaca, la Policía Federal Preventiva (PFP) envió al Centro Federal de Readaptación Social numero 4, ubicado en Nayarit y conocido como San José del Rincón, a 141 presuntos miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que participaron en los disturbios del pasado sábado en aquella ciudad, cuando fueron incendiados varios edificios gubernamentales.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó ayer que 107 de los detenidos son hombres y 34 mujeres, y todos ellos "tienen un perfil de alta peligrosidad".

A su vez, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, confirmó que la dependencia a su cargo tomó conocimiento de los saqueos y quema de edificios a entidades públicas federales, entre ellos diversos juzgados de Poder Judicial Federal, la delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instalaciones del Sistema de Administración Tributaria.

Entrevistado ayer en la ciudad de México, el responsable del Ministerio Público Federal refirió que ya se inició una averiguación previa para investigar a los presuntos responsables de los disturbios del pasado sábado.

Asimismo, el funcionario descartó que la Agencia Federal de Investigación (AFI) hubiese participado en las detenciones de integrantes de la APPO, registradas el pasado fin de semana

En tanto, la SSP federal informó mediante un comunicado que el traslado de los detenidos se realizó en dos grupos, el primero de 58 personas, 38 hombres y 20 mujeres, y un segundo contingente de 69 hombres y 14 mujeres.

Aunque el informe oficial no mencionó los delitos que se les imputa a los miembros supuestamente de la APPO detenidos, fuentes extraoficiales indicaron que los cargos son por motín, daño a edificios federales y sedición, los cuales por su gravedad no alcanzan el beneficio de la libertad provisional bajo caución.

Según el comunicado, los consignados fueron detenidos los días 24 y 25 de noviembre, así como el pasado sábado, durante el enfrentamiento entre elementos de la PFP y miembros de la APPO.

"La solicitud de colaboración fue hecha formalmente al comisionado del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP federal, Juan Herrera Marín (por parte del Gobierno de Oaxaca).

"(el traslado se dio) Por considerar que los detenidos tienen un perfil de alta peligrosidad y debido a que en Oaxaca no cuentan con las instalaciones carcelarias con las condiciones de seguridad suficientes para su resguardo", puntualizó la SSP federal.

A su vez, Ardelio Vargas, jefe del Estado Mayor de la PFP, aseguró ayer en diversas entrevistas que se acabó la tolerancia para los grupos que han realizado actos vandálicos en Oaxaca.

El funcionario informó que la PFP realizará cateos durante las próximas horas para capturar a los responsables de la quema de inmuebles públicos.

Indicó que la SSP federal envió a Oaxaca a elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) para que realicen patrullajes en la ciudad y ubiquen a los líderes e integrantes de la APPO que enfrentan órdenes de aprehensión.

Niegan acceso a comisión del PRD

En Nayarit, autoridades del centro federal de readaptación socialde San José del Rincón informaron que recibieron a 141 reclusos procedentes de Oaxaca, presuntamente implicados en los disturbios ocurridos en esa entidad durante el fin de semana, e impidieron que entrara al lugar una comisión de representantes del PRD, encabezada por la diputada federal Sonia Ibarra, quienes pidieron corroborar la situación de los detenidos.

La legisladora perredista indicó que solicitaron permiso de entrar a hablar con dos de los detenidos, Jorge Sosa y César Mateos, miembros del comité directivo del PRD en Oaxaca, quienes aparentemente fueron golpeados al momento de su aprehensión.

"Nos impidieron el paso los miembros de la PFP que se hallan desde la caseta de entrada (a dos kilómetros del penal), en tanto que al periodista Argimiro León (corresponsal de Radio Fórmula), que nos acompañaba, le apuntaron con una metralleta y le impidieron tomar fotografías", dijo la legisladora, quien recordó que el reportero "sufre de diabetes y se puso muy mal", por lo que fue trasladado a Tepic.

Indicó que una primera versión que recibió fue que, por mediación del coordinador de la fracción perredista en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, se le permitiría a ella y a sus correligionarios entrar más tarde al penal. Sin embargo, se les impidió permanecer cerca de la caseta de entrada, y estuvieron al borde de carretera hasta las 6 de la tarde, cuando les informaron que, en definitiva, no podrían pasar este lunes.

Los 141 detenidos llegaron procedentes de Oaxaca, en medio de un fuerte dispositivo implementado por la PFP en el aeropuerto de Tepic. Según fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Nayarit, se les trasladó durante la madrugada del lunes en un convoy hasta el penal federal, ubicado cerca de esta localidad, a 15 kilómetros de la capital del estado.

El acceso al penal incluso fue restringido a familiares de trabajadores de la prisión que, procedentes de Tepic, cotidianamente trasladan a sus parientes hasta su sitio de trabajo o acuden por ellos al salir de labores.

La diputada Ibarra informó que este martes estarán en la entidad representantes de la tercera y cuarta visitadurías de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para solicitar el ingreso al penal, y se espera que se permita también participar en esta visita a la secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo del PRD, Marcela Nolasco, quien se halla asimismo atenta a la situación de sus compañeros y de los reclusos en general.


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