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InternacionalesUruguay: La Sucesión Progresista... Permiso para Gobernar

Por Ernesto Herrera

Acusar de traición a la clase dirigente que gobierna hoy sería una exageración. Nunca ha propuesto una ruptura antineoliberal ni ha predicado el “populismo”. Por el contrario ha estigmatizado toda propuesta de reformas radicales en nombre de contrarreformas neoliberales. Igualmente ha denunciado con énfasis la “demagogia” de “promesas fáciles”, justamente, porque era necesario desinflar “el aumento de expectativas” y echar por tierra las demandas populares.

En el mejor de los casos el progresismo ha prometido encarar la sucesión por la vía del “cambio posible”, ofreciendo en su lugar, todas las garantías para alterar lo menos posible las formas capitalistas de producción y funcionamiento.

El molde neoliberal

El discurrir de la economía está definido, tanto en su contenido como en la forma. Por ahora no hay ninguna disputa en términos de programa alternativo, incluso si se escuchan las quejas del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca José Mujica (Tupamaros). Los motivos de tensión provienen de la refinanciación de las deudas de los productores agrícolas, los créditos que el Banco de la República deberá otorgar a la producción en el supuesto del “impacto negativo del tipo de cambio”, que afecta a la “competitividad” de los exportadores.

La política económica se mantiene en una continuidad pura y dura. No se separa ni un centímetro de la matriz neoliberal trazada por los gobiernos de derecha.

Si alguien aún tuviera dudas, es el propio presidente de la República quien las ha despejado: el jueves 5 de mayo de 2005, frente a un auditorio de 500 grandes empresarios, banqueros e inversores-especuladores reunidos en Buenos Aires para el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Tabaré Vázquez defendió el “libre mercado”, propuso toda una gama de oportunidades para “asociarse con las empresas públicas” y tranquilizó una vez más a sus interlocutores diciendo que en Uruguay “no hay discriminación entre inversores nacionales o extranjeros (...) porque la inversión pública está limitada”. Y ha sido bien claro insistiendo en la “libre repatriación de los beneficios (...) y el respeto del secreto bancario” así como sobre la garantía de “saldar con puntualidad la deuda exterior” [1].

Es necesario entonces actuar en consecuencia. El gobierno aprobó -a pesar de todas las protestas de los movimientos sociales, de intelectuales, de partidos de la izquierda y de las redes implicadas en la protección del medio ambiente-, la instalación de las multinacionales de celulosa Ence-Eufores (española) y Botnia (finlandesa); con Lula aceptó la llegada de AmBev, multinacional de fabricación de cerveza denunciada internacionalmente por su política de represión sindical; ha promovido, en fin, el desembarco de American Móvil, trasnacional de la telefonía móvil, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim Helu, patrón de Televisa. Todas estas empresas se van a beneficiar de la exoneración de impuestos, subvenciones (que alcanzan hasta el 50% del coste en la Ley Forestal) y de líneas de créditos especiales.

Como los márgenes de inversión pública “son limitados”, se contempla la vía de asociación pública y privada entre inversores capitalistas y empresas del Estado. Éste es el caso ANCAP, la refinería del Estado. Incluso ignorando el mandato popular después del referéndum contra la privatización de diciembre de 2003, el presidente del directorio, Daniel Martínez (Partido Socialista) no sólo es partidario de asociarse y funcionar según “las reglas del derecho privado”, sino que yendo más lejos: no está de acuerdo con la garantía de empleo inscrita en la Constitución [2]. Frente a estos propósitos, la derecha aplaude el reciclaje: “Que un antiguo dirigente sindical convertido en presidente de una empresa pública, pregone el funcionamiento de la misma según el derecho privado y que ponga fin a la garantía de empleo de los asalariados muestra un sentido de la responsabilidad en el seno de la estructura del Estado digno de ser imitado” [3]. Por el momento, los planes de “asociación” están en punto muerto y el único avance que se ha hecho es respecto a un acuerdo con la PDVSA venezolana relativo a la compra de un millón de barriles de petróleo y de una posible inversión para agrandar y modernizar la refinería.

