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Jueves 8 de febrero de 2007
Declaracion de Carlos Petroni ante el juez Oyarbide en la causa contra la Triple A

Sr. Juez:

CARLOS ENRIQUE PETRONI, por derecho propio constituyendo el procesal junto a la letrada que me patrocina Dra. Liliana Mazea, en Av. Corrientes 1785 2º Piso, “C” en la CAUSA Nº 6511, caratulada "López Rega, José, sobre asociación ilícita”, del registro de este Juzgado Criminal Federal Nº 5 a V.S. decimos:

l. OBJETO:

Que en mi condición de damnificado por el delito de acción pública que denuncio y teniendo en cuenta el reconocimiento de mis derechos que surgen de estas actuaciones, vengo por el presente a solicitar ser parte querellante en el presente proceso.

ll. HECHOS E IMPUTADOS:

Que al solo efecto de dar cumplimiento a lo prescripto por los incisos 2º y 3º del art. 83 CPPN, consigno:

A) Vengo a hacer esta presentación porque considero que entre 1971 y 1978 fui el objeto de persecución, detenciones arbitrarias, persecución y tres intentos de asesinatos por la autodenominada Triple A o AAA (Alianza Anticomunista Argentina) y finalmente fui despedido de los talleres gráficos Impresiones Ramos Mejía utilizando como argumento la declarada inconstitucional legislación de seguridad nacional, obligado a vivir en la clandestinidad, forzado a abandonar mis hijos y mi familia y finalmente, para preservar mi vida, marchar al exilio en 1978.

Que esta situación personal, que se replicó en miles de compañeros y compañeras de las mas distintas corrientes y partidos de izquierda, no podría haberse dado en su sistematicidad, cantidad e impunidad sin el concurso prestado a los autores, a partir de 1973, a su organización material, sino por el estado a través de la ejecución de leyes, la arbitrariedad de sus fuerzas policiales y militares y el apoyo material y humano prestado por el mismo a los ejecutores de esta política de lesa humanidad.

Que esta sistemática persecución de la que fui víctima se dio mientras era miembro del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), un partido legal, con personería jurídica y que participó en todas las elecciones desde 1973 (años de su fundación) hasta 1976, cuando fue ilegalizado inconstitucionalmente por el gobierno militar sin fundamentación alguna. Que, como miembro del PST, los militantes apelábamos a la organización, movilización y educación política de los trabajadores y jóvenes y los métodos de la clase obrera tal cual lo entendíamos aplicando las lecciones aprendidas en gestas tales como el llamado Cordobazo y otras expresiones de lucha propias de la clase trabajadora.

La movilización, la participación electoral, la solidaridad con huelgas obreras y la defensa de los derechos humanos y democráticos de todos son teóricamente métodos protegidos por la Constitución y las leyes laborales vigentes en el momento de mi militancia y por lo tanto no merecían ni justificaban la represión salvaje e ilegal a la que fuimos sometidos, bajo ningún punto de vista. Nuestra oposición política a los gobiernos que se sucedieron en el período que cubre 1971-78 no merecían el tratamiento por medio de métodos fascistas y de guerra civil a los que fuimos sometidos.

Que es bajo esas circunstancias que sucedieron los hechos que paso a enumerar:

B) El 6 de diciembre de 1971, una grupo de personas identificadas como Concentración Nacional Universitaria (CNU) que después se integraría a la denominada Triple A y posteriormente servirían a los Grupos de Tareas de la dictadura militar irrumpió en una asamblea universitaria en la facultad de Arquitectura, de la ciudad de Mar del Plata, donde yo vivía para esa época.

