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El Pacto Alfonsín-Isabel

En 1984 Alfonsín hizo un pacto político con Isabel Perón: impulsó en el Congreso una ley de amnistía especial para la ex presidenta y a cambio ella regresó a la Argentina para desautorizar a la agresiva conducción partidaria de Lorenzo Miguel. La ley, que no ha sido derogada, sostiene que ningún juez podrá juzgar a Isabel porque no fue destituida mediante juicio político sino por un golpe militar. Además le devolvió bienes por nueve millones de dólares y la eximió del pago de impuestos.

Por Horacio Verbitsky PAGINA/12

Ley 23.062, sancionada el 23 de mayo de 1984 por la Cámara de Diputados

En una manifestación espontánea presentada al juez federal de Mendoza Héctor Acosta, que instruye una causa por una desaparición forzosa ocurrida en febrero de 1976, el ex presidente Raúl Alfonsín negó “la absurda especie de que existiera algún acuerdo, expreso o tácito, destinado a que no se investigaran los hechos ocurridos antes del 24 de marzo” de ese año. Sin embargo, la ley 23.062, sancionada el 23 de mayo de 1984, estableció que la ex presidenta María Estela Martínez de Perón no podría ser juzgada por ningún delito que hubiera cometido antes del golpe militar, porque no había sido desaforada ni sometida a juicio político como prevé la Constitución, sino destituida por un “acto de rebelión”. La ley se autodenominó “instrumento de reparación histórica” de la ex presidenta y el proyecto fue negociado entre los jefes de los bloques radical y justicialista de la Cámara de Diputados, César Jaroslavsky, Diego Ibáñez y José Luis Manzano. Nunca fue derogada y podría servir a la defensa de la ex presidenta en ese y en cualquier otro expediente judicial, aunque su constitucionalidad es más que dudosa.

La ex presidenta regresó a la Argentina dos días después de la sanción por la Cámara de Diputados de este bill de indemnidad, que el Senado convirtió en ley dos días después de su primera reunión con Alfonsín. La negociación estuvo a cargo de una Comisión de Enlace, que Isabel había encargado a su ex ministro Pedro Arrighi y soslayó al Consejo Nacional Justicialista que, bajo la conducción de Lorenzo Miguel, jaqueaba al gobierno. Alfonsín e Isabel se encontraron cuatro veces en un mes y firmaron un Acta de Coincidencias junto con otros partidos políticos menores, que el gobierno consideraba imprescindible para superar los escollos que ensombrecieron su primer semestre: la dura posición del FMI y los bancos acreedores en la negociación de la deuda externa, la reticencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a avanzar en el enjuiciamiento de las juntas militares, las resistencias generadas por la mediación papal en el conflicto con Chile por las islas sobre el canal Beagle y la recomposición de relaciones con los sindicatos luego del rechazo por el Congreso de la ley de reordenamiento y democratización de las asociaciones profesionales. Una fotografía del cuchicheo de ese día entre Alfonsín e Isabel es más elocuente que mil palabras.

La hipótesis descabellada

En su descargo judicial del 26 de enero pasado, Alfonsín dijo que nunca buscó la impunidad para ningún orden de crímenes y por eso propició la anulación de la ley de autoamnistía de la última Junta Militar. En cuanto asumió, pidió al Congreso que la declarara nula, con lo cual “quedó expedita la persecución penal para todos los delitos cometidos desde el 25 de mayo de 1973, ya fueran de terroristas o de represores, militares o civiles”. Como tampoco puso ningún límite temporal a las investigaciones de la CONADEP, resulta “descabellada” la hipótesis de un supuesto pacto con el justicialismo. Alfonsín mencionó los decretos 157 y 158, con los que promovió acciones penales contra los jefes del ERP y Montoneros y contra los integrantes de las Juntas Militares. Pero omitió explicar por qué no impulsó del mismo modo las investigaciones sobre los crímenes de la Triple A. También calló la sanción de la ley 23.062 a partir de cuya promulgación, el 13 de junio de 1984, Isabel quedó bajo la protección de una encubierta amnistía. Tal como sucedería tres años más tarde con la de obediencia debida, este texto precursor se parece demasiado a una sentencia judicial. Consta de apenas tres artículos y consagra la impunidad para la ex presidenta, extensiva a los “integrantes de los poderes constitucionales” destituidos. Esto incluye a todos los diputados y senadores, con lo que para muchos también constituyó una autoamnistía. Alfonsín vuelve a exonerar ahora de toda responsabilidad a Isabel: en el último párrafo de su manifestación judicial afirma que la Triple A comenzó a actuar “con anterioridad a la presidencia de María Estela Martínez de Perón” y que la causa judicial no prosiguió luego de la muerte del ex ministro de Bienestar Social José López Rega, debido a “la no ubicación de otros responsables”. Es decir, los responsables son dos muertos y ninguna viva.