Este compromiso del gobierno con los inversores capitalistas se manifiesta de nuevo a propósito del agua. Esto significa que la ley constitucional que ha recibido el apoyo del 64’7% del electorado desde el Plebiscito del 31 de octubre de 2004, y que ha establecido que todos los servicios relacionados con el agua serán gestionados única y obligatoriamente por empresas públicas, no será respetado en su integridad. Un decreto gubernamental (20 de mayo de 2005) firmado por Tabaré Vázquez y sus ministros, establece que las empresas privadas “continuarán gestionando estos servicios hasta el fin del plazo acordado previamente estando sometidas a eventuales sanciones en caso de no respetar los acuerdos de concesión firmados”. La Comisión Nacional para la Defensa del Agua y de la Vida, que prometió la realización del Plebiscito, ha presentado un recurso jurídico contra el decreto, convocando también una campaña de firmas y una marcha de protesta que ha recorrido centenares de kilómetros.

No es pues por azar que la firma o no del Tratado de promoción y de protección recíproca de las inversiones con los Estados Unidos haya hecho tanto ruido [4]. Tabaré Vázquez y el equipo económico están por la firma de dicho acuerdo. Otros sectores del Frente Amplio (FA) que forman parte del gobierno y que tienen representación parlamentaria lo critican. Este es el caso del Movimiento de Participación Popular (MPP), del Partido Socialista y del Partido Comunista El Movimiento del 26 de Marzo [5] y algunos Comités de Base rechazan la ratificación del acuerdo y proponen discutirlo en el seno de la dirección nacional del FA, cuyo pleno ha sido aplazado. Pero lo cierto es que más pronto o más tarde, el tratado será ratificado. Incluso José Mujica ha anunciado que votará a favor, aunque el tratado no le satisfaga mucho, porque se trata según él, de ganar mercados: “Si no tengo otra solución que la de avalar este pan podrido, lo avalaré, pero no esperen que diga que este pan es bueno”. [6]

Programa consentido

El 8 de junio, en Washington, el FMI ha aprobado la nueva Carta de Intenciones del gobierno de Tabaré Vázquez. Un día más tarde, el Banco Mundial la firmaba. El programa económico del progresismo obtenía así el consentimiento de los patronos. El “país productivo” y la “redistribución de la riqueza” deberían esperar tiempos mejores.

El Ministro de Economía y de Finanzas, Danilo Astori, ya lo había anunciado: “Sin un acuerdo con el FMI no hay cambio (...) lo esencial de la inversión será privada y vendrá del extranjero (...) es por esto que la posibilidad de dar trabajo a los uruguayos dependerá de un acuerdo con el FMI”. [7] Y el acuerdo llega bien pero sin la acogida esperada por ciertos funcionarios del gobierno y economistas próximos al progresismo.

La Carta de Intenciones (que regirá el periodo junio 2005 a junio 2008) no se presta a dobles lecturas, está bien clara. Entre otras obligaciones, el cronograma establece las prioridades exigidas por el FMI: estabilidad macroeconómica, prioridad a la inversión privada, nada de “despilfarros” (léase inversión social) y “modernización” de las empresas públicas para darle la competitividad en el desarrollo de los servicios, así como un “ajuste de tarifas públicas” que permitan asegurar un excedente fiscal [8].

Y la gota que colma el vaso será “la reforma de la Banca Central con el fin de aumentar su autonomía”, o lo que viene a ser lo mismo aceptar la creación de una especie de “territorio liberado” que permita a los bancos privados actuar sin ningún control del gobierno nacional.

El gobierno se somete a la obligación de un “excedente fiscal primario” del 3’5 % (2005), 3’7% (2006) y 4% (2007), lo que implica la reducción del presupuesto nacional para pagar los intereses de la deuda externa y cumplir con las “obligaciones que el país ha asumido”. Para decirlo más claramente: continuar con el traspaso de rentas y riqueza hacia los “acreedores“ internacionales.

En cuanto a la deuda externa, la sangría continuará comprometiendo la soberanía presente y futura. A finales de 2004 la deuda exterior se elevaba a 13.335 millones de dólares, cifra equivalente a cerca del 100% del PIB. El FMI, el Banco Mundial y el BID retienen el 42% de esta deuda. El calendario de pagos (deuda e intereses) chupará 2 millardos de dólares durante los dos primeros años del gobierno (20 veces más que lo que está destinado a los planes de urgencia social) y, en 2005, solamente el pago de intereses absorberá el 25% de los ingresos de la administración central del Estado. La idea del gobierno es mantener el “crecimiento del PIB” como medio de reducir el peso de la deuda (lo que permitirá pasar en 5 años del 100% al 60% en relación deuda -PIB). Pero no será posible: el mismo equipo económico ha anunciado un repliegue en el crecimiento del PIB para 2006 (3’5%) en relación a 2005 (6’5%); en cuanto a la deuda exterior, la inversión “aprobada” por las buenas asciende a 500 millones de dólares y el “dinero fresco” que vendrá del FMI y del Banco Mundial, aumentarán el endeudamiento a medio plazo.