Todos los atacantes a la asamblea del día 6 pertenecían al grupo de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) y entre ellos se encontraban Beatriz Arenaza, Luis Raya, Oscar Silvestre Calabró, Carlos Cuadrado, Carlos Zapatero, Ricardo Scheggia (hijo de uno de los zares de la construcción de Mar del Plata), Adrián Enrique Freijo (que al correr de los años, y ya bajo el gobierno de Menem se desempeñaría como interventor de Radio LU6, y como primer jefe de prensa del entonces electo presidente Carlos Menem) Marcelo Arenaza, José Luis Piatti, Carlos Eduardo Zapatero, Raúl Rogelio Moleón, Alberto José Dalmasso, Eduardo Salvador Ullua, Fernando Federico Delgado, Eduardo Pretelli, Mario Dourquet, Ernesto Macchi, Oscar Héctor Corres (a quien Menem quiso nombrar juez federal en 1992), Juan Carlos “Bigote” Gómez (que fungía como secretario del entonces titular de la CGT local Nelson Rizzo), uno de los hermanos Cuatogno (hijo de los dueños de importantes negocios, incluyendo fabricas de aceite, sidra y ferreterías y que luego seria nombrado en un alto cargo de la universidad local en 1974 por sus conexiones con López Rega).

A la CNU la dirigía por entonces uno de los hermanos Piantoni, el Dr. Ernesto Carlos Piantoni, uno de los dueños del monopolio local de distribución de cigarrillos y golosinas, Piantoni Hnos.

Todos los nombrados mas arriba eran asesinos sin experiencia. Casi todos ellos recibieron el 6 de diciembre su bautismo de fuego y pondrían luego su experiencia bajo las órdenes del teniente coronel Jorge Osinde y López Rega en la Masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973 según consta en muchos de los relatos y testimonios de ese primer ataque a gran escala de la derecha peronista.

Piantoni fue asesinado, presumiblemente por Montoneros, en 1975. En su velorio, los miembros de la CNU y la Triple A juraron vengarse “100 x 1” e inmediatamente pusieron manos a la obra secuestrando y asesinando, tarea en que no detuvieron bajo el Proceso sino que prosiguieron con mayor entusiasmo. Mar del Plata, bajo el Proceso, así como lo fue durante el reino de la Triple A, fue una de las ciudades más golpeadas.

Lo mismo había hecho en 1971 cuando juraron vengarse de quienes los habían mandado presos a varios de los de su grupo.

Se sospecha que también participaron en distintos aspectos del ataque a la asamblea estudiantil del 6 de diciembre de 1971, otros miembros cercanos a la dirigencia sindical local y otros militantes de CNU tales como Raúl Arturo Viglizzo, Ricardo Alberto Cagliolo, Ernesto Macchi, Luis Horacio Raya, Eduardo Aníbal Raya, Oscar Silvestre Calabró, Carlos Roberto Cuadrado, Martha Silvia Bellini, Silvia Martín, Roberto Rodríguez, Jorge Gómez, hermano del asesino “Bigote” Gómez, bajo la dictadura y luego en la democracia en distintos puestos públicos, y Jorge De la Canale.

Es de destacar:

Corres y Gómez dispararon con armas de fuego a mansalva sobre este grupo de 300 estudiantes absolutamente indefensos y que no tenían escapatoria ya que los atacantes habían bloqueado la única entrada al auditorio. Cuatro estudiantes caen abatidos por las balas y otros treinta reciben heridas de diversa consideración. La estudiante Silvia Filler, una de las participantes de la asamblea, hija de un dentista local y que no pertenecía a ningún grupo político y era lo que se podría considerar una activista independiente, muere a consecuencia de un impacto de bala en la frente y otros que le impactaron en el cuerpo disparados por los asesinos.

Algunos estudiantes de la asamblea que lograron huir se acercaron corriendo a un patrullero de la policía estacionada en la esquina de la facultad y les informaron de lo que estaba ocurriendo. Los policías dijeron que nada podían hacer y no se movieron del lugar ni comunicaron las “novedades” a nadie.

