- Una sentencia sobre el terrorismo de los años 70
- Afirmará que los crímenes de la banda ultraderechista fueron de lesa humanidad

Por Lucio Fernández Moores CLARIN

La ex presidenta María Estela Martínez de Perón podría ver empeorar su situación judicial en los próximos días. Es que la Cámara Federal se apresta a confirmar un fallo que declaró de "lesa humanidad" y, por lo tanto, "imprescriptibles" los delitos cometidos por la banda parapolicial que actuó durante su gobierno, la temible Triple A.

El tribunal analiza la apelación planteada por el único detenido que tiene esta causa en el país, el ex suboficial de la Policía Federal Miguel Angel Rovira. Isabel pugna por no ser extraditada desde España, país que ya accedió a enviar al otro imputado en la causa, el ex comisario Rodolfo Almirón (ver España...).

Fuentes judiciales dijeron a Clarín que la Cámara Federal reforzará los argumentos empleados por el juez Norberto Oyarbide cuando decidió equiparar los delitos cometidos en un período democrático por la Triple A con los llevados a cabo por los represores durante la dictadura.

En ese fallo, el juez instructor de la causa consideró que los crímenes de la Triple A "fueron motivados en cuestiones de persecución ideológica y política" y que "sirvieron de antesala e inicio del plan sistemático que desde el aparato del Estado se desarrollara en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983".

Básicamente éste es el mismo argumento que aplicó la Justicia para reabrir las causas contra los represores, pese al tiempo transcurrido desde que cometieron sus crímenes. Se los considera como parte integrante de un "plan sistemático" desarrollado desde el Estado.

La Triple A fue una organización parapolicial que comenzó a funcionar en 1973 y a la que se le llegaron a atribuir unas 1.500 muertes. Varios de sus miembros pasaron a integrar después del golpe de Estado de 1976 las "patotas" de la dictadura que secuestraron e hicieron desaparecer a miles de argentinos.

Isabel se niega a ser extraditada y por ello afronta un juicio en España. Su detención también fue pedida por otro juez federal, en este caso Héctor Acosta, de San Rafael, Mendoza, que la reclama por la desaparición de Héctor Fagetti Gallego, secuestrado el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe de Estado. En esa causa también se analiza la detención ilegal de un menor, Jorge Berón, liberado en 1977.

Oyarbide tiene en su juzgado una vieja causa abierta en 1975 en la que se investigan once homicidios atribuidos a la Triple A antes del golpe de Estado. Por siete de esos casos fue acusado como instigador el fallecido ex ministro de Bienestar Social, José López Rega.

A pedido de España, la Justicia remitió el mes pasado diversos datos solicitados para resolver el juicio de extradición de la ex presidenta. Entre ellos, según pudo saber Clarín, se incluyen los cuestionados decretos que ordenaron "aniquilar el accionar de la subversión". Los españoles querían saber quiénes los firmaron.

Además, la Justicia española solicitó a su par argentina copia del "acto de desaforamiento" de la ex presidenta si es que hubo algún tipo de juicio político. Isabel fue derrocada el 24 de marzo de 1976 por militares que tomaron por asalto la Casa Rosada. En ese caso, la Justicia argentina remitió a la española una copia de la primera acta de la junta militar que dio por inicio el llamado "Proceso de Reorganización Nacional".

Oyarbide también había procesado a otro ex policía, Juan Ramón Morales, pero éste falleció recientemente, el 31 de julio, a los 88 años, en su casa.■