El ajuste y la austeridad

Tal es el denominador común del acuerdo con el FMI. Todos los ministros han estado de acuerdo para decir que en una “primera fase” la orientación económica será de “austeridad” y la disciplina fiscal extrema. Tanto que el nivel de inversión pública será tan miserable como la de los gobiernos de derecha: 2’5 % del PIB. Esto tendrá consecuencias en la elaboración del Presupuesto. “El ajuste de los costes” implicará menos proyectos o un crecimiento insuficiente de los presupuestos de la salud y de la educación. En lo que concierne a la vivienda, ya lo hemos visto: el 28 de marzo, por decreto, el gobierno ha establecido una cota de 1’1 millardos de dólares para el Ministerio de Vivienda, de la Gestión del Territorio y del Medio Ambiente, del que es jefe Mariano Arana (Vertiente Artiguista), antiguo alcalde de Montevideo. Esto significa una reducción del 45% de las inversiones, lo que agravará la crisis - actualmente faltan alrededor de 80.000 viviendas- condenando así a miles de familias a habitar en viviendas inacabadas o en chabolas. [9]

En cuanto a los salarios, el gobierno ha ratificado lo que había avanzado después de la campaña electoral: no habrá “salariazo”, aumento verdaderamente importante.

La recuperación del poder de compra se aplazará en realidad hasta 2007 pero a condición de que “el crecimiento del PIB y de las inversiones” se mantengan en el tiempo. Si todo va bien, habrá distribución del pastel. Por ahora, un aperitivo: el gobierno ha fijado un aumento del SMIC (Salario Mínimo Interprofesional) a partir del 1 de julio de 2050 a 2.500 pesos (104 dólares). La central sindical PIT-CNT esperaba un aumento para el 1 de mayo y un SMIC “provisionalmente” a 3.000 pesos [10]. Por otro lado el porcentaje de aumento (punto de partida para las negociaciones en el seno de los “Consejos de Salarios” entre sindicatos y cámaras patronales será de entre 2 y el 4% con los ajustes semestrales. Si se considera que, en el curso de los tres últimos años, la pérdida salarial ha sobrepasado el 23%, esta proposición está por debajo del mínimo demandado por los sindicatos. Los jubilados, a quienes se ajusta de acuerdo con la evolución de precios al consumo, sufrirán la misma (mala) suerte, aunque se ha concedido un aumento del 6% (a pagar en dos veces) a los jubilados “más necesitados”. Este aumento no pasa en la mayoría de los casos, de 200 pesos mensuales (9 dólares).

Los funcionarios, que habían perdido el 18% de su poder adquisitivo bajo el gobierno de Jorge Batlle, no correrán mejor suerte: la “recuperación” será de 0,6% y los aumentos sucesivos estarán sujetos a las convenciones de “responsabilidad en las funciones” (eufemismo que se debe leer como “productividad”). En todo caso, la prioridad será para los salarios “precarios” (menos de 6.000 pesos, o sea 250 dólares) en la enseñanza, la sanidad pública, la justicia, la policía y el ejército. Las protestas de la parte de la COFE (Confederación de Organizaciones de los Funcionarios del Estado) no se han hecho esperar y el gobierno ha propuesto un suplemento: una parte fija de 240 pesos (10’5 dólares). Después de una desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), el Ministro Eduardo Bonomi (Tupamaros), expuso claramente la filosofía del gobierno: “Es necesario resolver los problemas de la gente y seguidamente los de los funcionarios”. Aunque no cese de reconocer, “que no hay desarrollo productivo sin aumento de salario” [11].

En lo que concierne al paro, el gobierno se ha fijado un objetivo de una tasa del 10% en junio de 2006. Actualmente, según las cifras oficiales, es de 12’3%, o sea, una reducción de un poco más del 2% sabiendo que el 52% de la población activa sufre condiciones de paro abierto de subempleo o de precariedad (40% de las personas que tienen un trabajo no están declaradas en la Seguridad Social), el objetivo del gobierno de crear entre 20.000 y 25.000 nuevos puestos de trabajo revela una mala broma [12].

La desvalorización de la fuerza de trabajo continuará por la vía de la “contención” (confiscación) de los ingresos y por el mantenimiento del paro y del subempleo masivo. La famosa “redistribución de la riqueza” esperará mejor oportunidad. El salario continuará a ser la variable de ajuste para pagar la deuda exterior y mantener la rentabilidad de las empresas.