Ulloa, Cincotta, Catuogno, Piantoni, Gómez, Corres y otros miembros de este grupo de 1971 fueron denunciados en distintas audiencias del llamado Juicio por la Verdad, Mar del Plata del 2001, Informe de la Secretaría de DDHH de A.D.U.M. y la Comisión del Juicio por la Verdad de Mar del Plata, cuyos testimonios pueden consultarse para la verificación pertinente, como integrantes primero de la Triple A y luego de los Grupos de Tareas que, en Mar del Plata, fueron organizados durante la dictadura militar y en por lo menos dos casos, entre ellos el de Ulloa, fueron implicados en juicios contra represores del Proceso que se llevaron a cabo en España.

Luego del ataque a la asamblea en 1971, y tal como se registra en medios de prensa de la época como Primera Plana, y los diarios La Capital y El Atlántico entre otros, y en representación de varios partidos, coordiné las reuniones de la llamada Comisión de Repudio y Justicia por el crimen de Silvia Filler.

Como resultado de la investigación hecha por esta comisión, en concurso con abogados como Jorge Candeloro, y la realización de un paro general que tuvo lugar el 14 de Junio de 1972 – en donde el gobierno de Lanusse mandó tropas a reprimir las manifestaciones pacíficas – varios de los asesinos de Filler fueron juzgados y Corres y Gómez enviados a prisión, junto a otros integrantes del grupo.

Entre 1971 y 1973, los elementos de este grupo que permanecieron en libertad me amenazaron a mí, a los abogados de la causa y a los testigos. Estas amenazas incluyeron notas amenazadoras, llamadas telefónicas del mismo tenor y pintadas alrededor de nuestros domicilios con lemas tales como “Ojo bolches, CNU vigila”.

Las amenazas escritas y orales de esa época fueron cumplidas por este grupo cuando se integraron a la Triple A y luego a los GT del Proceso. Los abogados Candelero y Centeno, asi como algunas de las víctimas del ataque de 1971 como Marcos Chueque y otros dirigentes políticos envueltos en la Comisión de Repudio y Justicia fueron asesinados en las etapas de actuación de la Triple A (1973-76) o secuestrados, desaparecidos y asesinados en masacres tales como la “Noche de las Corbatas.”

Corres y Gómez, asi como otros cómplices, salieron en libertad por la amnistía decretada para presos políticos del 25 de mayo de 1973.

Entre los crímenes en los que estuvieron envueltos entre 1974 y 1976 estos mismos individuos, operando como la Triple A figuran los tres intentos de asesinato contra mi persona durante el mes de marzo 1974 y la voladura del local del PST de esta ciudad en donde había sido planificada una reunión con mi presencia que luego, antes del atentado, se suspendió.

El primer intento de asesinato contra mi persona se produjo cuando caminaba con un grupo de trabajadores del Supermercado La Estrella Argentina frente a la Municipalidad local. En esas circunstancias, desde un automóvil Falcon, se hicieron numerosos disparos, algunos de los cuales impactaron en el cuerpo de Ricardo Moyano, que se hallaba a mi lado, hermano de Mario Moyano, el dirigente sindical de los trabajadores de La Estrella Argentina.

Dos días después, al abandonar la sede del sindicato mercantil donde se realizo una asamblea de los trabajadores del supermercado La Estrella Argentina donde estos votaron por unanimidad que yo podía participar de la misma en mi carácter de asesor sindical de los trabajadores ante la obstinada oposición de los dirigentes del sindicato, fui atacado por un grupo de unas ocho personas que descendieron de dos automóviles: un Falcon y otro del que no recuerdo su marca o modelo.

El hecho sucedió mientras cruzaba la plaza ubicada frente a la catedral; de la ciudad, a dos cuadras del sindicato que acababa de abandonar, en horas de la noche. Obviamente el grupo me estuvo esperando. Me resistí y recibí varias heridas. Entre los atacantes, que huyeron dándome por muerto, reconocí a Corres, Gómez y a uno de los hijos del entonces secretario general del SOIP, Abdul Saravia.

Durante mi estadía en el hospital, los representantes del gremio mercantil local me aseguraron que ellos no tenían nada que ver – cosa que reafirmaron en un comunicado que hicieron público en la prensa local – y en su conversación afirmaron que “la orden seguramente venía de arriba.”

