Por Rosalía Vergara REVISTA PROCESO MEXICO

Muchos de los vicios que mantenían a Luz y Fuerza del Centro en números rojos tuvieron origen gubernamental. Dependencias federales como la Presidencia, la propia Sener y hasta la CFE nunca cubrieron sus adeudos millonarios por el consumo de energía, y poderosas empresas privadas evadieron el pago mediante diablitos u oscuros convenios. Además, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas señalan que mientras ellos firmaban convenios de productividad (y se disputaban la dirigencia), la empresa aplicaba políticas comerciales deficientes y condonó las deudas millonarias de gobiernos municipales y estatales.

Entre los argumentos del decreto que la Presidencia publicó el domingo 11 para liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC), el gobierno de Felipe Calderón no incluyó que parte de la descapitalización de la paraestatal fue provocada por los millonarios adeudos de dependencias federales, así como de grandes empresas nacionales y corporaciones trasnacionales.

Tampoco se refirió a que recientemente el director de la ahora extinta paraestatal condonó las millonarias deudas de los municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí. Ni cuestionó los convenios del gobierno capitalino con la paraestatal, como el relativo a la Torre Mayor, donde se instaló un software distinto al que tenía LFC, lo que impide conocer cuánta electricidad consume.

Entre todos estos casos suman aproximadamente 6 mil 500 cuentas especiales, de las cuales sólo 40% equivalían al 75% del presupuesto total de LFC.

De acuerdo con una lista elaborada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), alrededor de 30 dependencias federales adeudan millones de pesos por consumo de energía. Asimismo, el sindicato tiene una lista de 483 empresas que se "cuelgan" directamente de los cables mediante las conexiones improvisadas conocidas como diablitos.

El martes 13, en el mitin frente a la Cámara de Diputados donde el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo al SME, el dirigente sindical Martín Esparza denunció que la residencia oficial de Los Pinos, varios hoteles lujosos, e incluso los periódicos Reforma y Unomásuno tienen conexiones irregulares.

En entrevista con este semanario, Esparza explica que Reforma tiene una conexión triple, pero sólo se le factura una; y que a Unomásuno se le factura la energía de sus rotativas como si se tratara de energía de uso casero.

Revela también que los diarios Milenio y El Universal, lo mismo que Televisa, Televisión Azteca y algunas radiodifusoras tenían privilegios en el pago del servicio, pues se les descontaba hasta el 50% por órdenes de Jorge Gutiérrez Vera, el último director de LFC y quien fue miembro del Consejo Editorial de Economía de Reforma.

Farol de la calle

En la mencionada lista del SME se precisan cifras: la Presidencia debe 5 millones 801 mil 45 pesos. Al respecto, una nota del periódico Milenio del miércoles 14, señala que en la página web de la Tesorería constaba el pago de la Presidencia, por 1 millón 93 mil 504 pesos, realizado apenas el jueves 8, tres días antes de que Felipe Calderón decretara la desaparición de LFC. No obstante, esos datos no son públicos.

La nota periodística agrega que "al mostrarle el documento oficial, el líder sindical se limitó a reiterar que la Presidencia 'tiene adeudos', pese a que eso no se registra en el calendario de pagos".

En su documento, el SME señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) es la dependencia federal con el mayor adeudo: 321 millones 308 mil 108 pesos.

De igual forma, registra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe 11 millones 10 mil 81 pesos; su organismo descentralizado Telecomunicaciones de México, 10 millones 165 mil 279; la Secretaría de Gobernación (Segob), 11 millones 243 mil 393; la de Trabajo y Previsión Social (STPS), 998 mil 689; la Defensa Nacional (Sedena), 3 millones 34 mil 143 pesos, y "Sedena dirección general", 11 millones 826 mil 872 pesos; mientras que el Consejo de la Judicatura Federal tiene pendiente el pago de 8 millones 163 mil 617 pesos.

Según el listado del SME, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) adeudaba a LFC 13 millones 252 mil 520 pesos; el Poder Judicial de la Federación, 7 millones 60 mil 101; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 4 millones 386 mil 478; la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), 2 millones 504 mil 514; y la Lotería Nacional, 2 millones 360 mil 369 pesos.

De igual forma, la Contraloría debe 3 millones 542 mil 958 pesos; la Procuraduría General de la República (PGR), 3 millones 650 mil 502, y Liconsa, 2 millones 479 mil 325 pesos.

Los adeudos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son más complejos: como dependencia debe 3 millones 266 mil 57 pesos; su Coordinación de Administración Fiscal, 9 millones 117 mil 284, y su área de Cobro Foráneo, 722 mil 987 pesos.

Lo increíble es que en el listado de grandes deudores de LFC estén incluidas la cabeza del sector, Secretaría de Energía (Sener), con 517 mil 896 pesos, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 2 millones 274 mil 98 pesos.