En cuanto a la “justicia fiscal” está en el congelador. Durante este tiempo se prepara “el impuesto sobre la renta de las personas físicas”, la TVA (Tasa de Valor Añadido), con un 23%, continúa haciendo estragos en la economía de los trabajadores y el impuesto sobre los salarios (IRP) equivale a una expropiación suplementaria de 180 millones de dólares por año. De hecho, el gobierno se ha comprometido con el FMI a recoger más para mejor pagar el servicio de la deuda externa y, o modificar, las características de base de la contribución injusta: los impuestos indirectos continuarán siendo más importantes que los impuestos directos para que el sistema fiscal pueda contribuir a la concentración de ingresos y de riqueza.

Urgencia focalizada

El “navío” del gobierno ha soltado amarras. Las secuelas de los gobiernos neoliberales sucesivos han causado demasiadas víctimas: decenas de miles de personas que sobreviven en condiciones dramáticas. Por esto, el Plan Nacional de Atención a la Urgencia Social (PANES) es una “prioridad absoluta”.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) dibuja de manera muy cruda la geografía de la pobreza en el país [13]: cerca de un millón de pobres (casi el 30% de la población) y 200.000 en la categoría de indigentes. Pero, los que sobreviven en la franja de la “pobreza extrema o crónica” es decir, irreversible o independiente de la variación del ciclo económico, superan los 300.000. Esta franja de “excluidos” tienen unos ingresos 22 veces inferiores a los que son considerados pobres. El colmo de las calamidades es que el 57% de los niños nacen en hogares donde no se satisfacen las necesidades básicas.

Sobre este fondo, “la lucha contra la pobreza” es la vela que el gobierno despliega a los cuatro vientos. El PANES se creó para atender a cerca de 40.000 hogares en dos años (200.0000 personas). Objetivo: “incluir a los excluidos”. El presupuesto del PANES es de 134 millones de dólares por año (100 millones aportados por el gobierno y 34 por el BID). La suma total invertida por el gobierno (0,6 % del PIB) es una cifra vergonzosa si se compara con la que se destina al pago de los intereses de la deuda externa (casi el 8% del PIB). Comprende una “renta ciudadana” (especie de RMI o renta mínima de inserción) de 1.360 pesos (55 dólares) y diversas “prestaciones” de salud, de educación, de alojamiento para las personas sin techo, así como contratos de 4 meses con un salario de 1.900 pesos (70 dólares). Pero si ya hay más de 15.000 demandas para empleos de este tipo, será necesario tener un golpe de suerte. Todo esto a condición, por supuesto, de que los beneficiarios se comprometan a algunas obligaciones como volver a un centro de salud, garantizar la escolaridad de los niños y adolescentes de la familia y realizar algunos trabajos comunitarios. [14]

Hasta el presente, 140.000 personas se han inscrito, pero sólo 25.000 han recibido visitas con el fin de verificar su “estado real de pobreza”. Apenas 15.000 de entre ellas han recibido subvención, lo que ha provocado manifestaciones, y numerosos piquetes en los barrios más pobres. Es decir, que la promesa de realizar rápidamente el PANES, en relación con la urgente situación, no se ha tenido en cuenta, no solamente por no disponer de la infraestructura necesaria ni del personal preparado, sino porque el trabajo voluntario promovido desde el Ministerio, ha dado lugar a una serie de conflictos sobre la información, la organización y el pago de los desplazamientos.

Poco numerosos son los que contradicen actualmente el carácter parcial y de asistencia del PANES. El discurso de la Ministra de Desarrollo Social (Marina Arismendi, Partido Comunista), insistiendo en que “se están construyendo sujetos autónomos” capaces de actuar plenamente como ciudadanos de pleno derecho, choca con la realidad de una política gubernamental que no sólo no ataca las realidades de explotación y sobreexplotación que son las raíces de la pobreza (injusticia, para ser más precisos), sino que transforma en condiciones (“contrapartidas”) lo que deberían ser derechos democráticos fundamentales: los derechos de la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Hasta el presente, todo el universo del Plan se apoya sobre las “condiciones”: exigencia para la familia de escolarizar a los niños y control sanitario de la familia. Se trata por el momento de contraprestaciones, el trabajo temporal y las actividades comunitarias deben añadirse, no se sabe cuando. Si la construcción de “sujetos autónomos” y de “ciudadanía” como potencial emancipador de la “sociedad civil” se reducen a esto, se puede decir que el PANES es bien poca cosa.

