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InternacionalesDebate sobre la guerrilla mexicana

¿Sirven a los obreros y campesinos estas acciones guerrilleras del EPR?

Por Sebastián Robles

El EPR informó que, para “hostigar al gobierno de Felipe Calderón” y exigir la aparición de presos políticos, había procedido a volar ductos de PEMEX (la compañía de gas y petróleo del estado mexicano) con “ocho cargas explosivas detonadas… en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, Guanajuato” y en la “válvula de seccionamiento del municipio de Corregidora, Querétaro, entre el 5 y 10 de julio.”

Las fallas en el suministro de gas natural ocasionadas por las explosiones en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) afectaron la operación de grandes plantas fabriles de las ramas siderúrgica, automotriz y de vidrio, según reportes de las compañías. En tanto, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) estimó que al menos 800 empresas industriales -pequeñas, medianas y grandes- redujeron sus niveles de producción por la falta de este combustible en las ciudades de Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, León y Celaya.

Los hogares de decenas de miles de mexicanos pobres y trabajadores, así como hospitales y escuelas resultaron también afectados en las regiones donde se produjeron los atentados. Las perdidas en producción se estimaron en unos 800 millones de dólares por día. Decenas de miles de trabajadores fueron suspendidos de sus labores por los inconvenientes causados en la producción.

Mientras el hostigamiento al gobierno de derecha y pro imperialista de Calderón y el PAN y la exigencia de la aparición de los presos políticos son objetivos loables, el método de afectar la propiedad del estado y con ello afectar a cientos de miles de campesinos y localidades de trabajadores, al igual que empresas y emprendimientos de la oligarquía mexicana, no sirven absolutamente para nada. Es mas, obtienen resultados adversos a los declarados.

Ideal Standard, una de las principales fabricantes de muebles para baño en el mundo, informó que detuvo las actividades de mil 500 trabajadores debido a que una parte ''medular'' de su proceso productivo depende de sus hornos de gas natural, y dijo que ''esta situación continuará hasta que sea restablecido'' el suministro de este combustible. Con plantas en Aguascalientes, esta compañía fabricante de muebles sanitarios estimó en 5 millones de dólares sus pérdidas por la falta de suministro de gas natural, entre las que contó ''la cancelación de exportaciones de 100 mil piezas''.

Las plantas ensambladoras de automóviles de Nissan y Honda en Aguascalientes trabajan parcialmente por la misma causa, mientras en la Siderúrgica de Guadalajara, dedicada a la maquila de piezas de hierro y acero, ocurre una situación similar.

En tanto, la Canacintra aseguró que debido a la falta de suministro de combustibles entre 800 y mil empresas han tenido que detener sus operaciones, lo que significa pérdidas diarias de entre 50 y 100 millones de pesos.

A este respecto, Pemex informó que ''la empresa cuenta con una póliza de seguro para este tipo de eventos'', y que existiría cierta compensación a las empresas por la perdida de producción. Sin embargo, esta compensación no alcanzaría a los salarios caídos de los trabajadores.

Gilberto Ortiz, vicepresidente del Comité de Petroquímica de la Canacintra, dijo que si las explosiones en los ductos de Pemex no se produjeron por falta de mantenimiento, entonces debe cuestionarse el descuido o la falta de vigilancia del Ejército en instalaciones estratégicas, debido a que el gobierno federal ha decidido utilizar a los militares en los operativos contra el crimen organizado. Con estas declaraciones se busca reforzar la injerencia del ejército en la vida económica y civil del país con el pretexto del terrorismo.

El industrial también reconoció que los atentados pueden servir de ''pretexto'' para que algunas empresas y sectores industriales cierren o disminuyan su producción, aun cuando no utilicen grandes cantidades de gas. Este es el caso, dijo, de las compañías automotrices. Estas empresas habrían utilizado los ataques del EPR para licenciar sin pago a los trabajadores y disponer así de sus excesos de stocks en fábricas.

Las patronales han aprovechado la coyuntura para exigir legislación mas represiva, que alcanzaría incluso a las huelgas y protestas publicas y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó del gobierno ''ser garante de la seguridad nacional'' y hacer respetar el estado de derecho; exigió la aplicación de ''todo el peso de la ley'' en contra de los responsables de los atentados, y condenó la presencia de grupos que ''persiguen desestabilizar al país a partir del uso de métodos violentos''.

Como contrapartida, fue notable la irritación entre sectores obreros que debieron soportar suspensiones laborales o recortes drásticos en el suministro de gas a sus hogares, hospitales y otros servicios de primera necesidad. Más aun, el reemplazo de gas natural por gas licuado o en garrafones se hizo a precios superiores a los habituales. Los problemas causados por los atentados, entonces, fueron descargados sobre los hombros de los trabajadores y campesinos.

El gobierno, por su parte, ha iniciado una amplia campana de propaganda contrastando sus esfuerzos para la distribución de fuentes energéticas alternativas a los damnificados a los actos militares que les privaron de ellos.

El EPR no ha comprendido, como no lo han hecho en el pasado otras organizaciones guerrilleras, que no se puede sustituir al movimiento de masas, a la clase trabajadora y actuar en su nombre sin que esta, ni siquiera sectores significativos de esta, tengan ni arte ni parte en la discusión de las tácticas empleadas en la lucha.

La “desaparición” de prisioneros del EPR luego de ser capturados por el aparato represivo del gobierno y la de otros presos políticos y sociales es sistémica en México y mas recientemente se expreso con claridad en las movilizaciones populares, y subsiguiente represión, en Oaxaca y otros estados. La izquierda, los organismos sindicales y campesinos independientes y las organizaciones democráticas y de derechos humanos de México deben continuar y profundizar la movilización y la lucha concreta y de masas contra estos abusos del poder político y evitar así que se cometan, y que fuerzas como el EPR intenten llenar el vacío dejado, muchas veces, por la inactividad de las masas.

La guerra de guerrillas, particularmente en sociedades con altos índices de campesinado y superexplotación oligárquica en el campo, pueden ser útiles como tácticas auxiliares a condición que sean expresión de esa lucha de masas, no tiendan a sustituirla, se supediten a la disciplina de los organismos democráticos de las mismas y cumplan el papel de salvaguarda y protección de los trabajadores y campesinos en lucha contra la tradicional violencia de las bandas de los terratenientes y la represión estatal.

El EPR ni siquiera se acerca a esa concepción de la lucha. ■


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