Miembros de la dirección local del Comando de Organización, que reunía elementos de derecha a los que inculpamos entre otros en un primer momento, nos aseguraron repetidamente que su organización no había tomado parte en los atentados y que ellos habían sufrido “deserciones a manos de una organización nacional anticomunista responsable” de los mismos.

La policía envió a dos oficiales de civil a visitarme al hospital pero se negaron a tomarme una declaración o denuncia formal. Dijeron textualmente “nosotros estamos solo para recoger los cadáveres”.

Todos los detalles de estos atentados están registrados en las páginas de los diarios locales La Capital y El Atlántico y en la prensa nacional, incluido una cobertura extensa en el diario Noticias.

Tiempo después, la Triple A y el Proceso se ensañarían con los trabajadores de esa huelga también, asesinando algunos otros trabajadores, como Melita Martín, también del PST.

Ya durante el Proceso, y actuando como Grupo de Tareas de los militares, fueron responsables entre otros asesinatos del de varios prominentes abogados locales, entre ellos Norberto Centeno (abogado peronista y defensor de presos políticos que fuera uno de los autores de la Ley de Contrato de Trabajo) y Jorge Candeloro (que militaba en el PCR) en lo que se dio en llamar “La Noche de las Corbatas” y el secuestro del dirigente del gremio de periodistas local, Amilcar González. (Ver Actas Juicio por la Verdad, Mar del Plata del 2001, Informe de la Secretaría de DDHH de A.D.U.M. y la Comisión del Juicio por la Verdad de Mar del Plata)

Es de destacar, como demuestra la investigación de los periodistas Esteban Pablo Soroeta y Juan Marco García, en su trabajo “ Los Chicos de la CNU: Un secreto a voces que desnuda la trama represiva del poder local” los abogados que intervinieron en la representación de Silvia Filler y los heridos de 1971, Jorge Candeloro y otros (La noche de las corbatas), así como los principales testigos, incluyendo Marcos Chueque, fueron asesinados por la Triple A y los Grupos de Tarea del Proceso.

Es de destacar que en todo este proceso, los integrantes de este grupo mantuvieron una estrecha amistad y colaboración política con el entonces secretario general del gremio de camioneros local (1972) y luego secretario general de la CGT local (1976-83), que incluso llego a la conformación de organizaciones políticas conjuntas, Hugo Moyano, actual secretario general de la CGT nacional a quien, como mínimo, habría que preguntarle qué sabe de las actividades de ese grupo en 1971, durante la etapa de la Triple A y bajo el llamado Proceso.

Que Moyano ha mantenido relaciones políticas con miembros de este grupo hasta el presente parece indicarlo el hecho de que algunos colaboradores actuales, como Jorge Abelardo Rampoldi, provienen de ese grupo y que hace pocas semanas, Moyano viajó para realizar una operación millonaria con la familia de los dirigentes de dicho grupo: Piantoni.

Durante mi convalecencia de las heridas recibidas en el atentado de fines de marzo de 1974, nuevamente un grupo armado que tripulaba un Ford Falcon, intentó asesinarme en una calle de Mar del Plata, en las proximidades de la Plaza Colón. Esa vez me puse a recaudo corriendo contra el tráfico impidiendo con ello la persecución del automóvil que transportaba al grupo armado.

Luego de ese intento decidí trasladarme a la ciudad de Buenos Aires donde fui alojado provisoriamente en la casa de varios compañeros del PST hasta que logré conseguir trabajo en el gremio gráfico e instalarme por mi cuenta. Luego de varios trabajos entré a trabajar en Impresiones Ramos Mejía, sito en la calle Loyola 450 en donde permanecí hasta poco después del golpe de estado del 24 de Marzo de 1976.

A poco de llegar a Buenos Aires, asesinan a mi compañero Inocencio Fernández, obrero metalúrgico que es secuestrado, torturado y ejecutado (Mayo7, 1974) y en Mayo 30 se produce la llamada Masacre de Pacheco, donde son secuestrados, luego de asaltar un local del partido, los trabajadores Oscar Dalmacio Meza, Antonio Moses y Mario Zidda.