La política (burocrática) del Ministerio de Desarrollo Social corresponde a una estrategia de contención y de focalización de la urgencia social. Las investigaciones y encuestas a las que son sometidos los “beneficiarios” muestran que no hay ningún trabajo de concienciación, de socialización y de promoción de la autoorganización. La gran mayoría de los interrogados responden que es una ayuda que les viene bien, que sirve para algo. Sin embargo, las calles y los transportes públicos son testigos del drama: miles de personas (la mayor parte jóvenes sin empleo y niños) que han adoptado la limosna como estrategia de vida.

Esta “urgencia social” no cuesta nada a la burguesía. El gobierno ha optado por la línea menos conflictiva. En caso contrario, en lugar de un programa de focalización, dirigido por definición a las clases más desfavorecidas, habría hecho hincapié sobre el despilfarro de los ricos, mucho más importante en volumen y desde el punto de vista de la justicia social. Por ejemplo, habría hecho una incursión en las gigantescas evasiones fiscales de las grandes empresas, con exoneraciones escandalosas de impuestos (14), en la falta sistemática de respeto al Código de trabajo por parte de los patrones, o respecto a los millones de dólares que las mafias del contrabando blanquean en la red bancaria. En lugar de controlar a los pobres y sancionar a los “beneficiarios” del PANES que no se atienen a las “contrapartidas”, la sociedad (y el gobierno) deberían tener interés en controlar a los ricos y a sus fortunas. No se han requisado stocks de alimentos ni de ropa almacenados por los grandes supermercados y por los mayoristas, ni establecido siquiera un impuesto sobre el porcentaje de los beneficios de las empresas. Pero, ¿se quiere que el slogan “el que tiene más que pague más” se vuelva realidad?

Marcando el terreno

El progresismo inicia y organiza el programa. Dispone en su favor de una legitimidad política y social incontestable. Contrariamente a los gobiernos precedentes, no reprime las protestas, y parece más sensible a las demandas populares. Parece como un gobierno que extiende los derechos democráticos, asegura la transparencia del ejercicio de la política y del empleo de fondos públicos. Bajo este último aspecto, y por el momento, tanto el gobierno de Tabaré Vázquez como el Frente Amplio, están en las antípodas del gobierno de Lula y del PT en Brasil.

Las iniciativas tomadas por el gobierno pueden ir, por un lado, en el sentido de garantizar el derecho sindical, de integrar las ocupaciones de empresas en el seno del derecho de huelga, de autorizar el libre funcionamiento de las radios comunitarias, de eliminar los reglamentos represivos en la enseñanza, y por otro lado, en un seno francamente reaccionario (coqueterías hacia la jerarquía de la iglesia católica, campañas contra la despenalización del aborto y del consumo de drogas “ilegales”, etc.).

Esta situación permite al gobierno de jugar fuerte la carta de la “maldita herencia” dejada por los gobiernos neoliberales. La desigualdad, el paro y la pobreza, como la corrupción, el clientelismo y la “ineficacia” del Estado “no pueden ser superados en un día”. Imponen un período de “transición post-neoliberal”, de desarrollo lento y progresivo de “pequeños cambios”. Esto significa que hay que retardar, retrasar, o directamente reducir la intensidad y el volumen de las demandas. En este caso se apoya sobre dos pilares:

• Por un lado, el crédito abierto por un movimiento de masas que considera al gobierno progresista, como un avance de sus conquistas.

• Por otro lado, el colaboracionismo de los sectores de la izquierda y del movimiento sindical, a pesar de las contradicciones y tensiones puntuales, que hablan de “nuestro gobierno”.

Su capacidad de “marcar el terreno” le ha permitido seguir un camino sinuoso en lo que concierne a la cuestión de los detenidos desaparecidos y de la impunidad terrorista del Estado durante los años de la dictadura militar (1973-1985). Sin embargo este punto de derechos humanos, puede convertirse en un error y abrir una crisis política. La intención de “pasar página” (un eufemismo para disimular el objetivo de poner “punto final”) se encuentra con obstáculos, principalmente con el hecho de que la impunidad ha adquirido un rango institucional (Ley de Caducidad de Intenciones Punitivas del Estado, aprobada por el 52% del electorado el 16 de abril de 1989). Esta ley de impunidad ha permitido a los militares disfrutar de una amnistía y evitar acusaciones y encarcelamientos.