Los primeros tropiezos

La mejor herramienta electoral de Alfonsín fue su denuncia de un pacto militar-sindical: apoyo castrense al sindicalista metalúrgico Lorenzo Miguel para la reorganización de los gremios intervenidos, a cambio de impunidad durante el futuro gobierno peronista para los militares acusados de crímenes atroces. Cuando por primera vez el peronismo fue batido en elecciones libres, el nuevo presidente intentó golpear sobre caliente a los dos términos de la alianza derrotada. La ley de reforma al Código de Justicia Militar permitiría llevar a juicio a los jefes militares de la dictadura y la de asociaciones profesionales recortaría el poder sindical. Denominada de reordenamiento y democratización, contemplaba la representación de minorías en cada gremio, sometía el control de las elecciones sindicales a la justicia electoral y prohibía la participación de los dirigentes electos en política partidaria. También anunció una suspensión de seis meses en el pago de los intereses y amortizaciones de la deuda externa de 45 mil millones de dólares, con el objeto de renegociar sus pesados vencimientos. Además, anunció que aceptaría la propuesta de Juan Pablo II, ya que la paz con Chile devaluaría el peso militar en la política argentina. Casi nada salió como esperaba. En los primeros cien días de su mandato, los acreedores le doblaron la muñeca. El 31 de marzo se anunció que la Argentina había pagado los 500 millones de dólares de intereses que le exigía el club de bancos presidido por el Citi, gracias a un crédito que le concedieron México, Venezuela, Brasil y Colombia, garantizado por el Tesoro de los Estados Unidos a condición de que la Argentina se comprometiera con el FMI a practicar las clásicas medidas de ajuste. En vez de club de deudores hubo club de garantes. La inflación se acercaba al 15 por ciento mensual. La mayoría radical no tuvo inconvenientes en aprobar la ley de reordenamiento sindical en Diputados pero el peronismo, aliado con los sapagistas neuquinos, la detuvo en el Senado. Miguel impulsó entonces huelgas y movilizaciones para unir las demandas burocráticas de la dirigencia con los legítimos reclamos populares y también impulsó el rechazo al acuerdo con Chile. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se resistía a la autodepuración que Alfonsín le había delegado, los organismos de derechos humanos denunciaban que sólo el ex dictador Benito Bignone, el general Ramón Camps y unos pocos oficiales más habían sido detenidos hasta ese momento. El 4 de mayo marcharon a la Plaza de Mayo y no fueron recibidos por Alfonsín cuando intentaron entregarle un documento con 200 mil firmas que declaraba la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad.

El regreso

En esas condiciones, Alfonsín entendió que era imprescindible operar sobre las contradicciones del peronismo. Poco antes de las elecciones, el Congreso partidario había elegido a Isabel como presidenta del Consejo Nacional, un cargo que imaginaban decorativo una vez que Italo Luder ganara la presidencia. Pero luego de la derrota la ex presidenta pasó a ser la principal autoridad partidaria y objeto de deseo del gobierno. En un reportaje al New York Times, Alfonsín se esperanzó con que Isabel fuera capaz “de controlar a los dirigentes sindicales más militantes” y a un grupo de periodistas franceses les dijo que a partir del regreso de la ex presidenta podría tener un interlocutor único en el archipiélago justicialista. A través de la embajada en Madrid, el gobierno ofreció a los colaboradores de Isabel garantías políticas y económicas para su retorno al país. En la madrugada del 18 de mayo la Cámara de Diputados votó la ley de reparación isabelina. Desde las 62 Organizaciones, Miguel denunció que el gobierno quería dividir al peronismo, que no pudo oponerse a la sanción de un instrumento que beneficiaba a la viuda del fundador. El artículo 2 dice que “los jueces carecen de legitimación para juzgar a las autoridades constitucionales destituidas por actos de rebelión, por ausencia del presupuesto representado por el desafuero parlamentario o juicio político previstos constitucionalmente”. Todos los jueces, no sólo los de facto, y por toda la eternidad.

