Editorial Diario ABC, Paraguay, 27/5/2007

Unos años atrás, los gobernantes de Bolivia firmaron un tratado con Brasil para el suministro de gas natural por un periodo de 20 años a un precio sospechosamente bajo. El actual gobierno de Evo Morales –con pleno derecho– reclamó al Brasil la renegociación del acuerdo para aumentar los precios y amenazó con interrumpir el suministro del combustible. El Brasil se avino a aceptar el incremento del precio del gas. Lo mismo ocurrió con Argentina. En vista de estos acontecimientos, ¿por qué Brasil se niega a aceptar el reclamo paraguayo de injusto precio por la propiedad del 50% de las aguas del río Paraná que usa Itaipú, reclamo cuya justicia salta a la vista? Paraguay no pretende nacionalizar lo que le pertenece al Brasil, sino recuperar lo que legítimamente le pertenece.

Unos años atrás, los gobernantes de Bolivia firmaron un tratado con Brasil para el suministro de gas natural por un período de 20 años a un precio sospechosamente bajo. Lo mismo hicieron con Argentina. Para realizar la importación del gas, por su gran conveniencia y por su cuenta Brasil decidió construir un extraordinario gasoducto desde Santa Cruz (Bolivia) hasta San Pablo (Brasil) a través de la impenetrable selva amazónica, con una inversión de más de 3.000 millones de dólares, gasoducto considerado en su época como la más costosa obra pública de América Latina. El contrato se implementó y Brasil extendió el gasoducto por toda la costa atlántica hasta Porto Alegre. Sin embargo, después de unos años los precios sumamente bajos del gas boliviano fijados en el contrato resultaron ya demasiado inferiores a los precios internacionales, y el actual gobierno de Evo Morales –con pleno derecho– reclamó al Brasil la renegociación del acuerdo. Lo mismo hizo con la Argentina.

Ante la negativa del Brasil y la Argentina, el Gobierno de Bolivia amenazó con interrumpir el suministro de gas en caso de que no se aceptara pagar los razonables nuevos precios solicitados. El Gobierno de Argentina, primero, y el del Brasil, después, se avinieron a aceptar el incremento del precio del gas de 1,20 dólares por millones de metros cúbicos a cerca de 5,00 dólares por millones de metros cúbicos –400% de aumento–, un precio más acorde a los hoy vigentes internacionalmente y a satisfacción del Gobierno boliviano.

El Gobierno de Bolivia entendió también que estaba en el interés de su país nacionalizar las reservas de gas y petróleo, los pozos e instalaciones, las refinerías y los gasoductos que habían sido privatizados por anteriores gobiernos, por un monto del orden de 3.000 millones de dólares. Entre las infraestructuras más costosas nacionalizadas por el Gobierno boliviano se encuentran las refinerías e instalaciones de la estatal brasileña Petrobras, la mayor empresa de Bolivia y una de las más grandes del mundo. El presidente Evo Morales envió al Ejército a ocupar las instalaciones de Petrobras. Brasil protestó al igual que otros gobiernos, pero finalmente debió aceptar las condiciones impuestas por Bolivia. Argentina, España, Chile, Francia y EE. UU. también cedieron a las pretensiones de Bolivia.

En vista de estos acontecimientos recientes, la pregunta que nos surge a los paraguayos es: ¿Por qué Brasil se niega a aceptar el reclamo paraguayo del injusto precio por la propiedad del 50% de las aguas del río Paraná que usa Itaipú, reclamo cuya justicia salta a la vista?

La respuesta, aunque vergonzosa, es muy sencilla y evidente. Paraguay, en la práctica, careció y carece de un Gobierno que defienda su soberanía e intereses en cuestiones como las binacionales Itaipú, Yacyretá, Corpus, o en ríos internacionales como el Pilcomayo. Los mandatarios brasileños y argentinos conocen la incapacidad y la falta de patriotismo de nuestros gobernantes y funcionarios. Saben y se aprovechan de la corrupción generalizada de la que son autores o cómplices en las binacionales Itaipú y Yacyretá y en otras esferas estatales. Saben que nuestros propios gobernantes, en caso necesario, saldrán a defender la posición argentina y brasileña en contra del pueblo paraguayo, como ocurre con Bernal en Itaipú, González en ANDE y Recalde en Yacyretá. Esta es la razón por la que Lula y Kirchner tratan en forma despectiva las reivindicaciones reclamadas por los paraguayos.

Los reclamos del Paraguay no presentan las dificultades que enfrentó Bolivia con el gas natural. Paraguay no pretende nacionalizar lo que le pertenece al Brasil, sino recuperar lo que legítimamente les pertenece a los paraguayos: la mitad de toda la energía eléctrica generada por las aguas del río Paraná en la represa de Itaipú y la que Brasil viene usurpando a vil precio desde hace décadas. Paraguay no pretende violar o dejar de cumplir el Tratado de Itaipú o el Tratado de Yacyretá, solo exige que sean actualizados para garantizar a las partes el respeto a su soberanía sobre sus recursos naturales, así como lo hizo Bolivia.

En Itaipú, Paraguay quiere, entre otras reivindicaciones, que se eliminen las deudas espurias de 4.194 millones de dólares que acumuló entre 1986 y 1996, y de 3.600 millones de dólares entre 1997 y 2006, porque considera una verdadera y clara estafa que, por un lado, se le haya obligado a subsidiar al mercado brasileño con electricidad por debajo del costo y, por el otro, se le obligue a pagar el déficit originado por dicho subsidio, que en el 97% benefició al Brasil. Además, el Paraguay quiere disponer libremente de su energía hoy arrebatada por el Brasil a precio irrisorio, para comercializarla a quien más le convenga a precios que se acerquen a los de mercado. Nuestro país también reclama y debe obtener la revisión total y honesta de la deuda, cuyo insólito y descomunal crecimiento amenaza con postergar indefinidamente la renegociación del mismo tratado, permitiendo que el Brasil se apodere de la central hidroeléctrica tras arteramente embretar al Paraguay en una inmensa deuda que no podrá pagar jamás.

Ante las claras e irrefutables evidencias basadas en documentos vigentes que demuestran, sin lugar a dudas, la explotación inicua a que el Paraguay está siendo sometido, es inadmisible que el presidente Lula, quien se precia de solidario y preocupado por la vigencia de los derechos humanos en su país y en los pueblos “hermanos”, continúe en su despótica e intransigente postura de mantener el estado de indefensión, injusticia y de chantaje que sufre el Paraguay en Itaipú a manos del Brasil. Si esto no es imperialismo, ¿qué es? ■