El gobierno ha reafirmado su voluntad de “poner en práctica” los artículos de esta ley que los gobiernos de derecha han dejado dormitar (por ejemplo, hacer investigaciones y juzgar algunos casos de desaparecidos). La apuesta de Tabaré Vázquez consiste en la esperanza de que los propios militares proporcionen los datos necesarios para encontrar los restos de las personas desaparecidas, en particular los de la hija del poeta argentino, Juan Gelman. Pero más allá de una operación mediática que intoxica el “cargamento histórico”, a propósito de la disposición de las fuerzas armadas a transitar por el camino de la “revisión”, lo que es cierto, es que los resultados no aparecen. Además el gobierno no abandona la idea de pedir un “perdón institucional” para cerrar este “capítulo doloroso de nuestra historia”.

Los padres de los detenidos desaparecidos y los movimientos de derechos humanos insisten en la búsqueda de la verdad y la justicia. Nuevas revelaciones (sobre los enterramientos clandestinos y los robos de los muertos) refuerzan las denuncias y movilizaciones, especialmente promovidas por la Asamblea de la Memoria y la Justicia. La percepción de que es necesario relanzar una campaña por la anulación de la ley de impunidad, para que los torturadores y asesinos vayan a prisión, crece con fuerza.

¿Hegemonía popular?

Las elecciones municipales del 8 de mayo han extendido la primacía política y electoral del encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría (EP-FA-NM) [15]. Los partidos burgueses tradicionales, Colorado Nacional, han sido barridos de nuevo en as urnas y se mantienen a la defensiva.

El balance para el progresismo no puede ser más favorable. A partir del 7 de julio y para los cinco próximos años, gobernará 8 de los 19 departamentos, incluida la capital del país, Montevideo, por cuarta vez consecutiva. Más del 70 % de la población se encuentra bajo su administración, casi el 78% del PIB, al igual que las regiones que concentran la producción industrial, el comercio, la agro-exportación, los servicios y el turismo. Tiene la mayoría en las dos cámaras de representantes, en las direcciones de la banca pública, en las empresaspúblicas y en los organismos constitucionales de control. Si esto no era suficiente, tendrá también la mayoría en los consejos municipales de los departamentos donde ha ganado las elecciones. Esta avalancha del voto útil “para continuar el cambio”, ha ofrecido a Tabaré Vázquez un “enorme apoyo” que reforzará su legitimidad más allá de toda afiliación política/partidista. Según todos los institutos de encuestas, el presidente goza de una popularidad que sobrepasa el 70%.

Sin embargo, ¿esta nueva carta política donde el color progresista predomina, implica la consolidación de un nuevo bloque hegemónico? Varios sectores (dirigentes del Frente Amplio, politólogos y periodistas) alimentan la idea de que los resultados electorales reflejan la “construcción de la hegemonía popular”, que el Frente Amplio ha acumulado desde hace 30 años. El problema es que la mayor parte de ellos no consiguen establecer la unión que existe entre la regresión ideológica, política y programática de la clase dirigente del progresismo, por un lado, y la subordinación de esta “hegemonía popular” a las condiciones de dominación económica y explotación social que mantienen las clases pudientes.

La perspectiva estratégica del progresismo se funda sobre tres pilares:

1- La aplicación de una extensa “concertación social” que garantice la “gobernabilidad”.

2- La prioridad de los planes para “combatir la pobreza” como medio de contener y de desactivar las radicalización social.

3- La “visibilización de la política macro económica” impuesta por las instituciones financieras internacionales.

En realidad, se trata de una continuidad alineada sobre la plantilla del programa liberal. Es posible afirmar que las fuerzas interesadas en mantener y reproducir el orden capitalista han obtenido una victoria de peso, aprobando la extensión de su hegemonía más allá de sus bases tradicionales, y consiguiendo que organizaciones de corrientes políticas de izquierda, asociadas históricamente a la lucha anticapitalista y anti-imperialista, se arrodillan delante de los programas del “libre comercio” y se adaptan completamente a la “democracia electoral”.

El permiso para gobernar no significa más que esto. Las reformas y las transformaciones radicales, en el dominio de la política y de la economía están prohibidas. Por eso la importancia de “ser gobierno” y de haber expulsado a la derecha de la dirección política del Estado, encuentra su contra tendencia: un gobierno fruto de una larga trayectoria de luchas populares y de un movimiento anti neoliberal de masas, ha acabado por aplicar una política económica conservadora que fragmenta su propia base social. Esto genera una crisis de “paradigmas” de izquierda, un retroceso en la conciencia de clase, y frustraciones sobre la posibilidad de “otro Uruguay posible”.