Un acto político

Como suele ocurrir con los instrumentos políticos de emergencia, la ley de reparación se trató sobre tablas, sin dictamen previo de comisión. El proyecto original del diputado justicialista Héctor Ferré era una declaración genérica sobre la invalidez de la actuación de unos funcionarios “con el título de jueces pero que, en realidad, eran sólo actos de persecución política llevados adelante por meros delegados de la dictadura militar”. Pero las bancadas del bipartidismo gobernante acordaron convertirlo en un proyecto de ley e incluir el nombre de la ex presidenta. Esto implicaba la devolución de algunos bienes y la anulación de órdenes de reintegrar otros, a particulares o al Estado. Durante el debate en la madrugada del 18 de mayo de 1984 el diputado bloquista sanjuanino Antonio Díaz Lecam desnudó en forma irónica la motivación de este cambio: dijo que no quería creer que la intención del proyecto fuera que Isabel sustituyera al jefe sindical Lorenzo Miguel en el diálogo político con Alfonsín. La defensa más encendida del proyecto corrió por cuenta del presidente de la Cámara, Juan Carlos Pugliese, quien dijo que no había querido “esconderme detrás de la presidencia” porque se trataba de “la consolidación del poder democrático”, que no puede ser “obra de un solo partido”. Por eso, no intentaría realizar “el análisis jurídico de un acto eminentemente político” dirigido a lograr “la unión nacional”, por parte de una Cámara “que es política y no jurídica”. Nunca antes se había expuesto con tanta claridad en el Congreso la política alfonsinista de lottizazione a la italiana (el reparto de parcelas de poder entre los principales partidos para que ninguno quede a la intemperie), que una década más tarde desembocaría en el Pacto de Olivos. Aquella noche Pugliese expuso que de ese modo se echarían “las bases para resolver la emergencia nacional y unir al país”. A lo largo de su extenso discurso reiteró una y otra vez ese concepto. Según las transcripciones del diario de sesiones, Pugliese dijo:

- “No sé si el proyecto tiene errores de técnica legislativa, no sé si tiene posibilidades de ser cuestionado jurídicamente. Pero sé que en el país no podrá ser cuestionado políticamente”.

- “Tal vez sea criticado duramente en muchos medios de difusión, considerándoselo una especulación política producto de una aparcería de los sectores mayoritarios de la Cámara y que el radicalismo hace esto para favorecer al doctor Alfonsín en un diálogo que mantendrá con la señora de Perón”.

- “¿Qué importa si tiene algunas fallas jurídicas? Nadie ha querido hacer preciosismos de derecho. Lo que se ha querido hacer es un acto político”.

- “No me importa lo jurídico... Nosotros produciremos este hecho político para alcanzar la unión nacional”.

Se comprende la insistencia, porque la ley votada no resiste el análisis jurídico.