Dos días después de este ultimo asesinato de la Triple A, se realiza el sepelio y una marcha que parte de nuestro local central del PST en la calle 24 de Noviembre. Entre otros dirigentes que hablan en el funeral está el diputado Ortega Peña quien hace responsable de los asesinatos al General Perón.

Luego de esas circunstancias, y por mi trabajo político en el gremio gráfico, tengo la oportunidad junto a otros compañeros, de reunirme en varias ocasiones con Ortega Peña que estaba muy ligado a la Federación Grafica Bonaerense y a Raymundo Ongaro.

En una de esas ocasiones, en donde charlamos acerca de los asesinatos de militantes del PST, Ortega me dice que “a ustedes los mandó matar Perón, no les quepa la menor duda. Yo se que también estoy condenado a muerte y también me matarían si pudiesen.”

Creo que el “si pudiesen” se refería al hecho de que el era diputado nacional y matarlo hubiese significado un gran escándalo. Esta frase de Ortega Peña repercutirá en mí por mucho tiempo ya que poco después la escucharía de la propia boca del comisario Almirón.

Ortega Peña, contra sus pronósticos – en los que creía ya que no llevaba escolta ni guardia personal – es asesinado en la noche del 31 de julio de 1974 cuando descendía de un taxi con su mujer en la esquina de Carlos Pellegrini y Arenales, asesinato autoadjudicado por la Triple A.

Sus restos son velados al día siguiente en la sede de mi sindicato, la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) en la Av. Paseo Colón. Una marcha que se inicia en el sindicato y que sigue hacia el cementerio es detenida por la policía y nos obligan a subir a micros.

El micro en el que yo viajaba es rodeado por motos y patrulleros policiales que nos obligan a tendernos de cara al piso dentro del colectivo y nos llevan a una comisaría, detenidos. Luego sabré que son cinco los micros con activistas detenidos de la misma forma. Junto a los detenidos frente al cementerio, la cantidad de presos asciende según reportes a 380. La operación es dirigida en persona por el comisario Villar.

Al llegar a la comisaría, el oficial a cargo de la misma, creo el comisario que no vi por estar de cara al piso en el interior del micro, grita “llévenselos, si el ministerio los quiere que los reciban allá”. Pensé en ese momento que se refería al Ministerio del Interior. Luego me enteraré que era el Ministerio de Bienestar Social.

El micro parte y llega a una nueva comisaría donde estaciona en lo que me parece era un patio interior. Se nos hace descender mirando hacia abajo y nos encierran en un calabozo grande, amplio, y dos o tres pequeños.

Por los calabozos y las dependencias de la comisaría pasa Villar mas tarde y da instrucciones en voz alta a los policías presentes de que nos fichen a todos que vendrán a buscar esas fichas y las fotos mas tarde.

El cabo de guardia y un oficial van sacando a los detenidos para ficharlos y fotografiarlos. Yo me niego aduciendo – como se había discutido en mi organización – por ser de un partido con personería legal y haber sido detenido en una actividad dentro de la ley: participación en el velorio de un dirigente público.

Me dejan para después. Dos o tres horas después vienen a buscarme nuevamente y me llevan a una sala en el frente de la comisaría. Allí, un oficial vuelve a insistir en ficharme a lo que me niego nuevamente. El oficial se dirige hacia un grupo de tres personas de civil entre las que reconozco – después del hecho, un tiempo después por verlo en fotografías de la prensa – al comisario Rodolfo Eduardo Almirón por entonces encargado de la guardia personal de López Rega, pero a quien también he visto en fotografías alrededor de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez de Perón.

Almirón está con otros dos hombres de civil, uno de traje oscuro, el otro de traje claro. El de traje claro me parece hoy día, de mirar las fotos en la prensa, que era el suegro de Almirón, Morales. Pero no estoy completamente seguro de eso y debería ver fotografías de la época para confirmarlo.