Otras cuentas por saldar son las de la embajada de Estados Unidos, por 1 millón 798 mil 82; las tiendas Suburbia, por 8 millones 604 mil 442; Radio Móvil Dipsa, 15 millones 789 mil 361, y Nextel de México, 12 millones 180 mil 716 mil pesos.

Otro documento da cuenta del avance, hasta agosto pasado, de los servicios atendidos por los trabajadores de LFC en las cuentas especiales que la paraestatal tenía en liquidación. Allí se indica que muchas empresas tuvieron problemas por colgarse de los cables para no pagar la energía eléctrica.

Es el caso de sucursales de Gigante, Geo Edificaciones, Hipódromo de las Américas, Grupo Nacional Provincial, “Banco Bilbao Vizcaya”, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Laboratorios Médicos El Chopo, Sears Roebuck de México, Camino del Sol a Santa Fe, Desarrollo Inmobiliario Santa Fe, Tiendas Soriana, Acermex, Periodística Meridiano –que edita el periódico AM en León, Guanajuato–, el centro comercial Coppel y varias gasolineras.

También se colgaron de los cables la Universidad El Pedregal, la Escuela Secundaria y Preparatoria Justo Sierra, el Hospital de Traumatología del IMSS, Compañía Hotelera del Ángel y sucursales de Comercial Mexicana, Telmex, Blockbuster, Compañía Comercial Herdez, Milano, Elektra del Milenio, Sport City Lomas Verdes, Yale de México, Concanmex y Sanborns.

Incurrieron en el mismo delito –según el documento del SME– la Universidad La Salle, la mina El Tesoyo, la pista de patinaje de Inmobiliaria Cielo Azul, la Pista Olímpica de Hielo, Cinemex Zaragoza, el edificio del Fideicomiso de Fomento Minero, Operadora Vips, el Club Deportivo Cruz Azul, las oficinas Cosbel, Hotel Motel Casa Blanca... y así hasta sumar 483 empresas conectadas de manera irregular.

Hoyos financieros

Este año, el último que operó, LFC reportó, hasta marzo, 11 millones 723 mil 598 pesos por venta de energía. Recibió 3 millones 459 mil 238 pesos por las cuentas ordinarias y 8 millones 51 mil 994 por las especiales. Los gobiernos estatales pagaron 13 mil 132 pesos; los municipales 171 mil 641; el gobierno federal, 151 mil 713 pesos, y el gobierno capitalino 275 mil 749.

Tan sólo el año pasado, sostener la nómina de los trabajadores activos costó 12 mil 866 millones 427 mil 906 pesos, y las pensiones 11 mil 824 millones 841 mil 280 pesos.

LFC distribuía energía eléctrica al Distrito Federal, a 83 municipios del Estado de México, a 45 de Hidalgo, a dos de Morelos y a tres de Puebla. Los municipios debían 3 millones 965 mil 227 pesos y los gobiernos estatales 310 mil 178. Y pese a la precariedad financiera, entre 2008 y el presente año el director de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, condonó las deudas de los ayuntamientos mexiquenses e hidalguenses.

Entrevistado antes del decreto del domingo 11, que consumó la liquidación de la empresa, Alejandro Muñoz –el tesorero del SME que se disputó la dirigencia con Martín Esparza– atribuyó esa decisión de Gutiérrez Vera al deseo de quedar bien con el presidenciable gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y a que Hidalgo es la entidad natal del líder Martín Esparza.

De acuerdo con el Área de Recuperación de Pérdidas, que también dirigió Muñoz, en ocho meses se recuperaron 9 mil millones de pesos por concepto de cobro de adeudos. Sin embargo, a decir de Mateo Huarte, quien trabajaba en el área hasta que fue despedido en mayo pasado por oponerse a la dirigencia de Esparza, las pérdidas mayores se reportan en las cuentas especiales.

“De estas 6 mil 500 cuentas, alrededor de 40% equivalen a 75% de los ingresos totales de LFC. Este grupo, en ocho meses, realizó alrededor de 5 mil operativos y obtuvo cerca de mil millones de pesos por concepto de recuperación de deuda”, indica en entrevista.

Huarte denuncia que también fomentaban pérdidas el uso del mismo tipo de medidores desde hace 17 años y las políticas comerciales de LFC, como la tarifa DAC (servicio Doméstico de Alto Consumo) creada en 2002 por el entonces presidente Vicente Fox para cobrarle más a quien consumiera más de 250 kilowatts/hora al mes.

Un caso especialmente problemático es el de la Torre Mayor porque sus constructores instalaron equipo de medición distinto al que utilizaba LFC, que de esa forma no podía conocer el historial de consumo eléctrico del edificio.