Los objetores

Quienes la objetaron fueron tres diputados cuya intención era ampliar el abanico de posibilidades de enjuiciamiento, con el propósito de fortalecer la posición de las juntas militares. Alvaro Alsogaray se retiró del recinto en desacuerdo con el tratamiento sobre tablas. Pero los provinciales Ricardo Balestra, de Corrientes, y Cristina Guzmán, de Jujuy, la impugnaron con el tipo de argumentos jurídicos que Pugliese desdeñaba. Guzmán dijo que el Código Penal no habla de sanciones, como el proyecto de ley, sino de penas. Todos los jueces y diputados sancionados con la destitución deberían volver a ocupar sus cargos anteriores y además podrían iniciar acciones indemnizatorias, agregó. Esto distorsionaría el principio de igualdad ante la ley, porque los actos de la dictadura seguirían siendo válidos para casi 28 millones de argentinos “y no para nosotros”. Además los jueces no tienen “legitimación”, como dice la ley, sino “jurisdicción y competencia”. El artículo 2 “otorga una impunidad permanente y definitiva” y quien “fue diputado en 1973 no puede ser juzgado porque ya no puede ser desaforado” y si cometió algún delito “quedará en la impunidad”. El artículo 3 tiene forma de ley pero “es en realidad una sentencia, ya que declara la aplicación de los artículos 1 y 2 a una persona determinada”. Balestra sostuvo que los defectos jurídicos del proyecto lo hacían “franca y totalmente inconstitucional”. Constituye una intromisión indebida del Congreso en el ámbito del Poder Judicial. En el caso de la Cruzada de la Solidaridad, Isabel había recibido diez millones de dólares para obras de beneficencia pero sólo había ingresado nueve a la cuenta correspondiente. La ley daría un beneficio económico indebido a Isabel y los importes defraudados no se reintegrarían ni a los particulares que los entregaron ni a la obra para la que estaban destinados. La amnistía oblicua a favor de Isabel no cubriría sólo los delitos patrimoniales sino también a los crímenes de la Triple y se preguntó qué ocurriría si algún juez la citara para pedirle explicaciones o recibirle declaración indagatoria. “Del articulado del proyecto surgiría la imposibilidad de concretar tal citación, lo cual impediría toda investigación al respecto”. Las actas institucionales podían ser derogadas, por decreto o por ley, pero las amnistías no pueden ser individuales. Si lo que se pretende es un indulto, el Poder Ejecutivo puede dictarlo. “Por la amnistía cesa la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones y de la obligación de reintegrar lo defraudado.” Por el indulto (que Alfonsín ya había dictado respecto de la inhabilitación) se extingue la pena pero no las indemnizaciones derivadas del delito.

Detrás de las vallas

Isabel llegó el domingo 20 de mayo, acompañada por una amiga española y pronunció por primera vez la frase con que la recordará la historia: “No me atosiguéis”. Dijo que había que “cuidar a nuestro querido presidente porque está trabajando mucho”. Rodeada por los verticalistas de la Comisión de Enlace, se negó a recibir al Consejo Nacional partidario, cuyos miembros la vieron en el aeropuerto desde atrás de las vallas de seguridad, y desestimó el documento que le hicieron llegar con propuestas hostiles hacia el gobierno. Ese día, Alfonsín viajó a La Rioja, donde compartió el palco con el gobernador Carlos Memen, el único de los justicialistas que apoyaba a su gobierno. Según el diario Tiempo Argentino, Menem esperaba como rédito de ese acercamiento la “candidatura a la presidencia de la Nación”. Alfonsín lo apoyaría en el intento. Compañero de escuela primaria de Isabel, Menem dijo que a partir de la unidad de los argentinos se podrían construir los “Estados Unidos de Sudamérica, para enfrentar juntos a todos los imperialismos de turno” y advirtió contra quienes “están jugando a la quiebra del orden constitucional, los de afuera y los traidores de adentro”.

El 21 de mayo Alfonsín recibió a Isabel, quien se presentó con un séquito de cuarenta personas: todos los miembros de la Comisión de Enlace, que fueron acomodados en los mejores lugares y a quienes la ex presidenta les dio la palabra, y todos los del Consejo, que debieron sentarse atrás y no pudieron abrir la boca. Un fotógrafo pidió que Isabel le diera la mano a Miguel, pero ella se negó en forma ostensible y sólo dijo: “¿Cómo está Lorenzo?”. La mujer le regaló una lapicera al presidente y dijo que ahora “primero está la Patria, después la Patria y por último la Patria”. Alfonsín e Isabel secretearon varias veces en voz baja y la ex presidenta le dijo que “estoy para lo que guste mandar” y “el gobierno puede contar con el justicialismo para todo lo que interese al destino de nuestra Patria”. El gobernador de Salta, Roberto Romero, expuso el malestar del Consejo por estas frases, por el maltrato recibido y por el archivo del documento que le habían presentado y que dieron a publicidad. En los días siguientes el presidente se reunió con representantes de los demás partidos políticos y abrió conversaciones con sectores empresariales. Isabel aceptó recibir al Consejo Nacional y, según la crónica de Joaquín Morales Solá en Clarín, les dijo que no le hicieran huelgas a Alfonsín “como las que me hicieron a mí”. Llegaba el turno del Senado, que también sobre tablas sancionó la ley de reparación 48 horas después del encuentro entre los presidentes.