El oficial que acababa de preguntarme – al que reconocería si volviera a ver a pesar del tiempo transcurrido – comenta con Almirón y los otros mi respuesta. Los tres hombres se ríen estruendosamente. Almirón dice en voz alta:

“Decile al pendejo de mierda ese que eso no le va a servir para nada. Contale lo que decía Ortega Peña cuando lo quemamos (o quemaron, no recuerdo bien la palabra exacta)” y luego remedando la voz de Ortega Peña y haciendo gestos con las manos “No tiren, no tiren, soy diputado nacional.” Para terminar “Mas vale que toque el pianito sino va a terminar igual que el.”

La única razón por la cual me negaba hasta ese momento a ser fichado era para demorar la verificación de domicilio ya que estábamos instruidos en dar una dirección falsa o la de un familiar lejano en caso de ser detenidos. En mi caso, por ser nuevo en Buenos Aires, la dirección para estos casos me la había facilitado un militante de otro local de capital del PST llamado Nicotera y que respondía al apodo de “Nico” y que trabajaba en la empresa grafica Anthony Blanck, de Chacarita.

Finalmente me ficharon, tomaron las huellas y fotografías. Las mismas les fueron entregadas a Almirón, que en conversaciones con los otros individuos indicó que debían volver al Ministerio. Tiempo después comprendí que hablaban del Ministerio donde trabajaban y entendí los comentarios del primer comisario que había rechazado el cargamento de detenidos. Recuerdo que tiempo después leí en la prensa que el día de esas detenciones, cinco comisarios habían sido suspendidos por Villar por negarse a participar de los operativos. Luego, dos de los mismos fueron reintegrados a sus puestos.

Me sacaron de la comisaría en un jeep de la repartición con la cabeza entre las piernas. Dieron una serie de vueltas que a me parecieron vueltas manzanas y después de unos 5/7 minutos me dejaron en Avenida Callao, muy cerca del Colegio El Salvador. Estuve detenido casi dos días.

Durante los meses siguientes se da una escalada contra el gremio grafico. Un miembro de la comisión interna de Editorial Abril, Pedro Caccamo, es secuestrado y torturado en el barrio de Liniers después de concurrir a una reunión de la FGB en donde yo me encontraba también (21 de julio, 1974). Se dan varias golpizas de delegados y amenazas a los delegados de varios talleres.

En Agosto son desactivados cinco panes de TNT en la puerta del sindicato grafico en Av. Paseo Colón. Dos días después del velorio de Ortega Pena y nuestras detenciones.

En septiembre comienza un duro conflicto sindical en mi sindicato, la FGB. Una manifestación que organizamos de 4.000 personas frente a la Cámara de Empresarios gráficos es disuelta por la policía utilizando balas de goma. Varios de mis compañeros son heridos por las mismas.

En Noviembre de ese mismo anos son secuestrados y asesinados dos compañeros de mi partido: Juan Carlos Nievas y Rubén Boussa. Las personas que los secuestran y asesinan se identifican como policías. Casi simultáneamente en pleno Caballito es asesinado un alto dirigente de mi partido Cesar Robles por un grupo que no es interferido por la policía presente a media cuadra cuando es arrastrado de una heladería donde ha buscado refugio y fusilado.

El local central del PST en la calle 24 de Noviembre es ametrallado en esos días. La situación general que vivimos en la organización es que hay una verdadera cacería de nuestros militantes. Bastante tiempo después me entero que el compañero Nicotera y su esposa, el que me había facilitado la dirección para dar en caso de ser detenido, fueron secuestrados y desaparecidos hasta ahora, y el domicilio que yo había dado allanado en mas de una ocasión.

En 1974, no pasa un día sin que nos enteremos por los diarios, informes del PST o de militantes de otras organizaciones con los que compartíamos espacios de asesinatos y secuestros de militantes, voladura de locales, represión de conflictos. Esta situación que era ya aguda en los primeros meses del año, se agiganta después de la muerte de Perón el 1ro. de julio.