Los que creen y proclaman que los cambios político electorales sugieren una “derrota histórica” del neoliberalismo caen en una especie de auto ilusión. Lejos de haber sido vencidos, la hegemonía neoliberal continúa impregnando políticas, programas y estrategias de fuerza (y de gobiernos) que, en la percepción popular, se sitúan en el campo de la izquierda, el centro izquierda y el progresismo. A modo de ejemplo, los gobiernos vecinos de Lula, Lagos y Kirchner. Las alianzas, los pactos programáticos y la subordinación a la “gobernabilidad democrática” se explican por las mutaciones políticas, ideológicas, sociales y culturales que ha atravesado la izquierda en el curso de los últimos años. Habría que tener esto en cuenta cuando se habla, muy a la ligera, de la construcción de una “hegemonía popular”, además de nociones elementales sobre la acumulación de capital, explotación, opresión, y sobre la naturaleza de clase del Estado o la dominación imperialista, que aparecen diluidas en el cliché de “país productivo”.

Construyendo alternativas

¿Esta legitimidad del progresismo implica que el movimiento obrero y popular ha delegado sus reivindicaciones al gobierno? La realidad demuestra que, de una manera innegable y fragmentada, los movimientos sociales continúan sus demandas y movilizaciones, incluso si se constata uno de los momentos de reflujo más importantes en las luchas sociales. Sin embargo, queda por ejercer una presión que provoque cambios en las políticas del gobierno, que pueda hacer frente a la omnipresencia de los patronos, que continúe generando conflictos, o que pueda extender o fortalecer la organización popular, la resistencia manteniendo un hilo de continuidad.

Las movilizaciones de la COFE (funcionariado), la reanudación de la lucha por el respeto del Plebiscito sobre el agua, las marchas contra las fábricas de celulosa, las ocupaciones de fábricas del cuero, de congelados y vinícolas, la vuelta a las potentes manifestaciones contra los militares y los funcionarios de la dictadura, las reclamaciones de cooperativas de viviendas, las manifestaciones en los barrios, las protestas de pequeños productores endeudados, etc. Se añaden a una creciente tasa de sindicalización urbana y rural, la más importante de los últimos años [16]. Incluso ha tenido lugar un paro laboral de 3 horas, aunque se dijo claramente que “no era contra el gobierno”.

Esto pasa en un momento de interés creciente por la política, una esperanza de “continuar el cambio” que el propio discurso oficial puso de moda. Estas “contradicciones” forman parte de un proceso del que no se sabe el final, un proceso conflictivo de lucha de clases. Un proceso donde la palabra decisiva es la de la resistencia social, los movimientos populares, la izquierda clasista y combativa. Un proceso donde tienen lugar, también, las manifestaciones de crítica y protesta que aparecen en algunos Comités de Base del FA, no sólo contra la política económica del gobierno, por el Agua y contra las fábricas de papel, sino contra el Tratado con los Estados Unidos.

La brecha puede volverse profunda, lenta pero irreversiblemente, en la medida en que haya un movimiento popular que reclame “soluciones”. Es ilusorio creer que un gobierno como el de Tabaré Vázquez (heredero de la crisis socio económica y de la pérdida de credibilidad de partidos burgueses) pueda mantener, de manera prolongada y sin tensiones, la “gobernabilidad democrática”. Pero las políticas económicas neoliberales del progresismo pueden agravar la fractura social, lo que debilitaría las capacidad de respuesta de las personas asalariadas, de las personas sin trabajo y de las clases más desfavorecidas.

Dar forma a una política alternativa al programa del progresismo constituye una urgencia social y política más grande en este momento que una resistencia fragmentada en sectores reducidos de los movimientos sociales. Se trata de construir una larga convergencia social que pueda combatir la política económica del gobierno y del FMI. Si esta alternativa social y económica no ve la luz, las dinámicas políticas centrífugas aumentarán apoyándose en las grietas del tejido social. La esperanza frustrada podría entonces dejar el terreno libre al retorno de las elites dominantes y sus acólitos.

Esta es la cuestión esencial (estratégica) que tiene la izquierda radical y anticapitalista que, más allá de su táctica “de acumulación de fuerzas” y de su horizonte de “reagrupamiento”, ha sido incapaz de construir una política alternativa y unitaria, tanto para evitar la dispersión como para promover la acción y la movilización popular. Este es su déficit mayor. La izquierda radical se encuentra a la defensiva y atomizada en una docena de grupos de los que el volumen de militantes y su implantación es muy variada. De todas formas, algunos aspectos de coordinación política [17]comienzan a desarrollarse en los sindicatos, en los barrios, en la lucha contra la impunidad y, sobre todo, en los movimientos por la defensa del agua. Es decir, en el campo de las resistencias sociales y en las demandas populares más urgentes.