Según Huarte, el director general de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, se reunió con representantes de la Sener y acordaron hacer que se reinstalaran los equipos de medición operados por la paraestatal. Pero, agrega Huarte, “yo no sé si se hizo, porque el 8 de mayo, con la ruptura política, nos lanzaron de la oficina en Juárez 90. Desde ese día no tenemos información de lo que pasa en la empresa”.

La misma situación enfrentó la paraestatal con las cementeras Apasco y Cemex, algunas empresas vidrieras y Palmolive. En el Hipódromo de las Américas ni siquiera dejan entrar a los empleados que toman la lectura de los medidores. El edificio corporativo de Liverpool, ubicado en Santa Fe, debía pagar 40 mil y 70 mil pesos por consumos ilícitos en enero y febrero de este año, pero no quiso acatar las reglas y terminó pagando 5 y 6 millones.

Lo mismo sucedió con las instalaciones de Honda, en Santa Fe, condominios, inmobiliarias, restaurantes como La Mansión, la tienda Liverpool de Polanco, e incluso con el hotel Suites del Ángel, ubicado atrás de la embajada de Estados Unidos y con el que el SME tiene un convenio de descuento para sus afiliados que vienen de los estados a congresos, mítines y reuniones.

A estos perjuicios para LFC hay que sumarles que aproximadamente 50% de los usuarios tiene conexión pero no paga, se cuelga con un diablito o manipula el medidor. “No existe el dato exacto”, afirma Huarte.

Rumbo a la privatización

En México la electricidad es cara, entre otros factores porque la CFE compra 40% de la energía a empresas extranjeras. Y LFC no genera electricidad pero le da servicio a las empresas, se encarga del alumbrado público y de los usuarios domésticos. El mayor consumidor es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, del Distrito Federal.

La Auditoría Superior de la Federación recomendó desde 2006 la liquidación de la paraestatal por considerarla inviable. De cualquier manera, el año pasado LFC y el SME firmaron un convenio de productividad que, de acuerdo con Alejandro Muñoz, era inviable y hubiera provocado la desaparición de la empresa en 2011. En ese momento LFC reportaba pérdidas de 30% contra 4% de la CFE.

Con el convenio de productividad, el Área de Recuperación de Pérdidas se dio a la tarea de cobrar adeudos y logró rescatar mil millones de pesos en menos de un año, dinero que se preveía utilizar para modernizar la paraestatal. Huarte comenta que LFC negociaba con los deudores cuando se trataba de empresas privadas.

Explica que la paraestatal tenía más de 40 mil trabajadores, pero hubiese podido operar con 22 mil y se hubiera saneado combatiendo la corrupción. Un ejemplo de ese mal, dice, fue el fraude por más de 1 millón de pesos cometido por Mario Garfias, quien no obstante fue reinstalado como representante sindical de Inspección.

En 2001 se creó el Programa de Reducción de Pérdidas (Prep 25-15), que trataba de reducirlas de 25% a 15%. Huarte calcula que, con proyectos como ese, LFC habría dejado de operar con números rojos en cinco años.

Hubo otros intentos. En la cláusula décima del convenio de reestructuración que firmó el SME con LFC sobre su contrato colectivo de trabajo 2008-2010, se acordó realizar los estudios de factibilidad técnica, jurídica y económica para gestionar ante la SCT y la Cofetel la concesión de la red pública de telecomunicaciones para la prestación de servicios de transmisión de voz, datos y video a través de una filial de LFC creada para este fin y aprovechando la infraestructura del organismo. El 30 de junio pasado se inició dicha gestión.

Asimismo, en la cláusula octava estipularon que el gobierno federal, a través de la Sener, convocaría a la instalación de una mesa de trabajo, en la que participaría la Cofetel, para revisar el contrato de compraventa de energía que celebraron la Sener y LFC el 23 de febrero de 2000 “con la finalidad de disminuir el precio de la energía en bloque”.

Sin embargo, el plan se derrumbó. Desde 2007 la empresa WL Comunicaciones firmó el convenio para conectarse a la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica con el fin de ofrecer el servicio conocido como Triple Play (televisión por cable, telefonía e internet), dejando al SME fuera de la jugada, según informó Esparza (Proceso 1719).

Con ese acuerdo el SME pretendía competir directamente con Cablevisión, empresa que brinda sus servicios mediante la conexión eléctrica pero, a decir del líder sindical, “se cuelga de los postes de LFC”. Esparza señaló a este semanario que José Antonio Prado Carranza, quien asesoró al gobierno federal en este proceso de liquidación de LFC, antes avaló cinco convenios y contratos de combustible asignados a Ivancar, la empresa del desaparecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando fue gerente jurídico de Convenios y Contratos, Consultoría y Prevención de Pemex y uno de los principales operadores del panista César Nava. ■