La situación es particularmente grave en mi gremio grafico. En junio de 1974, los 20.000 obreros de la FGB, incluyéndome, entramos en conflicto. Jorge Zakour en desacuerdo con las medidas de lucha que, en su opinión, van contra el Pacto Social de Perón, renuncia a la junta directiva del sindicato con otros cinco dirigentes, creo que todos de Fabril Financiera.

El 19 de agosto, el gobierno retira la personería gremial a la FGB y el Ministro de Trabajo lo acusa de “querer romper el pacto social y estar contra el gobierno popular”.

El 22 de agosto se lleva a cabo un paro general del gremio. Con ayuda de la Corte Suprema de esos momentos, queda firme el retiro de la personería gremial de los gráficos. Muchos de nosotros recibimos amenazas de la Triple A.

El 27 de septiembre la policía arresta 80 dirigentes y activistas de mi sindicato y en los procedimientos tres de ellos son heridos de bala.

El 11 de Octubre se forma un nuevo sindicato en manos de Zakour al cual el gobierno le otorga rápidamente la personería y le entrega los bienes e inmuebles de lo que fuera la FGB. A finales de Octubre es detenido Ongaro acusado de tenencia de armas y aunque un juez ordena su liberación permanece en prisión.

Con otros activistas del Partido Comunista, Política Obrera y miembros de la Lista Verde ongarista ayudo a organizar la oposición a Zakour en el gremio. Se hacen elecciones y Zakour apenas si las gana, sobretodo con el voto de los jubilados a quienes se les dice que de ganar nosotros perderían su obra social. En la mayoría de las grandes empresas, incluyendo donde yo trabajaba, Zakour pierde por amplio margen.

En una reunión tempestuosa en el local de Av. Paseo Colon, dirigiéndose a mi y a otros dos miembros del PST, Jorge Zakour nos amenaza diciendo “si tienen suerte, van a terminar como Ongaro y si fuera por mi, acabarían como Ortega Peña.” Zakour ha amenazado de muerte a otros activistas del gremio durante su gestión.

Un mes antes del golpe de estado de 1976, Zakour, en acuerdo con los directivos de mi lugar de trabajo contratan a dos miembros del entorno del dirigente del nuevo sindicato que, obviamente, no tenían experiencia en el gremio ni en el trabajo. Unos días después del golpe y mientras se discutía las medidas para oponerse a él, uno de estos individuos monta una provocación y como consecuencia de ello le da excusas a los empleadores para, basándose en la ley de seguridad nacional, despedirme.

El PST es declarado ilegal por la junta militar en los primeros días después del golpe y por lo tanto, todos nosotros debemos pasar a la clandestinidad. Tenencia de un periódico del partido es punible con severísimas penas de cárcel de acuerdo al decreto de ilegalización.

Al día siguiente del golpe – me entero meses después porque no mantenía contactos con mi familia por razones obvias – es volada la puerta de acceso al departamento de mi hermano en Mar del Plata y él es encapuchado, atado y secuestrado. Según un testimonio posterior de mi hermano, me explica que lo llevan a una playa encapuchado para matarlo creyendo que es a mí al que detienen. Según su relato, alguien advierte que no soy yo y es trasladado a la cárcel, blanqueado y un tiempo después dejado en libertad.

Mi situación se hace insostenible en la clandestinidad y decido abandonar el país, lo que hago en enero de 1978. Sólo para regresar definitivamente en el 2004.

b) Imputados: Como se demostrará a través de las pruebas a producirse en autos, las personas involucradas en los hechos criminales narrados deben ser procesadas por los delitos de lesa humanidad que constituyeron el accionar de la organización aquí investigada, entre otros a Rovira y Morales. Asimismo, se debe solicitar la extradición y atribuirse responsabilidad penal por los hechos descriptos a Rodolfo Eduardo Almirón Sena y a María Estela Martínez de Perón.

III - Por lo expuesto solicito a V.S. me tenga por parte querellante en autos y con el domicilio constituido.

PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA. ■


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