De las brasas a las flores

En el debate sobre tablas del 23 de mayo el presidente del bloque justicialista, Alberto Rodríguez Saá, sostuvo que era el proyecto más trascendente tratado desde la finalización de la dictadura porque golpeaba a la doctrina de facto, “creada por las minorías del privilegio, por la oligarquía nativa, para poder hacer los golpes de Estado”. A la luz de la experiencia del siglo hay que crear la “doctrina constitucional correcta, en virtud de la cual el usurpador no puede juzgar a los representantes del pueblo”. Isabel era todavía “la única proscripta” y volvía al país “como símbolo de paz”. Fueron evidentes las reservas de varios miembros del bloque radical que votaron a disgusto una amnistía con nombre y apellido, luego de criticar el método elegido por el gobierno para congraciarse con la ex presidenta. “Se trata de una ley por una cuestión menor, para cancelar procesos mezclados con problemas patrimoniales”, que aparece como una condición para el diálogo con el presidente, por lo que el problema no es jurídico sino político, dijo Fernando de la Rúa. Tomás Antonio Berhongaray dijo que votaría la ley por disciplina partidaria pero pidió que al menos le hicieran conocer su texto porque hasta entonces no había podido leerlo. Luis Brasesco reconoció que la ley era condición para un diálogo político, al que intérpretes y politólogos asignan “una intención aviesa, traviesa o secreta”. Pero igual estaba dispuesto a “caminar sobre las brasas de la incomprensión y llegar con la humildad del labriego al altar de la Patria, para dejar la flor de la unidad nacional”. El chaqueño Luis León hizo un último intento por despersonalizar la ley, porque “los malpensados del país se refieren a esto no como a un negocio grande sino a un negocio chico”. El conservador-peronista por Olavarría Julio Amoedo lo confirmó sin querer. Muchos ex presidentes habían sufrido cárcel y persecución, pero sólo Isabel había sido “privada del ejercicio lógico y natural de sus bienes”.

Las coincidencias

Alfonsín volvió a recibir a Isabel el 30 de mayo, esta vez en compañía de los gobernadores justicialistas, que reclamaron mayores transferencias de recursos de la Nación. Al salir, Menem declaró que “de ser necesario los justicialistas arriaremos nuestras banderas en pos de la unión nacional”. El 1 de junio fue el tercer encuentro Isabel-Alfonsín, esta vez en Olivos. Allí se acordó la redacción del Acta de Coincidencias, que Alfonsín, Isabel y los jefes de varios partidos firmaron el 7 de junio. El intransigente Oscar Allende se negó a suscribirlo, porque sumaba expresiones de deseos y no habían participado en su elaboración: “Como la situación está un poco difícil para el gobierno, que no ha cumplido ninguna de sus promesas y está requiriendo el aval de la señora de Perón, durante días han pergeñado entre ellos una declaración conjunta, pero ello no implica que nosotros tengamos que sumarnos”. El 8 de junio, luego de que se removieran de su avión 400 gramos de trotyl, que de estallar hubieran destruido la aeronave en vuelo, la ex presidenta volvió a España, donde permanece hasta hoy. El Poder Ejecutivo le había restituido bienes por nueve millones de dólares y la había eximido del pago de impuestos, el Congreso había dejado sin efecto todas las indemnizaciones que debía pagar y había cerrado la posibilidad de cualquier persecución penal futura. Esa fue la primera vez que Alfonsín puso la casa en orden. ■


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