________________________________________

Ernesto Herrera, editor de Correspondencia de Prensa (Boletín electrónico de la Red Solidaria de la Izquierda Radical) es miembro del Colectivo Militante por la Unidad de los Revolucionarios. Este artículo ha sido publicado en Inprecor nº 509, septiembre de 2005. Original en francés. Traducción para Pueblos: Chelo García.

[1] “Tabaré Vázquez, más cerca de Lula que de Kirchner”, dice esto en “Une”, del periódico argentino Ámbito Financiero del 6 de mayo de 2005.

[2] Entrevista en el semanal Búsqueda del 5 de mayo de 2005.

[3] Editorial de El Observador Económico del 7 de mayo de 2005

[4] El Tratado entre Uruguay y los Estados Unidos, tiene en realidad más importancia política que económica, en la medida en que pone en tela de juicio las relaciones con los otros miembros del MERCOSUR, y si se ratifica, validará el bloqueo contra Cuba. El Tratado fue firmado por el gobierno de Jorge Batlle el 25 de octubre de 2004 y fue asumido por el Parlamento el 26 de febrero de 2005, algunas horas antes de la entrada en escena del gobierno progresista.

[5] El Movimiento 26 de Marzo es la oposición más visible a la política económica del gobierno en el interior del Frente Amplio. Sufrió recientemente una fractura importante: su principal personalidad pública, el ex diputado Raúl Sendic (hijo), que es también el vicepresidente de ANCAP, abandonó el 26 de Marzo al considerar sectaria la posición crítica frente al gobierno. Con otros militantes, dirigentes o consejeros municipales ha constituido un nuevo grupo político.

[6] El País del 27 de mayo de 2005.

[7] Declaraciones a El Observador Económico del 25 de febrero de 2005.

[8] Las tarifas han aumentado incluso antes del acuerdo con el FMI: el agua el 5%, la electricidad el 9’3%, los combustibles el 6’7 %.

[9] “Asentamientos”: estructura de alojamientos construidos y financiados por sus ocupantes y que se encuentran sobre terrenos del Estado o privados, sin autorización de los propietarios de dichos terrenos. Esto conlleva la ausencia de todo; a menudo, se sitúan sobre terrenos proclives a inundaciones, la electricidad se obtiene “enganchando la luz”, es decir mediante instalaciones ilegales. Cerca de 200.000 personas viven en estos “asentamientos”: La mayoría son personas en paro, trabajadores “informales” y jóvenes parejas que no pueden pagar una casa.

[10] El último Congreso de PIT-CNT (2003) exigía un salario mínimo de 5.500 pesos (cerca de 250 dólares a día de hoy) pero la dirección sindical ha rebajado sucesivamente la reivindicación.

[11] El País del 27 de mayo de 2005.

[12] Informe sobre la Coyuntura PIT-CNT, Instituto Cuesta Daurte, junio 2005.

[13] Estimaciones de la pobreza por el método de los ingresos, año 2004, publicado por la INE, en abril de 2005.

[14] Un estudio de la Banca de la Previsión Social (BPS) señala que durante el año pasado las exoneraciones o reducciones de cargas patronales han llegado a 136 millones de dólares. Estas exoneraciones, que han sido la regla en los últimos años, no han estimulado la creación de empleo como pretendían los gobiernos neoliberales. Por el contrario, el paro ha aumentado. Informe del BPS: Exoneraciones de aportes patronales del BPS: algunos de sus efectos en los programas de previsión social.

[15] Con un 48% del sufragio, la coalición de centro izquierda ha reafirmado su mayoría en todo el país. La derecha ha sido relegada a los 11 departamentos menos poblados y donde la incidencia política y económica es menor: el Partido Nacional (29,7%) ha obtenido 10 departamentos y el Partido Colorado (16,8%) sólo un departamento.

[16] El aumento de la sindicación se sitúa alrededor de 30.000 nuevos afiliados, y comprende un sindicato de policías que comienza a constituirse. La PIT-CNT cuenta con 130.000 miembros aproximadamente, es decir un 10% de la fuerza de trabajo.

[17] Este es el caso de la Fuerza revolucionaria militante, que acaba de reunir a más de 100 militantes de la izquierda radical y a militantes sociales, con el objetivo de continuar un espacio de coordinación política sobre la base de una plataforma común.


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